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Google monopolizó el mercado de la publicidad en internet, dictaminó una jueza federal de Estados Unidos, al considerar que los demandantes probaron que el gigante de la tecnología había realizado una serie de acciones desleales para conseguir sus objetivos.
La administración de Joe Biden había llevado a Google ante un tribunal federal de Virginia en enero de 2023 y el juicio se celebró en noviembre de 2024.
«Google emprendió deliberadamente una serie de acciones anticompetencia para adquirir y mantener el poder monopólico» de la publicidad en línea, determinó la jueza federal Leonie Brinkema.
Google «aseguró su monopolio imponiendo políticas anticompetitivas»
«Durante más de una década, Google vinculó su servidor de publicación de anuncios y los intercambios de anuncios mediante condiciones contractuales e integración tecnológica, lo que permitió a la empresa establecer y proteger su posición de monopolio en estos dos mercados», prosiguió.
Para Brinkema, la compañía «aseguró su monopolio imponiendo políticas anticompetitivas a sus clientes». De esta forma, Google causó un «daño significativo» a sus clientes y había impedido que el resto pudiera competir, concluyó.
La juez dio a la empresa siete días para presentar un calendario de medidas correctivas.
El gobierno estadounidense sostiene que Google controla el mercado de la publicidad en internet, lo que aprovecha para cobrar precios inflados y repartirse los ingresos de forma desleal.
«Concluimos que la conducta de Google LLC amenaza con obstaculizar la competencia leal», declaró Saiko Nakajima, funcionario de la Comisión de Comercio Justo de Japón (JFTC, por sus siglas en inglés). La comisión emitió una orden de cese y desistimiento contra el gigante tecnológico estadounidense Google.
Google habría violado la Ley de Antimonopolio
Las autoridades niponas acusan a Google de haber violado la Ley de Antimonopolio al firmar contratos con fabricantes de smartphones o teléfonos inteligentes para que instalen sus aplicaciones. En concreto, la JFTC reprocha al gigante estadounidense que la tienda de aplicaciones Google Play se instale obligatoriamente dentro de un paquete con su navegador Chrome.
La empresa del grupo estadounidense Alphabet habría mantenido desde julio de 2020 contratos con seis fabricantes de teléfonos vendidos en Japón, según afirma la comisión japonesa. Los contratos representarían al menos el 80 % de las ventas de dispositivos móviles con sistema operativo Android en Japón.
Google habría pedido además a los fabricantes que excluyeran las aplicaciones de búsqueda de la competencia y otras aplicaciones como condición para compartir los ingresos de publicidad y vinculados a las búsquedas.
Consecuencias a futuro
La JFTC instó al gigante estadounidense al cese de dichas acciones. De no cumplir con esta medida administrativa, Google recibirá multas por parte del organismo japonés. Una tercera parte independiente deberá además monitorear los esfuerzos de la compañía durante los próximos cinco años, para prevenir que tales acciones se vuelvan a producir.
Un comunicado de la filial japonesa de Google respondió expresando su decepción por la decisión de las autoridades. «Nuestros acuerdos con nuestros socios japoneses contribuyen a promover la competencia e innegablemente han reforzado su capacidad de invertir en innovaciones que ofrecen una elección más amplia al consumidor», añadió la empresa.
Otros casos similares
Google no es, sin embargo, el único gigante tecnológico estadounidense bajo sospecha de competencia desleal en Japón. El mes pasado, la JFTC llevó a cabo una inspección en la filial japonesa de Amazon en Tokio, acusándola de abusar de su posición dominante en el mercado para reducir los precios.
Europa y Estados Unidos han tomado medidas similares contra grandes empresas tecnológicas acusadas de competencia desleal.
En el caso de Google, son varias las multas impuestas a la multinacional por parte de la Unión Europea por abusos de posición dominante: la firma fue multada con 2.424 millones de euros por favorecer a Google Shopping en detrimento de la competencia y con 1.490 millones de euros por abuso en el mercado de publicidad en línea.
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