OPINIÓN

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El 28 de diciembre de 1999, Abelardo Pachano, un respetado economista ecuatoriano que había ocupado la gerencia general del Banco Central del Ecuador (BCE), declaró en una entrevista que era imposible dolarizar porque no había dólares: «Yo no soy partidario de dolarizar», explicó Pachano. «Para dolarizar necesitamos traer 600 millones de dólares en billetes para canjearlos con los sucres que tenemos los ecuatorianos en nuestros bolsillos (…) ¿quién nos va a dar esos 600 millones de dólares? (…) Yo no veo a la dolarización como algo lógico, factible, recomendable». Exactamente doce días después, el domingo 9 de enero, el Presidente Jamil Mahuad anunció por televisión la dolarización a un tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar. La decisión no contó con el apoyo del FMI y pasaron dos meses hasta que el Congreso aprobó la llamada «Ley Trole», que estableció el marco legal del nuevo régimen.

En los primeros días de enero del año 2000 Ecuador se encontraba en medio de una profunda crisis política, en default de su deuda soberana, con una prima de riesgo país de 3.500 puntos básicos, con un sistema bancario diezmado por una crisis en el que aún había depósitos bancarios a plazo congelados (variante local del «corralito») y con su economía al borde de la hiperinflación.

Lo interesante es que Pachano tenía algo de razón: a 25.000 sucres por dólar, el BCE no tenía suficientes dólares constantes y sonantes en el BCE para cancelar, de la noche a la mañana, todos sus pasivos monetarios. De hecho, Miguel Dávila Castillo, quien asumió como gerente general del BCE luego del anuncio de la dolarización, reveló años más tarde que el tipo de cambio break-even que permitía cancelar la base monetaria amplia más los depósitos del sector público no financiero con las reservas líquidas disponibles (RILD) era de 32.411 sucres por dólar. Esto quiere decir que a la paridad fijada por el gobierno, no alcanzaban los dólares. Según Dávila Castillo, el BCE determinó entonces que algunos pasivos, especialmente depósitos y obligaciones del sector público, tenían baja probabilidad de ser canjeables en el corto plazo.

El «sistema de balances» establecido para brindar transparencia sobre la integridad de la dolarización estableció una prioridad de repago de los pasivos del BCE. El pasivo más senior era la circulación monetaria, seguido por los encajes de los bancos y los bonos de estabilización monetaria (pasivos remunerados). Estos pasivos constituían el primer y segundo sistema, que es equivalente a una caja de conversión. Es decir, las RILD (Reserva Internacional de Libre Disponibilidad) debían respaldar el 100% de la base monetaria amplia (base monetaria más pasivos remunerados).

El economista Marco Naranjo Chiriboga, que era entonces funcionario del BCE, asegura que al 10 de enero de 2000 el tipo de cambio que igualaba las reservas «dolarizables» y la base monetaria amplia era de 24.423 sucres por dólar. Las cifras oficiales muestran que, a la paridad de 25.000 sucres por dólar, al 31 de enero de 2000 «sobraban» 45 millones de dólares. Sea cual haya sido el monto de reservas liquidas disponibles en el BCE el 10 de enero de 2000, había analistas bien informados que cuestionaban públicamente la viabilidad financiera de la dolarización.

A pesar de ello, el lunes 10 de enero los ecuatorianos no salieron desesperadamente a formar fila frente a los bancos para canjear sus sucres por dólares. De hecho, durante el primer trimestre de 2000 solo se canjeó un tercio de los sucres en circulación. Y a pesar de que la Ley Trole estableció que el 30 de junio de 2000 los sucres dejarían de tener curso legal, a esa fecha se habían canjeado sólo 75% de los sucres en circulación. El BCE debió extender el plazo de canje por tres meses más. Además, a partir del 30 de septiembre emitió monedas propias para resolver el problema del cambio chico que, con el paso del tiempo, llegaron a representar casi 17% de la circulación monetaria.

Aunque a 25.000 sucres por dólar, supuestamente, no había suficiente dólares «constantes y sonantes» en el BCE para comprar la base monetaria amplia, no sólo no hubo corrida bancaria sino que en los doce meses siguientes hubo un aumento de casi 30% en los depósitos totales, en parte debido a las remesas provenientes del exteriors.

Consecuentemente, al 31 de diciembre de 2000, con todos los sucres canjeados, las RILD habían aumentado 307 millones con relación al año anterior.

Ha transcurrido un cuarto de siglo y la dolarización resultó la institución más duradera de la historia de Ecuador (ha durado más que cualquiera de las veinte constituciones promulgadas desde 1830): sobrevivió un golpe de estado en 2000, dos defaults soberanos (2008 y 2020), tres shocks externos (2008, una caída de 75% en el precio internacional del petróleo entre 2013 y 2016, y el Covid-19 en 2020), un terremoto devastador en 2016, diez años de populismo socialista que llevaron el gasto público y el déficit a niveles insostenibles, y, como si esto fuera poco, una crisis política que en 2023 provocó la renuncia del Presidente Guillermo Lasso. A pesar de todo esto, el dólar sigue siendo la moneda de los ecuatorianos y la tasa de inflación no supera el 3% por año. Lo cual no significa que Ecuador haya alcanzado el nirvana. Lejos de ello. Ecuador enfrenta muchos problemas, entre ellos el desequilibrio fiscal estructural heredado del correísmo, que constituye una amenaza existencial a la dolarización.

En conclusión, obviamente había suficientes dólares en Ecuador para dolarizar a pesar de que ex-ante basándose en cálculos cuestionables muchos «expertos» aseguraban que no. Lo mismo ocurre hoy en la Argentina.

¿Hay suficientes dólares en la Argentina para dolarizar?

En la Argentina algunos economistas ponen demasiado énfasis en que las reservas internacionales netas (RIN) son negativas para objetar una dolarización. Según las define el FMI, las RIN son las reservas brutas menos los pasivos denominados en moneda extranjera exigibles en un plazo inferior a un año. En el caso del BCRA, estos pasivos incluyen fundamentalmente el swap de monedas con el Banco Popular de China y los encajes de los depósitos en dólares.

Que las RIN, tal como son computadas por el FMI, sean negativas no es un impedimento para una dolarización. En cierto sentido, se trata de un concepto contable análogo al capital de trabajo de una empresa (que sea negativo no impide su funcionamiento). Un banco central también puede operar con reservas negativas porque los pasivos neteados, aunque exigibles, son renovados al vencimiento. Es decir, no es un escenario de liquidación sino de «empresa en marcha».

El argumento de que una dolarización exige la cancelación inmediata de esos pasivos no tiene sentido, especialmente porque el banco central no necesariamente debe ser liquidado instantáneamente (en Ecuador y El Salvador sigue existiendo un banco central) y, además, bajo ciertas circunstancias, puede seguir acumulando reservas. La deuda por el swap con China, que es la principal razón por la que las RIN son negativas, es un acuerdo entre países soberanos que habría que renegociar pero no es un impedimento a la dolarización.

Por otra parte, con una dolarización todos los activos y pasivos del banco central se redenominarían a dólares. Tampoco corresponde netear los encajes de los depósitos en dólares que pasan a ser indistintos de los encajes en pesos.4 Habría que excluir además los pasivos en dólares a residentes como SEDESA y los vencimientos de los BOPREAL. Si ajustamos las RIN por estos conceptos pasan a ser positivas en US$9.000 millones. Esta es la cifra equivalente a las RILD tal como se computaban en Ecuador y a la circulación monetaria actual convertida al dólar blue.

Es importante enfatizar una vez más que bajo un esquema de dolarización como el salvadoreño, los pesos seguirían circulando por lo cual la circulación monetaria es un pasivo contingente que no se cancela de inmediato. (Emilio Ocampo).

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