Idioma árabe obligatorio en España

ESPAÑA

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Presidente de España, Pedro Sánchez / Foto: La Moncloa – Gobierno de España

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El presidente socialista Pedro Sánchez, llevará a cabo el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que es una iniciativa que se llevará a cabo en 394 centros educativos de España, tanto de primaria como de secundaria, y que tiene como objetivo inculcar la lengua árabe y la cultura marroquí a los estudiantes.

El programa es directamente financiado por el Gobierno de Marruecos y está enmarcado dentro de la colaboración bilateral entre los gobiernos de España y Marruecos.

Este plan está coordinado por la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España, pero la gestión recae en las comunidades autónomas.

Cataluña es la región que concentra más centros educativos que imparten el PLACM, con 125 centros, seguida de Andalucía con 96 y la Comunidad de Madrid con 70.

Los objetivos del PLACM son múltiples. El principal es fomentar la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado escolarizado en centros españoles, con el fin de impulsar su identidad cultural y facilitar la inmigración de países árabes hacia España.

Además, se busca incentivar la enseñanza de una cultura ajena a la perteneciente a la sociedad española, mediante la infiltración de lenguajes externos incluso para el continente europeo.

Este programa se presenta como una herramienta para la facilitación a la inmigración marroquí, asegurando que puedan preservar su identidad cultural sin que ello suponga un obstáculo para su adaptación en el sistema educativo español, provocando así una pérdida de la cultura española.

En cuanto al alumnado, tanto los niños marroquíes como los estudiantes españoles recibirán esta formación en lengua árabe y cultura marroquí.

El programa ha generado una gran controversia, especialmente en regiones como Cataluña, donde el grupo parlamentario de Vox ha expresado su enorme preocupación.

Los detractores del PLACM sostienen acertadamente que este tipo de iniciativas pueden contribuir a la segregación en lugar de la integración, al promover una enseñanza específica de la cultura marroquí en lugar de fomentar una adaptación total al sistema educativo español.

El programa tiene tres actores clave: el Gobierno de España, el Gobierno de Marruecos y las comunidades autónomas. El Gobierno de Marruecos selecciona a los profesores, quienes son funcionarios de su administración pública, y los envía a España para impartir las clases.

Estos profesores, sin embargo, no están bajo la supervisión directa de las autoridades españolas. En lugar de estar supervisados por las autoridades educativas españolas, los docentes marroquíes cuentan con una «Credencial de Misión y Destino» otorgada por la embajada de Marruecos, lo que les da el respaldo para impartir las clases en los centros educativos españoles.

El otorgamiento de este tipo de credenciales a los profesores enviados desde Marruecos es un gran foco de preocupación, debido a que convertiría a estos mismos en una especie de «funcionarios diplomáticos».

El programa está financiado por la Fundación Hassan II, una organización marroquí dedicada a la asistencia a los inmigrantes marroquíes en Europa, que también se encarga de enviar imanes y otros representantes religiosos para extender a la comunidad marroquí en el exterior.

El grupo parlamentario de Vox ha presentado una propuesta en el Parlament de Cataluña para declarar el islamismo como un «movimiento político-religioso incompatible con Occidente».

En el documento, Vox denuncia el proceso de islamización como una transformación social y cultural que genera creciente preocupación entre los ciudadanos europeos, señalando que, aunque España no ha alcanzado el nivel de radicalización de otros países como Francia o el Reino Unido, empiezan a aparecer «síntomas preocupantes» de comunidades paralelas con normas ajenas a la cultura española, lo que facilita la expansión del radicalismo.

La propuesta de Vox incluye varias medidas clave. Una de ellas es perseguir los discursos de odio islamistas contra mujeres, cristianos y otras comunidades.

Además, Vox propone la eliminación de subvenciones a ONG y asociaciones vinculadas al islamismo o que mantengan relaciones con países que promuevan la sharía. Asimismo, pide la creación de un plan integral contra el yihadismo en Cataluña.

El grupo parlamentario subraya la creciente presencia musulmana en España, citando el estudio de la Unión de Comunidades Islámicas de 2023, que indica que en España residen más de 2.412.000 musulmanes, lo que equivale al 5% de la población, y en Cataluña la cifra supera los 660.000, lo que representa el doble que en otras comunidades como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana.

Otro dato que alarma a Vox es el aumento del número de mezquitas en los últimos años, que se han duplicado, alcanzando más de 280 en Cataluña. Según fuentes policiales, «una de cada tres mezquitas catalanas difunde ideas radicales vinculadas al salafismo», lo que genera preocupación por la creación de contextos sociales cerrados que fomentan valores incompatibles con los principios de igualdad, libertad e integración.

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