ARGENTINA

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El Gobierno de Javier Milei no destinó fondos públicos para la realización de la marcha del orgullo LGBT, en donde, como se anticipaba, fue estrictamente política.

Esta decisión, lejos de ser una acción discriminatoria, fue un acto de responsabilidad fiscal, justicia y sentido común. Luego de décadas en donde el Estado financiaba, con el dinero de los trabajadores, todo tipo de caprichos ideológicos y sexuales, eso llegó a su fin.

La marcha del orgullo LGBT en Argentina tuvo, como siempre, una clara inclinación política de izquierda, en donde se defendió a políticos socialistas y se criticó a todos aquellos que no pensaban como ellos.

En el evento del día de hoy hubo, entre otras cosas, mensajes en contra de las medidas económicas del presidente Javier Milei, consideradas «discriminatorias» por los participantes de la marcha.

Lemas como «No hay libertad sin derechos ni políticas públicas» y «No hay libertad con ajuste y represión» marcaron la movilización kirchnerista, junto con la demanda de una «Ley Integral Trans y una Ley Antidiscriminatoria ya».

La administración de Milei enfatizó numerosas veces su compromiso con una gestión eficiente del Estado, centrada en la reducción del gasto estatal y la mejora de la administración de recursos.

La «diversidad» y la «inclusión» son valores presentes en la sociedad argentina, y eso nunca estuvo en duda. Sin embargo, esto no implica que el Estado deba financiar eventos que solo representan a una pequeña parte de la sociedad, mientras que todos los demás deben financiar eso.

Al mantenerse firme en su decisión, el presidente Milei envió un mensaje claro: el uso de los recursos públicos debe ser cuidadoso y justificado, priorizando el bienestar general de la población sobre intereses políticos particulares.

No financiar la marcha del orgullo LGBT representó un enfoque eficiente de la administración pública en Argentina. En tiempos de crisis económica, es fundamental que el Estado actúe con responsabilidad, garantizando que cada peso invertido tenga un impacto directo en el bienestar de todos los ciudadanos.

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