INTERNACIONAL

Lectura: 6 minutos

El sábado 7 de septiembre, el líder opositor Edmundo González Urrutia se vio forzado a abandonar Venezuela y asilarse en España. El pasado 2 de septiembre, el Juzgado Especial Primero para Casos de Terrorismo había emitido en su contra una orden búsqueda y captura acusándolo, sin fundamento alguno, de seis delitos graves, incluyendo entre ellos usurpación de funciones, conspiración y sabotaje, cuyas penas acumuladas superan los 50 años de prisión.

Más allá del intento de neutralizar la figura del excandidato presidencial y desacreditar las actas comiciales publicadas en internet que muestran que en las elecciones del 28 de julio obtuvo casi el 70% de los votos, la injusta criminalización de una figura de tan alto perfil político e internacional como González Urrutia responde a la estrategia de Nicolás Maduro de promover en Venezuela un clima de terror generalizado donde nadie, sin importar su inocencia o relevancia, pueda sentirse a salvo de ser una víctima más de la violencia del Estado.

Este uso del terror como instrumento de control social por parte del Estado venezolano viene siendo condenado de forma reiterada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su comunicado del pasado 15 de agosto, la CIDH volvió a advertir a la comunidad internacional que el régimen de Maduro estaba «utilizando el terror como una herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar su poder autoritario».

En la misma dirección, el pasado 2 de agosto, varias organizaciones venezolanas de derechos humanos publicaron el informe «Crisis postelectoral y de DD. HH. en Venezuela», donde se documenta de forma exhaustiva cómo en el país se ha venido instaurando una «política pública generalizada y coordinada de terrorismo de Estado». En la introducción de este informe, a manera de testimonio, se deja constancia de que, a consecuencia del clima de terror que impera actualmente en Venezuela, «por primera vez, desde su aparición como parte del tejido asociativo del país, diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales se abstienen de firmar, con su nombre, un reporte unitario sobre la situación de la dignidad humana».

El uso sistemático del terror como política de Estado busca acentuar la sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos, silenciar las voces críticas, desmovilizar a la sociedad y aislar a la disidencia. Para lograr estos objetivos, el régimen chavista se ha valido de una serie de medidas e instrumentos altamente represivos, entre los que destacan: la vigilancia masiva de la población, la represión arbitraria y aleatoria, la instrumentalización del sistema judicial al servicio del terror, y el uso de la violencia extrema contra cualquier forma de disidencia.

Como parte de su estrategia del terror, el régimen de Maduro ha venido desarrollando un vasto sistema de vigilancia social. Este sistema combina tecnologías avanzadas, como el reconocimiento facial y el monitoreo del ciberespacio, con plataformas digitales de delación ciudadana y estructuras partidistas de vigilancia comunitaria. La finalidad última es promover dentro de la sociedad venezolana la sensación de que el Estado es omnipresente y capaz de invadir a voluntad los espacios íntimos de la vida ciudadana.

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, en su reporte ante el Consejo permanente de la OEA el pasado 28 de agosto, alertó que el régimen venezolano estaba «intensificado la represión en la esfera digital, utilizando la tecnología para elaborar perfiles, vigilar e intimidar a los opositores. Se ha documentado el bloqueo de sitios web, redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. así como el uso de aplicaciones que incitan a los ciudadanos a dar información unos sobre otros».

El pasado 30 de julio, Nicolás Maduro anunció la habilitación de una nueva función de la aplicación VenApp «para que allí se registren de manera confidencial los datos de los delincuentes que han atacado al pueblo, e ir por ellos». Esta plataforma digital de delación ciudadana se suma a la ya existente red de informantes anónimos conocidos como «Patriotas Cooperantes» y a la estructura local de «jefes callejeros» del partido de gobierno PSUV. Con estas herramientas, el régimen busca fomentar un ambiente de desconfianza mutua en las comunidades y generar en los ciudadanos el temor constante de ser denunciados por cualquier expresión que pueda interpretarse como disidencia.

El régimen ha buscado incrementar la percepción de la omnipresencia estatal mediante el despliegue de drones y cámaras de videovigilancia en zonas de protesta. La sensación de que la vida de las personas siempre está sujeta a la vigilancia estatal se acentúa mediante inspecciones arbitrarias y aleatorias de los dispositivos móviles de los ciudadanos, tanto en espacios públicos como en lugares de trabajo. Un conjunto de ONG venezolanas denunció en una carta abierta el 5 de agosto que «se reportan frecuentemente detenciones por parte de las fuerzas de seguridad para examinar el contenido de teléfonos particulares, incluyendo fotos, cuentas de redes sociales y conversaciones de WhatsApp. Estas revisiones resultan en detenciones basadas en el contenido encontrado».

Otra estrategia clave del régimen chavista para infundir terror en la población es el empleo de medidas de represión arbitrarias y aleatorias. Un ejemplo destacado de este tipo de medidas es la operación «Tun-Tun», que consiste en allanamientos, redadas y detenciones ejecutadas sin previo aviso ni órdenes judiciales. Estas acciones a menudo culminan en arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y torturas. Si bien estas operaciones se dirigen principalmente contra activistas y opositores, también se han extendido a familiares de disidentes. Esta forma de represión indiscriminada genera una profunda sensación de vulnerabilidad en la sociedad, ya que se hace imposible prever quién podría convertirse en víctima y por qué motivo. (Ramón Cardozo Álvarez, DW)

*Imagen ilustrativa.

Otro artículo de interés: Washington apoya a González Urrutia