ARGENTINA

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El Ministerio de Seguridad Nacional de la República Argentina anunció el fin del sistema de retribución económica a presos sin tareas productivas. A partir de una nueva disposición, se busca terminar con lo que se describió como un modelo de «inactividad premiada con fondos del Estado», implementado durante gestiones anteriores.

La medida, que entra en vigor este mes, forma parte del plan Manos a la Obra, lanzado en octubre de 2024, cuyo objetivo es aplicar el principio de ocio cero en las cárceles federales. El nuevo esquema establece que solo el 5% de los internos podrá realizar tareas generales del establecimiento (como limpieza y mantenimiento) sin recibir paga, siempre y cuando cumplan un mínimo de ocho horas diarias.

El que no trabaja, no cobra

Según el comunicado oficial difundido por la cartera que encabeza Patricia Bullrich, el resto de los internos deberá asumir tareas de convivencia, como la limpieza de celdas y espacios comunes, sin ningún tipo de compensación económica.

«El que no hace nada, no cobra. El que hace trabajo productivo, cobra por lo que hace, no por estar preso», remarca el texto oficial, sintetizando la nueva filosofía de gestión penitenciaria. De este modo, se busca fomentar el trabajo real dentro de las unidades penales y erradicar la figura del preso que recibe beneficios sin contraprestación.

Desde el Ministerio afirman que esta política representa un cambio estructural orientado al orden interno y la reducción del ocio en las cárceles, al tiempo que se combate lo que se percibe como una cultura de privilegios heredada de administraciones kirchneristas.

La implementación del plan «Manos a la Obra» se presenta como parte de un enfoque más estricto y productivista en el tratamiento de las personas privadas de libertad. Con esta normativa, el Estado busca alinear el régimen carcelario con valores de esfuerzo, trabajo y responsabilidad individual, eliminando lo que consideran distorsiones previas.

En un acto realizado en el Centro Cívico, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, distinguió al cabo Mauricio Ferreyra y al sargento Héctor Heftif, dos efectivos policiales que fueron embestidos durante operativos de control vehicular, y solicitó al Congreso nacional el endurecimiento de las penas para quienes agredan a miembros de las fuerzas de seguridad.

«Estamos aquí para reconocer públicamente el valor en el cumplimiento del deber y la prestación de servicios que hicieron ambos efectivos. Les agradecemos en nombre de los cordobeses por su entereza», expresó Llaryora durante el acto, en el que estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; y el subjefe de Policía, Marcelo Marín.

El mandatario enfatizó la necesidad de sanciones más severas ante el aumento de agresiones a uniformados: «Necesitamos penas más duras para los que atacan o resisten la fuerza de la autoridad. Hay que cambiar de paradigma: los buenos son los de azul. Para combatir la delincuencia necesitamos que la policía sea respetada», sentenció.

Un llamado al Congreso y al Poder Judicial

Durante su intervención, Llaryora pidió explícitamente al Congreso que avance en una legislación que contemple penas agravadas para este tipo de delitos. A su vez, instó a jueces y fiscales a aplicar las sanciones máximas previstas en la normativa actual para quienes atenten contra efectivos policiales.

En ese marco, Quinteros destacó: «Desde el día que asumí, el gobernador me instruyó para que acompañara y apoyara en la calle a nuestra policía y defender el buen accionar de nuestra fuerza».

Los hechos que marcaron la agenda

El sargento Heftif fue arrastrado por seis kilómetros tras quedar enganchado en el vehículo de dos delincuentes que intentaron fugarse durante un control de la Policía Caminera, el pasado 24 de enero, sobre la Autovía Córdoba-Carlos Paz. Dentro del auto se encontraron bolsos con estupefacientes. El efectivo sufrió múltiples golpes y fue arrojado a la carpeta asfáltica en cercanías de Alta Gracia.

Por su parte, el cabo Ferreyra fue embestido el 8 de abril en barrio Güemes, cuando intentó detener a un conductor que quiso escapar de un operativo. El efectivo quedó sobre el capot del vehículo y fue arrastrado por varias cuadras. El conductor, que trabajaba con la aplicación Uber, fue posteriormente identificado, detenido y puesto a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial.

Un mensaje político claro

Con este reconocimiento, Llaryora no solo puso en valor el accionar de la fuerza, sino que reforzó su postura en materia de seguridad y disciplina institucional. En un contexto de creciente violencia urbana, el gobernador busca instalar un mensaje firme: agredir a un policía debe tener consecuencias ejemplares.

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