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El Parlamento británico aprobó este sábado (12.04.2025), en una sesión extraordinaria, el proyecto de ley de emergencia para evitar el cierre de la siderúrgica British Steel y salvar 3.500 puestos de trabajo y muchos otros en la cadena de suministros. El propio primer ministro británico, Keir Starmer dijo durante una visita a los altos hornos que esta era una iniciativa legislativa «prácticamente sin precedentes».

Después de varias horas de debates, las dos cámaras del Parlamento ─la de los Comunes y la cámara alta, la de los Lores─ dieron el visto bueno a la pieza legislativa denominada Proyecto de Ley (Medidas Especiales), que se convertirá en ley cuando reciba pronto la sanción del rey Carlos III del Reino Unido.

No se descarta la nacionalización de la empresa

Dirigiéndose a los legisladores, el ministro de Comercio, Jonathan Reynolds, afirmó que el proyecto de ley daría más tiempo para negociar una solución permanente para British Steel. «La transferencia de propiedad al Estado sigue sobre la mesa, y en esta etapa, dado el comportamiento de la empresa, bien podría ser la opción más probable», declaró Reynolds a los legisladores.

Una vez sancionada, el Gobierno asumirá el control de la planta de British Steel en Scunthorpe, en el noreste de Inglaterra, después de que las negociaciones de un acuerdo de financiación para cambiar a una producción de acero más ecológica con la propietaria no prosperaran. La empresa china Jingye rechazó el acuerdo al considerar que la compañía iba acumulando unas pérdidas diarias de 700.000 libras (más de 840.000 euros al día).

El Gobierno convocó a los legisladores, que se encontraban ya de vacaciones de Semana Santa, para aprobar una ley que le permita dirigir a la junta directiva y a la plantilla de la empresa, garantizar su remuneración y encargar las materias primas necesarias para mantener el alto horno en funcionamiento. Desde la Guerra de Las Malvinas en 1982, islas todavía en disputa con Argentina, que no se convocaba una sesión extraordinaria del Parlamento británico durante uno de sus recesos vacacionales.

En el sector de acero latinoamericano llueve sobre mojado. Los aranceles del 25 por ciento a las importaciones de acero y aluminio anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, son una gota más en un estanque donde la marea del acero chino ya estaba amenazando con hacer naufragar a siderurgias de la región. De hecho, ya ha hundido a algunas, como la chilena Huachipato, administrada por la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), que cerró en septiembre del año pasado.

México y Brasil, los dos mayores exportadores latinoamericanos de acero a Estados Unidos, son ahora los principales afectados por la decisión de Trump, que no cesa de apretar la tuerca aduanera y acaba de comunicarle al mundo la imposición de «aranceles recíprocos». En el caso de México, la situación podría agudizarse aún más: según informan agencias, citando a la Casa Blanca, a la tarifa general del 25 % al acero podría sumarse otro porcentaje igual, previamente anunciado para ese país y Canadá, con miras a impedir el flujo de migrantes y drogas por las fronteras estadounidenses. Dicha medida ha sido pospuesta transitoriamente.

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