ARGENTINA

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La corrupta expresidente y actual titular del Partido Justicialista nacional (de facto), Cristina Fernández de Kirchner, presentó un recurso administrativo de nulidad ante la ANSES para restablecer el cobro de su multimillonaria jubilación de privilegio y la pensión correspondiente como viuda de Néstor Kirchner.

En el documento, presentado por su representante legal, Facundo Fernández Pastor, al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, argumentó que la medida adoptada por el Gobierno de Javier Milei «viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

Además, calificó la decisión como un «acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo».

El fundamento de la nulidad se basa en que la ANSES carece de atribuciones legales para anular un beneficio. Según el recurso, «Lo que debió hacer la administración es instar la acción judicial y no suspender, arbitrariamente, sus efectos tal como resolvió la RESOL-2024-1092».

El texto también señala: «No es una facultad ni del área jurídica de esa administración, ni de Trámites Complejos, ni de Prestaciones Centralizadas arrogarse la jurisdicción y competencia que, los artículos 15 y 36 de la Ley 24.241 no le otorgan a esa administración. Por tal razón, la resolución impugnada es nula, de nulidad insanable».

Además de solicitar la restitución de su jubilación y pensión, la corrupta expresidente exigió el «pago retroactivo» de los haberes retenidos, junto con los «intereses correspondientes».

El Gobierno de Milei había ordenado la suspensión de ambos beneficios tras la confirmación de la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, dictada por la Cámara de Casación Penal de la Nación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó: «El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo».

«La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño», agregó en aquel momento.

Adorni también cuestionó la existencia misma de estas jubilaciones: «la jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política».

Según información oficial, Cristina Kirchner percibía $35.000.000. Sin embargo, aclararon que aún puede acceder a una jubilación y una pensión basadas en sus aportes regulares, sin los adicionales vinculados a los beneficios «de privilegio».

El Gobierno de Javier Milei rechazará el recurso presentado por la condenada por corrupción Cristina Kirchner para evitar la suspensión de su multimillonaria jubilación de privilegio.

La expresidente solicitó, a través de un trámite ante la ANSES, dirigida por Mariano de los Heros, la restitución de una asignación especial de $35.000.000 mensuales.

La presentación fue realizada por su abogado, Facundo Fernández Pastor, quien representa a la líder, de facto, del Partido Justicialista.

Argumentó que la medida supuestamente «viola derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional» y que no se notificó adecuadamente. Además de solicitar la restitución de su jubilación y pensión, la corrupta expresidente exigió el «pago retroactivo» de los «haberes retenidos», junto con los «intereses correspondientes».

Desde la Casa Rosada anticiparon que no darán curso al planteo administrativo y consideran que el conflicto terminará resolviéndose en la Justicia.

La defensa oficial está a cargo del secretario legal de ANSES, Andrés Mariano Bousquet, quien fundamentará que la condena en la causa Vialidad constituye una prueba de «mal desempeño» y de «vulneración del honor de la magistratura», en línea con el artículo 36 de la Constitución Nacional.

El Gobierno de Milei también apelará al artículo 29 de la ley 24.018, que establece que las asignaciones vitalicias «no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones».

Cristina Kirchner es además señalada por «indignidad» y por haber cometido delitos graves contra el Estado que resultaron en enriquecimiento ilícito, atentando contra el sistema democrático. Como antecedente, se menciona la anulación de beneficios para expresidentes de facto del período 1976-1983.

El Gobierno de Milei sostiene que las asignaciones de privilegio son «jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional».

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