ARGENTINA

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El Gobierno Nacional presentó una serie de medidas que modifican el régimen migratorio en Argentina, incluyendo el arancelamiento de universidades públicas y hospitales para extranjeros no residentes, así como la ampliación de causales para deportaciones.

Los cambios fueron anunciados este martes 3 de diciembre por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia en Casa Rosada.

El nuevo esquema dispone que los extranjeros no residentes deberán abonar por los servicios de universidades nacionales y hospitales públicos, eliminando la gratuidad total para estos sectores. Adorni mencionó que uno de cada tres estudiantes de medicina en universidades nacionales es extranjero y calificó la medida como una fuente de financiamiento para las instituciones educativas públicas.

En cuanto al sistema sanitario, los organismos nacionales, provinciales y municipales podrán establecer aranceles para los extranjeros no residentes. Adorni destacó el antecedente de Salta, donde la medida generó un ahorro de 60 millones de pesos y redujo un 95% la atención a extranjeros en hospitales públicos. «Nos despedimos de los tours sanitarios», enfatizó el vocero.

Estas iniciativas buscan aliviar las cargas fiscales y mejorar la calidad del servicio para los residentes argentinos, según explicaron desde el Gobierno.

Además del arancelamiento, el Ejecutivo amplió la lista de delitos que pueden derivar en la expulsión de extranjeros.

• Causales de deportación: Incluirán delitos cometidos en flagrancia, actos que atenten contra las instituciones democráticas, o la falsificación de documentos migratorios.

• Prohibición de reingreso: Los extranjeros que violen esta prohibición enfrentarán penas de prisión.

• Documentación irregular: Se denegará la entrada al país a personas con documentos apócrifos o cuyos motivos de ingreso sean inconsistentes.

«Estas reformas apuntan a garantizar un país ordenado, con fronteras cuidadas y ciudadanos protegidos», aseguró Adorni, quien también criticó el régimen migratorio vigente por facilitar abusos y beneficiar a «malandras y oportunistas».

Con estas reformas, el Ejecutivo busca un régimen migratorio más restrictivo y orientado a priorizar a los ciudadanos argentinos. Desde el Gobierno aseguran que las medidas permitirán mejorar la eficiencia de los servicios públicos y reducir gastos innecesarios, promoviendo un enfoque que priorice la reciprocidad y el orden en las políticas migratorias.

Las medidas serán debatidas en los próximos días en el Congreso y, de aprobarse, podrían marcar un cambio significativo en el enfoque migratorio del país, alineándose con modelos de arancelamiento y restricciones implementados en otros países de la región.

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