ARGENTINA

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La firme decisión judicial de desalojar a dos comunidades mapuches que desde hace 14 años ocupan ilegalmente un predio privado en Bahía Huemul, a 35 kilómetros de Villa La Angostura, marca un punto de inflexión en la política nacional respecto al respeto por el derecho a la propiedad. El terreno, de 624 hectáreas, fue usurpado en diciembre de 2011 por integrantes de la comunidad Kinxikew y, posteriormente, por miembros del lof Quintriqueo.

A pesar de contar con todos los títulos de propiedad en regla, la dueña, María Cristina Broers, no pudo recuperarlo durante más de una década por la falta de voluntad política de los gobiernos anteriores.

Ahora, con un Poder Judicial que actúa con eficiencia y en un contexto político diferente, la orden de desalojo emitida por el juez Francisco Astoul Bonorino cobra una fuerza inédita. El magistrado rechazó todos los recursos presentados por la defensa de los ocupantes, encabezada por el abogado Luis Virgilio Sánchez, de la Gremial de Abogados de la República Argentina. Incluso la Corte Suprema podría abstenerse de intervenir, allanando el camino para que se concrete el desalojo en las próximas semanas. La propietaria compró el lote en 1973 y cuenta con documentación legítima. No obstante, el 27 de diciembre de 2011 un grupo de personas rompió el candado de acceso e ingresó al terreno, argumentando una supuesta recuperación territorial basada en la ley 26.160. Dicha normativa, que suspende desalojos mientras se realiza un relevamiento territorial, fue interpretada de forma abusiva por quienes ocuparon el predio, pese a que su aplicación está limitada a usurpaciones previas a 2005.

La propia denunciante, acompañada por un escribano, dejó constancia del ingreso violento y de la construcción improvisada que se levantó en el lugar. En aquel primer contacto, uno de los ocupantes la enfrentó con un machete, aduciendo que todo el lote pastoril estaba siendo «recuperado».

Durante los últimos 14 años, hasta nueve jueces se pronunciaron a favor del reclamo de Broers. Sin embargo, el desalojo fue demorado por maniobras judiciales y omisiones políticas que caracterizaron a los gobiernos kirchneristas, más inclinados a convalidar tomas que a proteger la legalidad.

En 2016, un juez civil de Junín de los Andes ya había ordenado la restitución del inmueble. La Cámara de Apelaciones confirmó la medida y, en 2023, los jueces Alejandra Barroso y Pablo Furlotti, de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, rechazaron todas las apelaciones de las comunidades mapuches. El argumento principal de los ocupantes se basa en una supuesta preexistencia familiar desde 1928, algo que jamás fue documentado.

La defensa de Broers sostiene que «la ocupación es absolutamente ilícita y contraria a derecho», y que ni siquiera una supuesta permanencia de los antepasados de los usurpadores justificaría un acto ilegal en democracia. «Ninguna persona puede sortear los recaudos legales para apropiarse de un terreno por la fuerza», enfatiza el planteo.

Tras la ratificación de la sentencia por parte del juez Bonorino, las comunidades anticiparon que resistirán el ingreso de las fuerzas de seguridad y calificaron la medida como «injusta». Sin embargo, la aplicación de la ley es clara y categórica.

En línea con el decreto 1045/2024 y con el firme objetivo de sanear estructuras corroídas por años de desidia, el Gobierno de Javier Milei dio de baja un contrato histórico entre la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), por considerar que el servicio que brindaba era ineficiente, costoso y carente de controles básicos.

La medida fue adoptada por el interventor designado por el Ministerio de Salud, Marcelo Petroni, quien confirmó que el sistema de 500 bocas de expendio bajo control sindical implicaba un gasto mensual de $700 millones, que a partir de ahora serán reorientados íntegramente a mejorar las prestaciones médicas de los trabajadores rurales.

«El recorte no es contra los trabajadores de OSPRERA, sino contra un sistema opaco y costoso que no respondía a las necesidades reales de nuestros beneficiarios», expresó Petroni, quien agregó que «lejos de implicar una reducción en los servicios, esta transformación representa un avance hacia un modelo más accesible, moderno y eficiente».

La rescisión se da en el marco de una intervención impulsada por el Ejecutivo a fines de noviembre de 2023 tras detectarse gravísimas irregularidades en la gestión anterior. Una auditoría interna reveló un pasivo acumulado de más de 97.000 millones de pesos y un déficit operativo mensual de $4.200 millones, fruto de una administración descontrolada, sin trazabilidad, con indicios de fraude y vaciamiento.

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