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La Justicia francesa considera a la líder ultraderechista Marine Le Pen culpable de malversación de fondos públicos europeos, así como a otros ocho acusados. El tribunal correccional de París debía decidir este lunes (31.03.2025) si condenaba e inhabilitaba a Le Pen, de 56 años, por el uso de fondos europeos cuando era eurodiputada, un fallo que podría impedirle optar a la presidencia de Francia en las elecciones de 2027, para las que era una de las favoritas según las encuestas.

«El objetivo es garantizar que los representantes electos, como todos los justiciables, no se beneficien de un trato preferente», aseguró la presidenta del tribunal correccional de París, Bénédicte de Perthuis, al anunciar esta pena de ejecución inmediata para Le Pen y el resto de acusados. La condena contra Le Pen es a cuatro años de prisión, dos firmes que puede cumplir en arresto domiciliario con brazalete electrónico, y a cinco años de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, que se aplicaría incluso en caso de recurso.

Tras conversar brevemente con su abogado, la líder de Agrupación Nacional (RN) abandonó a continuación el tribunal. No realizó declaraciones a los numerosos medios presentes. Le Pen siempre ha defendido su inocencia, pero, el 13 de noviembre, la Fiscalía pidió 5 años de cárcel, dos de obligado cumplimiento, 300.000 euros (unos 325.000 dólares) de multa y cinco años de inhabilitación contra ella.

La condena puede truncar el futuro político de la principal figura de la ultraderecha francesa, que abandonó la sala de audiencias y el Palacio de Justicia antes de que se anunciaran todos los detalles de su pena. Con esta condena, la política no podría presentarse a la elección presidencial de 2027, a la cual tampoco puede concurrir el actual presidente de centro derecha Emmanuel Macron. Los sondeos la colocaban en cabeza de la primera vuelta. Todavía puede recurrir la sentencia.

La justicia procesó entre septiembre y noviembre a Marine Le Pen, a su partido y a otras 24 personas por presuntamente pagar con el dinero del Parlamento Europeo a los empleados de su formación entre 2004 y 2016. Según la investigación, el partido puso en marcha de «forma concertada y deliberada» un «sistema de malversación» de los 21.000 euros al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios. El tribunal consideró que «en realidad» trabajaron para el partido Frente Nacional (FN), rebautizado RN en 2018, que se habría ahorrado importantes sumas de dinero con esta práctica, prohibida por la legislación europea.

En la tarde del 9 de junio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estaba totalmente convencido de que disolver la Asamblea Nacional era la decisión correcta. Su partido acababa de sufrir una aplastante derrota en las parlamentarias europeas, y Agrupación Nacional, el partido de ultraderecha de Marine Le Pen, subía como la espuma.

«Los actuales desafíos requieren claridad en nuestros debates y respeto por nuestros ciudadanos. Por ello, he decidido darles nuevamente la oportunidad de elegir a nuestro futuro parlamento», dijo Macron en esa oportunidad. Sin embargo, los resultados de las elecciones anticipadas han entregado cualquier cosa, menos claridad.

La alianza de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP) se convirtió en el mayor grupo del Parlamento, aunque sin mayoría absoluta. La coalición que respalda a Macron quedó segunda, y la Agrupación Nacional quedó tercera.

Las elecciones anticipadas fueron una sorpresa para mucha gente, incluidos los inversores, dice Philippe Crevel, economista y director del think tank parisino Cercle de L’Epargne. «El índice bursátil francés CAC 40 cayó cerca de un 8 por ciento en una semana y los tipos de interés de la deuda pública subieron», explica a DW.

El NFP genera nerviosismo

El recién fundado NFP ─que incluye a la ultraizquierda, a comunistas, socialistas y ecologistas─ ha comenzado a detallar sus planes. Por ejemplo, promete generosas medidas para aumentar el poder adquisitivo de los votantes y planea retirar la controvertida reforma de pensiones de Macron, que aumentó la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. El NFP quiere reducir el umbral a los 60 años.

«Es surrealista. Francia enfrenta una situación financiera terrible, y ahora todos los partidos, incluido el de Macron, tratan de atraer a los votantes prometiéndoles dinero», dice Crevel. «Los políticos llevan 40 años haciendo lo mismo, pero ahora estamos realmente al borde del precipicio».

La deuda pública de Francia llegó en 2023 al 110 por ciento del PIB, y su déficit presupuestario alcanzó el 5,5 por ciento. La Unión Europea abrió recientemente un procedimiento contra Francia por su excesivo déficit, ya que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento solo permite una deuda pública del 60 por ciento del PIB, y un déficit presupuestario del 3 por ciento.

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