OPINIÓN

^{Escrito por Antonio Calabrese*, abogado constitucionalista, historiador, político. Columnista de LaCity.com.ar.}

     

Del relato al mito y del mito a la adulteración histórica

 

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I.: LA SITUACIÓN

Después de más de cuarenta años de democracia, casi medio siglo, todavía quedan a modo de feroz venganza de los perdedores en el campo militar pero triunfantes en la guerra psicológica, (dicotomía no exclusiva, con antecedentes internacionales), sobreviviendo, imputados en múltiples procesos, detenidos con o sin condena, con apenas «prisiones preventivas» encerrados en cuarteles por haber participado en defensa del Estado, algunos de los militares vencedores sobrevivientes, que cumplieron una orden nunca revocada emitida por un gobierno legítimo elegido en forma democrática.

El decreto S 261/75  dictado por el gobierno peronista de Isabel Perón que ordenaba neutralizar y/o aniquilar a los elementos subversivos, cuya expresión visible se localizaba en Tucumán, fue apoyado incluso por el principal partido de la oposición, el radicalismo, cuyo líder Ricardo Balbín expresó el acompañamiento a la medida «porque no tenía segundas intenciones» actitud que ya había anticipado, podría decirse, en la aprobación del discurso de severa crítica a los agresores que meses antes pronunciara el General Perón con su uniforme de General, de gala, ante las cámaras de televisión después del ataque al regimiento de Azul.

El motivo o la excusa, para los abusos procesales y sancionatorios de la venganza señalada es que según las normas aplicables de origen internacional, el terrorismo de Estado es un delito, imprescriptible, expresado bajo diversas formas, pero calificado de  lesa humanidad a diferencia del terrorismo común.

Se interpreta, por los vencedores, bajo falsas facetas de moralidad, no cabiendo otra calificación, que tanto el proceso, la prisión sin condena, la pena no expresada en fallo firme, son eternas, no tienen tiempo, y duran, como lo están haciendo hasta la muerte de los encartados. Es decir se transformó en una pena de muerte sin sentencia  y con una única ejecución que consiste en la privación de  los derechos más importantes e imprescindibles de los imputados, comenzando por la libertad, hasta el final de su existencia.

No les queda esperanza o expectativa alguna de nada.

Los Derechos Humanos no existen para los vencidos, a pesar de que fueron ganadores, será, supongo, porque no son considerados humanos, por los humanitarios triunfadores «moralistas», aunque esta última condición, como se ve, luce características espeluznantemente tétricas, siniestras, en sus ejecutores.

II.: LA CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS

Nosotros afirmamos que en Argentina, en la guerra enfrentada militarmente, como corresponde,  no hubo «Terrorismo de Estado», que esta es una calificación tendenciosa, amañada, publicitada hasta el cansancio, en medio de los aplausos embriagados por el retiro de la dictadura militar, confundiendo el final político de esta con el fin de la lucha contrainsurgente.

Esa calificación que según algunos se remonta a la obra de Eduardo Luis Duhalde, «El Estado Terrorista Argentino» de 1983, quien fuera posteriormente secretario de Derechos Humanos del gobierno de Néstor Kirchner, uno de los más corruptos que se hayan conocido, fue ratificada  parcialmente en el informe de la CONADEP de 1984,  pero aunque no resiste un análisis racional, fue adoptada por distintas organizaciones de izquierdas y otras de concepciones ideológicas marxistas y revolucionarias, internacionales socialistas, la social democracia, disfraz usado por el comunismo europeo reconvertido  en algún caso y la izquierda rosa, light, en general, que confunden los abusos o excesos de un gobierno político, dictatorial y autocrático violatorio de conceptos y leyes aplicables en tiempos paz interior, con las acciones ejecutadas en una guerra, que es un estado excepcional representado por una conflagración, todo lo cual consiguen con el apoyo de una cultura decadente, de un progresismo deformado llamado «bobo», que adopta una ciudadanía poco informada, atiborrada por principios jurídicos y morales ajenos a las situaciones de guerra, que suenan muy bien pero a los que no entiende y aplica muy mal.

La sociedad compró en la euforia  de la caída del régimen militar, esta interpretación y hoy todavía padecemos de un mal que parece interminable. Un regreso al pasado permanente en aras a evitar el olvido y por una memoria selectiva que solo juzga a una parte, no solo absolviendo a la otra, sino idealizándola hasta la idolatría, como si sus asesinatos, sus crímenes terroristas alevosos, arteros, indiscriminados contra la población civil, ancianos, mujeres y niños y discapacitados, quienes no tenían nada ver y además despreciaban esa lucha, no debieran tenerse en cuenta.

La guerra por sí misma es inmoral, es el desprecio al estado de derecho que fuera vulnerado por los agresores e iniciadores de ella. Su mezcla, para conveniencia de los enaltecedores de los terroristas subversivos, con los efectos de una dictadura aberrante, que ejerciera el poder desde 1976 hasta 1983 que se inicia con posterioridad al comienzo de las hostilidades, anteriores a la fecha del decreto señalado, es la premisa esencial de la guerra psicológica.

Existe en esa mezcla mala fe, para poder de esa manera involucrar a todos los militares. Los que participaron en la guerra contrainsurgente con quienes apoyaron al régimen militar golpista y dictatorial.

Para ser justos, en todo caso, debe diferenciarse a unos de otros, aunque debe haber, sin duda, también quienes participaron en ambas acciones.

La situación se presta para confusiones, porque como todo proceso político y social complejo, es multicausal y sus efectos están llenos de consecuencias imprevisibles.

La conformación de las fuerzas de tareas inducen al error, porque las actuaciones en la contrainsurgencia podrían sancionarse como excesivas, si en todo caso se hubieran emprendido contra quienes no fueran insurgentes, pero de ninguna manera contra estos.

Es cierto que el Poder Ejecutivo de acuerdo a la Constitución nacional según el artículo 86 inc. 17, vigente a la fecha de la orden (similar al actual art. 99 inc. 14), dispone de la Fuerzas Armadas a las que ordena neutralizar y/o aniquilar al enemigo, pero también es cierto que había prohijado políticamente la generación de formaciones especiales, paramilitares (triple A). Y también es cierto que la dictadura militar impedía la oposición política a la que mantuvo silenciada con métodos ilegítimos, lo que es de la naturaleza de los gobiernos arbitrarios, pero una cosa son los excesos en la administración de un gobierno, incluida su ilegitimidad de origen, y otra una guerra contrainsurgente, que requiere de técnicas especiales, estudiadas y experimentadas en distintos enfrentamientos precedentes, ocurridos en espacios y países diferentes, ejemplos internacionales que transforman a esa técnica  en un modelo universal para su combate.

De la misma forma que se estudian las técnicas para las batallas campales, para las guerras de posiciones, para las de materiales, para las tecnológicas, existen estas otras técnicas  para las de contrainsurgencia. No emplearlas significa no solo desconocimiento, sino erróneo comportamiento profesional y segura derrota.

En un estudio realizado en el Instituto Gino Germani en la facultad de Sociología de la UBA, publicado con la firma de P.Bonavena y F.H.Nieto se afirma que «Los franceses con un ejército adiestrado en la guerra regular pagaron muy caro en Indochina la falta de adecuación al tipo de planeamiento que no propone enfrentamiento abierto con uso de tácticas convencionales…».

No existe la defensa contra un ataque con ametralladora blandiendo solo un papel que contenga la Constitución Nacional o el Código Penal. No son escudo ni defensas suficientes y la muerte o derrota del agredido será la única consecuencia al respecto.

La única defensa posible es, al menos, con armas o técnicas asimilables

Por otra parte recordamos que cualquier regla es aplicable interpretando cada caso particular y en la mayoría de los casos las mismas prevén también las situaciones excepcionales como las que estamos mencionado, de modo que la legalidad es de aplicación, previa interpretación apropiada. El grado de violencia y alevosía en el ataque exigirá una respuesta atinada, apropiada al mismo, que será legal o legítima sobre todo cuando se trata de la defensa de la Nación que deberá responder a quienes la agreden con los medios y la fuerza necesaria para impedir su mutilación, parcelamiento, disgregación o desaparición.

Veamos algunas definiciones o circunstancias, a fin de poder separar todas las situaciones y en todo caso diferenciar las responsabilidades.

Aunque existen múltiples definiciones del terrorismo de estado, tomaremos como ejemplo la que se considera indiscutida porque es la adoptado por los organismos multinacionales y las organizaciones formadas en su periferia.

Allí se dice que: «Implica la utilización sistemática de la violencia con el fin de aplicar a todos los habitantes de un país en forma difusa y clandestina medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico pautado por la Constitución Nacional».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la OEA y la propia Justicia Federal argentina en diversas resoluciones y fallos, sostuvieron: 1) Que se trata de un desconocimiento de derechos y garantías constitucionales y 2) La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ampliando este concepto sostuvo que «es la puesta en marcha de un plan  para la instauración del terror en la sociedad».

Términos similares se pueden leer en documentación de la Secretaria de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y hasta en la Enciclopedia Encarta o en algún jurista  pretencioso de exhibicionismo.

Ahora bien, el caso de esta definición es el de aquel país cuyo gobierno persigue o elimina a sus opositores políticos y trata de someter a la población para que no adhiera a ninguna expresión opositora en tiempos de paz interior.

Tal sería el caso de la Cuba castrista, donde se fusiló a los disidentes, opositores o miembros de minorías diversas como la homosexual, con posterioridad al triunfo de la revolución, en un baño de sangre sin antecedentes en la era contemporánea, con excepción de las dictaduras comunistas de la China de Mao o de la Unión Soviética y sus satélites.

Uno de los peores criminales al respecto fue el médico argentino Ernesto Guevara cuyo juramento hipocrático quedó visiblemente denigrado como cualquier otra virtud, si es que la tuviera.

Otro caso podría ser la Uganda de Mobutu u otros Estados africanos que llegaron a practicar, según algunos, hasta la antropofagia, como también las lapidaciones aplicadas en Nigeria, Somalia, Indonesia e Irán, de hombres y mujeres, en estas a veces, apenas por el uso de vestimenta inapropiada según sus creencias  que las suponían sospechadas de adulterio, y las eliminaciones en masa del régimen teocrático de los ayatolas que algunos sostienen llegaron a miles de personas. En el mismo sentido la persecuciones en Afganistán, Pakistán, los crímenes de Sadam Husein en Irak contra lar agrupaciones chiitas, etc.

El elemento que distingue a esta calificación sería doble: por un lado el uso del monopolio de la violencia que posee el estado moderno contra aquellos habitantes que no se someten a sus arbitrariedades y por otro la paz interior, es decir la falta de beligerancia colectiva armada y organizada con intención de asumir el poder, más allá de cualquier expresión o arresto individual o colectivo que no tuviera ese fin.

El caso de la defensa contra la insurgencia es completamente distinto. No tiene que ver con ese descripto terrorismo de Estado. Se trata, en cambio, del caso de la beligerancia interna protagonizada por formaciones consideradas irregulares, especiales, que no están uniformadas y que se confunden con el resto de la sociedad en la cual se mueven en su vida cotidiana, corriente, clandestinamente, en el acuerdo, siempre criminal, de obtener sus objetivos. La población es el campo de batalla sin importar que las victimas fueran civiles inocentes y ajenas al combate.

En el caso de las ciudades, de los núcleos urbanos hiperpoblados, los ataques son sorpresivos, generalmente imprevisibles, los blancos son de mayor o menor envergadura de acuerdo a la logística que se posea en ese momento y a la inteligencia previamente realizada, pero la actividad guerrillera golpea y desaparece, luego se reúne siempre en la clandestinidad para huir, esconderse o programar nuevas acciones que son siempre provistas de la máxima espectacularidad para aparentar solvencia y potencia ante la comunidad y difundir el terror que impida o paralice acciones en su contra.

Las víctimas de esos ataques son en su gran mayoría inocentes, no combatientes, es gente común que casualmente se encontraba en el lugar, hombres mujeres, niños, ancianos, no importa su condición a los terroristas porque el fin justifica cualquier sacrificio.

Entre 1969 y 1979 las estadísticas conocidas registran 21.642 atentados, según Victoria Villaruel, en su obra sobre el tema registra 4.380 bombas, solo en el caso de acciones comandadas por Mario Roberto Santucho se sostiene que hubo 1.355 muertos y más de 2.735 heridos en otras estadísticas.

La gravedad de la situación imponía una intervención drástica porque la escalada de los crímenes iba en constante ascenso. Las grandes ciudades con mayor aglomeración de población eran terreno fértil para los atentados criminales por las dificultades de la prevención.

Por esa razón las técnicas militares para enfrentarlas, la táctica utilizada para combatirlas es diferente.

Los expertos, teniendo en cuenta las experiencias francesa en Indochina, la norteamericana en Vietnam, Irak, Afganistán entre otros lugares, como la de algunos otros países occidentales en África, elaboraron técnicas y doctrinas al respecto que se aplican profesionalmente con las variantes y características propias de cada lugar, pero sobre la base de elementos comunes inalterables.

Son conocidas en las actuales academias militares las recogidas por el General norteamericano David Petraeus comandante en la ocupación de Irak y Afganistán autor del «Manual COIN» (Counter Insurgency) o las «D.G.R.» de Charles Lacheroy; Roger Trinquier; David Calula.

Solo sirve una respuesta: vencer en las dos expresiones de esa guerra muchas veces solapada: En la militar y en la psicológica que ha demostrado que cuando no es atendida correctamente en el proceso sobreviniente de paz, después del cese del fuego el aluvión cultural organizado prolijamente por los agresores, preparados para ello, puede torcer la voluntad popular y encontrar odiados a los vencedores cuya presencia se reclamaba y exigía para terminar con la catástrofe que representaban los atentados criminales y alevosos de los terroristas. 

2.: CONCLUSIONES

La presente es solo una opinión que pretende una proyección histórica de los acontecimientos, en tono político como tendrá cualquier ensayo que se haga al respecto, que discrepa totalmente de la oficial, hoy extendida en la opinión pública por las razones expresadas más arriba, por lo tanto de llevarse a cabo tendría consecuencias distintas a la cruel y siniestra venganza que se ejercita sobre los vencedores en la guerra.

No es una defensa de militar alguno, ni de las Juntas usurpadoras del gobierno, ni de la misma dictadura, es solo una defensa de la verdad histórica.

Comprendemos que no es fácil la diferenciación entre quienes lucharon contra la insurgencia armada y quienes cometieron abusos para sostener una dictadura repudiada, pero para eso está la Justicia, que ya lleva más de cuarenta años tratando de hacerlo, mientras  tanto, durante casi medio siglo, en una actitud repudiable jurídica y moralmente, resultó más fácil aunque sea aberrante, darle prisión a todos los militares al considerarlos de la misma condición, con el agravante de hacerlo con o sin sentencia que lo justifique.

La prisión preventiva fue el pelotón de fusilamiento.

El gobierno surgido de la democracia  acompañó y no castigó al terrorismo siendo parte de quienes instalaron la cultura de que eran «jóvenes idealistas que no temían arriesgar sus propias vidas por la liberación de la patria» o «que no eran delincuentes sino combatientes integrantes de un ejército revolucionario del pueblo alzado en armas» frases atribuidas a quien después fuera presidente de la República Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. (Diario Rio Negro el 7/11/17 con motivo de la defensa, en aquella época, de Mario Roberto Santucho en el asesinato de Oberdan Salustro).

Los hechos producidos en la recuperación institucional ratificaron esta conducta asimétrica. Por decreto se ordenó el juzgamiento de las Juntas Militares que se realizó con toda la publicidad y trascendencia del caso y la detención y prisión de todos sus integrantes. En cambio en el tema de los terroristas también se dictó otro decreto el 153/83 que dispuso el juicio a las cúpulas guerrilleras nombrando a Mario Firmenich; Fernando Vaca Narvaja; Ricardo Obregón Cano; Rodolfo Galimberti; Roberto Perdía y Héctor Pardo de Montoneros y a Enrique Gorriaran Merlo del ERP., como integrantes de las mismas pero con la diferencia que solo se detuvo y procesó a Ricardo Obregón Cano y a Mario Firmenich que fue extraditado. En 1990 durante el gobierno del Dr. Carlos Menem todos fueron indultados, generosidad con la que se buscaba una pacificación más tarde malograda, porque 14 años después en el año 2004, en el gobierno del presidente Néstor Kirchner se anularon los indultos y solo volvieron a la cárcel los militares.

Esto dejo en evidencia la injusticia de la situación: Los militares perdían siempre, de cualquier manera. Si perdían la guerra hubiesen sido fusilados  o condenados a la peor prisión si ganaban los insurgentes y si triunfaban ellos, como lo hicieron, también la cárcel fue su destino fomentado finalmente por una «progresía» que lo aplaude horrorizada ante la crueldad de la guerra, como si hubiera alguna de ellas que no fuera cruel. Ninguno de estos panegiristas piensa en que pueden seguir siendo «progresía» justamente porque triunfaron los militares, si no lo hubieran hecho seriamos, tal vez, un satélite de Cuba en donde no existe ni existió vida de «progresía» alguna.

Hace unos días, escuchamos a un periodista, literato, empleado en algún medio tradicional, enrolado en la mencionada «elite», criticando a los triunfadores sosteniendo la metáfora, al criticarlos, de que no se puede combatir a la antropofagia comiéndose al antropófago.

Esta falacia, es una torpeza intelectual, es una estupidez, propia de espíritus mediocres que denotan una ignorancia total de la realidad, adulterando la verdad histórica desconociéndola. No solo ignora la dramática situación creada en su momento sino la única forma de superarla según los manuales y las técnicas señaladas por los expertos en el tema. Es como considerar el tratamiento quirúrgico exitoso de un enfermo pero condenar al cirujano por usar el bisturí, dada la peligrosidad del filo del instrumento.

Hasta los propios subversivos sabían cómo era el carácter de la lucha a la que ingresaban voluntariamente, a tal punto que llevaban entre sus pertenencias la pastilla de cianuro en caso de ser apresados en cualquier enfrentamiento.

Fue como un remedo moderno de la «lucha a muerte» bolivariana.

Así se construyó aviesamente el ambiente que hoy tiene a los vencedores en prisión, pero la historia deberá tomar en cuenta los conceptos aquí vertidos cuando se escriba sino será solo un relato parcial con la verdad adulterada.

*Almirante Emilio Eduardo Massera —Armada—; teniente general Jorge Rafael Videla —Ejército—; brigadier general Orlando Ramón Agosti —Fuerza Aérea—.

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