ARGENTINA

Lectura: 5 minutos

El gobierno de Javier Milei acusó este domingo (17.11.2024) a la expresidenta argentina Cristina Fernández de falsear su lugar de residencia para incrementar su pensión de privilegio como exmandataria y viuda de un expresidente.

En una entrevista con la emisora de radio Rivadavia, el director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Mariano de los Heros, afirmó que Fernández cobraba, además de las dos pensiones citadas, un «suplemento por zona austral», es decir, por vivir en Ríos Gallegos, provincia de Santa Cruz, a pesar de que reside en Buenos Aires.

El pasado viernes, el gobierno suspendió las pensiones de Fernández para expresidentes mediante una resolución que indica que eran «incompatibles» con «haber cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado».

Cobraba un «equivalente a 136 jubilaciones mínimas, 388 asignaciones universales y a 21 jubilaciones máximas».

Este hecho ocurrió después de que la justicia argentina reafirmara una condena de seis años de prisión por corrupción contra la expresidenta, además de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Según De los Heros, Fernández cobraba 35,2 millones de pesos (35.200 dólares) por las pensiones no contributivas correspondientes a haber ocupado la jefatura de Estado y ser viuda de Néstor Kirchner, incluido un suplemento de 6,3 millones de pesos (6.300 dólares) por declarar su domicilio en la Patagonia.

El suplemento se le pagaba a Fernández porque «presentó un certificado de domicilio como que vive en Río Gallegos», indicó el responsables del Anses, quien agregó que «permitir que esto siguiera sucediendo era una inequidad absoluta» si se compara este monto con las jubilaciones mínimas de los argentinos.

«Lo que ella cobraba era equivalente a 136 jubilaciones mínimas, 388 asignaciones universales y a 21 jubilaciones máximas», precisó.

La Cámara de Casación Penal de Argentina condenó este 13 de noviembre de 2024, en segunda instancia, a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión, por el delito de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez, sospechado de haber sido el testaferro del expresidente Néstor Kirchner. En un veredicto de 1.541 páginas, ese tribunal condenó a la expresidenta también a «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos».

La primera condena fue dictada contra Cristina Fernández en 2022. Ahora, la Cámara de Casación rechazó los argumentos de las defensas, pero también los de uno de los jueces, Gustavo Hornos, que quería endurecer la condena a 12 años, y sentenciarla también por asociación ilícita, por haber sido «jefa» de una red delictiva estable que operaba desviando fondos estatales. «Un cargo bastante difícil de probar», dice a DW Ignacio Labaqui, politólogo sénior de Medley Global Advisors.

Es la primera causa judicial en la que resulta condenada Cristina Fernández. En una publicación en X, la expresidenta argentina denunció la falta de imparcialidad de los jueces, y dijo que, como presidenta, nunca pudo haber cometido el delito por el que se la condena.

Esta condena, sin embargo, no significa que la expresidenta argentina vaya a la cárcel, porque el fallo aún no está firme y sus defensas tienen diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de la Nación.

«El sistema penal federal argentino solo permite ejecutar sentencias «firmes» (art. 375 del Codigo Procesal Penal Federal) y esta no lo está por la posibilidad (que seguramente Cristina activará) de hacer el Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema. En este sentido, no hay ningún efecto, ni en sus restricciones electorales ni en sus restricciones a la libertad hasta tanto eso se resuelva», puntualiza Gustavo Arballo, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa.

«Cristina Fernández también podría presentar un Recurso de Queja ante la Corte Suprema posteriormente, si el Recurso Extraordinario es denegado», agrega Ignacio Labaqui.

Pero, ¿cuánto tiempo podría pasar hasta que la Corte Suprema decidiera ante un recurso extraordinario o un recurso de queja de la defensa de la expresidenta? «La Corte Suprema no se impone plazos para decidir», explica Labaqui.

«Creo improbable que la Corte resuelva la apelación de este caso antes de las elecciones legislativas de 2025, de forma tal que podría Cristina postularse a las elecciones del próximo ciclo, en 2027», subraya, por su parte, Gustavo Arballo.

Con él coincide Ignacio Labaqui: «En este momento, ella no tiene ningún cargo público, salvo ser presidenta del Partido Justicialista. Podría presentarse en 2025 como candidata a diputada, o por la provincia de Santa Cruz, donde tiene residencia, o por la Provincia de Buenos Aires, donde nació».

Otro artículo de interés: Cristina Kirchner pierde jubilación de privilegio