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El presidente ruso Vladímir Putin firmó este lunes (21.04.2025) una serie de leyes que refuerzan la represión de la disidencia, en el contexto de su invasión de Ucrania iniciada hace tres años.

La nueva legislación tipifica como delito «desacreditar» al ejército o pedir sanciones contra Rusia y prohíbe «ayudar a aplicar decisiones» de organizaciones internacionales de las que Moscú no forme parte.

Esto podría aplicarse, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió una orden de detención contra Putin en abril de 2023.

Esta medida forma parte de la creciente ofensiva de Moscú contra la oposición y la libertad de expresión desde que lanzó su ofensiva en Ucrania, lo que supuso numerosas sanciones económicas y el aislamiento político respecto a las potencias occidentales.

Más presión sobre los «agentes extranjeros»

Otra nueva ley prohíbe a los llamados «agentes extranjeros», una calificación usada para atacar a los críticos con el régimen y la ofensiva contra Ucrania, llevar a cabo actividades educativas o formar parte de los consejos de administración de empresas estatales.

Según uno de los decretos promulgados por Putin, quienes ayuden a organizaciones internacionales que excluyan a Rusia o pidan sanciones contra el país también podrán ser tratados como «agentes extranjeros».

Rusia aprobó su ley de «agentes extranjeros» en 2012 y obliga a las personas que reciben esta etiqueta a incluir un descargo de responsabilidad en cualquier declaración pública que hagan, en un intento de socavar su legitimidad.

Sin embargo, Moscú reforzó las normas en los últimos tiempos, y la lista de agentes extranjeros consta ahora de unas 1.000 personas y organizaciones, entre ellas músicos, escritores y periodistas de renombre. Esto obligó a muchos de ellos a exiliarse, a veces conservando propiedades en Rusia, ya que tuvieron que huir precipitadamente.

El Ministerio de Justicia de Rusia declaró este viernes (30.08.2024) «agente extranjero» a Galina Tímchenko, fundadora del portal opositor ruso Meduza. El medio de prensa en ruso, inscrito en 2014 en Lituania, ya había sido declarado «agente extranjero» en Rusia en abril de 2021, y declarado «indeseable» y vetado en enero de 2023.

Un comunicado publicado por Justicia señala que Tímchenko participó «en la difusión de mensajes e informaciones de agentes extranjeros a un círculo ilimitado de personas, se expresó en contra de la operación militar especial en Ucrania, difundió informaciones falsas sobre las decisiones y la política de las autoridades rusas».

Las personas declaradas «agentes extranjeros» por recibir financiamiento desde el exterior no pueden ocupar cargos en la Administración pública rusa ni tener acceso a secretos de Estado, y deben cumplir determinadas normas como informar periódicamente sobre sus ingresos e identificar todas sus publicaciones. Occidente ha criticado duramente la ley de organizaciones «indeseables», adoptada en 2015 y reforzada en 2022, señalando que se trata de una herramienta de represión para acallar todas las voces opositoras en Rusia. También DW recibió esta calificación en marzo del año pasado.

Persecución a la prensa crítica

Paralelamente, el tribunal de la ciudad rusa de Gorno Altaisk, en la región siberiana de Altái, condenó también a un periodista local a ocho años de prisión por haber criticado las acciones del ejército ruso en Ucrania, informó la fiscalía local. Serguéi Mijaílov, periodista de 48 años que trabajaba en Listok, un periódico en línea de la región, «publicó en internet en marzo y abril 2022 artículos que contenían información falsa» sobre las acciones del ejército ruso en Ucrania, afirmó la Fiscalía en un comunicado en Telegram.

Ante el tribunal, Mijaílov declaró el martes que había escrito los artículos para que sus lectores «no caigan en la mentira, no participen en los combates, no se conviertan en asesinos ni en víctimas y no hagan daño a nuestro pueblo hermano ucraniano». El reportero calificó el conflicto en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, como una «situación terrible», según el acta de sus declaraciones publicada en línea.

Según un recuento de la ONG OVD-Info, más de mil personas han sido procesadas en Rusia por criticar la ofensiva rusa en Ucrania. Casi la totalidad de los opositores de alto perfil han sido encarcelados o forzados al exilio, y miles de rusos han sido procesados y condenados a multas o penas de prisión por manifestar públicamente su desacuerdo con el Kremlin.

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