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El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, prometió el viernes sanciones a Venezuela durante una visita a República Dominicana, donde el lunes Washington incautó un avión del presidente venezolano Nicolás Maduro en medio de la crisis política generada tras su controvertida reelección.

«Hemos sido muy claros y vamos a implementar las sanciones, si encontramos que ha habido violaciones actuaremos, eso es lo que hicimos y es lo que seguiremos haciendo», dijo Blinken en rueda de prensa junto al presidente dominicano, Luis Abinader, tras ser consultado sobre un segundo avión de Maduro en Dominicana.

El avión de Maduro incautado hace cuatro días en República Dominicana fue trasladado a Florida, según anunció Washington tras alegar una violación a las sanciones estadounidenses. Venezuela respondió calificando la acción de «piratería».

Medios han reseñado que hay un segundo avión de Maduro en territorio dominicano.

Estados Unidos, que ya impuso un paquete sancionatorio en 2019 como respuesta a la primera controvertida reelección de Maduro un año antes, no reconoce la nueva proclamación del mandatario venezolano como presidente reelecto el pasado 28 de julio.

«Nos preocupa mucho la trayectoria en Venezuela tras las elecciones en la que la voluntad del pueblo venezolano no pudo haber quedado más clara, desafortunadamente esta voluntad y los votos no fueron reflejados en lo que ha sucedido desde entonces», reiteró Blinken.

Maduro fue proclamado ganador con el 52% de los votos sin que se diera a conocer el detalle del escrutinio como obliga la ley. La oposición denunció fraude y dijo tener pruebas de la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

Protestas estallaron en todo el país, dejando un saldo de 27 muerto, 192 heridos y 2.400 detenidos. Los resultados del pasado 28 de julio también han sido cuestionados por varios países de América Latina.

«Seguiremos defendiendo los derechos democráticos y siendo empáticos con la situación de Venezuela», añadió Abinader, al señalar que su gobierno no tiene «ninguna notificación legal» sobre la segunda aeronave.

En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por cualquier información que condujera al arresto de Maduro en el poder desde 2013.

«Por primera vez, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España, firman un documento (…) pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela», dijo a EFE el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien en nombre de los firmantes presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la Corte.

Entre los firmantes también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.

«Es importante resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El único expresidente que no lo firma es (José Luis Rodríguez) Zapatero», destacó Pastrana, tras reunirse con el equipo del fiscal Karim Khan en la sede de la Corte Penal Internacional ( CPI).

Los firmantes, que forman parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), denunciaron en su informe jurídico «violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos», incluidos «los crímenes de lesa humanidad», del régimen venezolano de Nicolás Maduro, al que acusan de «terrorismo de Estado».

Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser el soporte fundamental del régimen de Maduro, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI en 2021.

En noviembre de ese año, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014.

Por ahora, la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.

El «núcleo» del informe jurídico presentado por los exlíderes iberoamericanos se centra en la existencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se sancionó el 29 de enero del 2020, que nombra a Maduro comandante en jefe, de tal forma que desde entonces es la máxima autoridad jerárquica del Ejército, según contempla la ley.

«Es importante porque, de acuerdo con ese documento, Venezuela deja de ser un Estado civilista para convertirse en un Estado militar», señaló Pastrana, y Maduro, en sus funciones de comandante supremo, es «directamente responsable de lo que está sucediendo a través de la cadena de mando operacional», así como los demás cargos, ya que «la diligencia debida hoy ya no es una excusa para que te eximan las investigaciones».

«Hay un terrorismo de Estado promovido directamente por el presidente de la República», sentenció Pastrana, quien ofreció a la Corte Penal Internacional la cooperación del grupo IDEA para conseguir «evidencias, pruebas, respaldo legal» para que pueda actuar «rápido» en la causa contra Venezuela.

En su reunión con el equipo del fiscal Khan, Pastrana también quiso «llamar la atención de lo que estaba pasando» en el país y de la «preocupación» por la seguridad de los líderes opositores colombianos Edmundo González y María Corina Machado, cuya situación es «muy frágil», así como de los «más de 1.200 detenidos políticos».

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