OPINIÓN

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En el corazón de la economía argentina, propensa a crisis crónicas, se encuentra un sistema político que fomenta el gasto público sin restricciones y la sobrerregulación en extremo. Se trata del sistema establecido por Juan Domingo Perón en la década de 1940, que se fortaleció en las décadas siguientes y que el presidente Javier Milei prometió eliminar con una motosierra y sustituir por políticas liberales clásicas, como las que hicieron de su país uno de los más prósperos del mundo hace un siglo.

Desde que asumió el poder en diciembre de 2023, Milei ha estado recortando el tamaño del Estado con ese fin. Sus prioridades han sido controlar el gasto y desregular. Milei recortó el presupuesto en alrededor de un 30% y lo equilibró al mes de asumir el cargo. Esto facilitó una política monetaria más disciplinada y la reducción de la inflación del 25% mensual cuando el presidente llegó al poder al 2,2% en enero de 2025.

El éxito que ha tenido hasta ahora la estabilización económica de Milei es ampliamente reconocido. El presidente sacó a la economía de la crisis y la llevó a la recuperación mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente esperaba: el crecimiento volvió en la segunda mitad de 2024, los salarios han aumentado y la tasa de pobreza, tras haber subido inicialmente, ha caído por debajo del 41,7% que dejó el gobierno anterior como parte de su legado.

Sin embargo, no se aprecia que tanto ha desregulado Milei ni suficientemente el papel que la desregulación desempeña en el éxito de Argentina, aunque es tan importante como el recorte del gasto. Para entender por qué, es útil conocer algunos aspectos que diferencian la política argentina de la de la mayoría de los países.

El sistema peronista argentino

Durante más de siete décadas, Argentina ha tenido un sistema corporativista que Perón estableció siguiendo el modelo de la Italia fascista de Mussolini. En este sistema, el Estado organiza la sociedad en grupos —sindicatos, gremios empresariales, empleados públicos, etc.— con los que negocia para establecer las políticas nacionales y equilibrar los intereses. Se trata de un tipo de colectivismo que borra al individuo, centraliza el poder en el Estado e incentiva a los grupos de interés a competir por el favoritismo del Gobierno a través del gasto público y la regulación.

Este sistema dio lugar a una proliferación de normas destinadas a proteger y promover sectores concretos mediante controles de precios, regímenes de licencias, tipos de cambio diferenciados en función del tipo de actividad económica, controles de capitales, tipos de interés preferenciales, afiliación obligatoria (y apoyo) a gremios y otras intervenciones.

El sistema que instauró el partido peronista desalentaba el libre intercambio, la competencia y la productividad, pero se arraigó profundamente. Los privilegios otorgados por la regulación eran políticamente difíciles de eliminar. El jurista Jorge Bustamante señala, además, que la regulación desempeña un papel más importante que la política fiscal en la redistribución de la riqueza en Argentina. Añade que «el derroche de recursos escasos provocados por las regulaciones es más grave que la propia actividad directa del Estado en la economía [la política fiscal], consabidamente deficitaria».

Los sindicatos, en particular, adquirieron un enorme poder político. Tal es el caso que Bustamante describe el sistema argentino como uno que «convierte a los sindicatos en órganos del Estado cuando el partido al que adhieren [el partido peronista] está en el poder, o convierte al Estado en prisionero de los sindicatos cuando el partido está en la oposición».

«Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, expresó una opinión similar en la conferencia de Cato que celebramos en Buenos Aires en junio de 2024 con el presidente Milei y otros destacados liberales clásicos. El partido peronista», dijo Sturzenegger, «es el gestor del statu quo… Es el gestor de los intereses creados; es el partido conservador de Argentina».

Puede que los peronistas quieran conservar el sistema, pero Milei tiene razón al recortarlo. Según el Índice de Libertad Humana, la Argentina que heredó el presidente es uno de los países más regulados del mundo. Ocupa el puesto 146 de 165 países en términos de carga regulatoria.

Los recortes de Milei en un año

Desde que llegó al poder, Milei ha realizado recortes de gran alcance en la burocracia argentina. En su primer año, redujo el número de ministerios de 18 a 8 (eliminando algunos y fusionando otros), despidió a 37.000 empleados públicos y abolió alrededor de 100 secretarías y subsecretarías, además de más de 200 departamentos burocráticos de nivel inferior.

El presidente también ha impulsado agresivamente la desregulación. Utilizando una metodología conservadora, mi colega Guillermina Sutter Schneider y yo calculamos que durante el primer año de Milei en el cargo, implementó alrededor de dos desregulaciones por día. Aproximadamente la mitad de las medidas eliminaron regulaciones por completo, mientras que el resto modificó las regulaciones existentes en una dirección generalmente orientada al mercado.

Milei ha implementado estas reformas de manera legal y constitucional, y son el resultado principalmente de dos medidas amplias. En primer lugar, Milei comenzó su gobierno con la promulgación de un «megadecreto» de emergencia que constaba de 366 artículos. Los decretos de emergencia son compatibles con la legislación argentina si cumplen determinadas condiciones. También pueden ser revisados por el Congreso, que tiene derecho a rechazarlos en un plazo determinado. Dado que el poder legislativo no se opuso, la mayoría de las desregulaciones del megadecreto entraron en vigor.

En segundo lugar, el Congreso aprobó el junio pasado un proyecto de ley de gran envergadura (la «Ley Bases») que permite al Gobierno emitir nuevos decretos desreguladores durante un año. La mayoría de las desregulaciones de Argentina se están llevando a cabo en virtud de esa autoridad y han sido impulsadas por el nuevo Ministerio de Desregulación, que comenzó a funcionar al mes siguiente.

El ministerio se encuentra literalmente en una carrera contra el tiempo, y su sentido de urgencia es palpable. Cuando visité al ministro Sturzenegger y a su equipo en noviembre, me mostraron un cartel afuera de su oficina que decía «Faltan 237 días», indicando el tiempo que le queda al Gobierno para seguir emitiendo decretos desreguladores. El equipo de Sturzenegger, formado por expertos jurídicos y economistas de prestigio, también tiene una misión clara: aumentar la libertad en lugar de hacer más eficiente al Gobierno. Por lo tanto, al revisar una regulación, lo primero que se preguntan es si el Gobierno debería intervenir en ese ámbito.

Siguiendo ese enfoque, el Gobierno ha implementado desregulaciones en sectores de la economía que van desde la agricultura y la energía hasta el transporte y la vivienda. Para ayudar a priorizar esas reformas, el ministerio analiza los precios. Si el costo de un bien o servicio es significativamente más alto en Argentina que a nivel internacional, la carga regulatoria suele explicar la diferencia de precio. Sturzenegger informa que la desregulación en Argentina ha tendido a bajar los precios en alrededor de un 30%. El ministerio también ha creado un portal web llamado «Reportá la burocracia», que recoge recomendaciones de empresas y del público, lo que ha dado lugar a numerosas reformas.

Algunas de las reformas han sido de carácter procedimental. Por ejemplo, las inspecciones gubernamentales ahora se realizan a veces después de que una empresa comienza a operar (suponiendo que cumple con la ley y puede ser objeto de inspección), en lugar de antes de que se le permita siquiera iniciar sus actividades. Esta inspección «a posteriori» del etiquetado de los textiles importados, por ejemplo, provocó una caída del 29% en el precio de los textiles. El Gobierno también ha instituido una norma de «silencio administrativo positivo» que afecta a varias actividades, según la cual las solicitudes de permiso se consideran aprobadas si la burocracia gubernamental no responde en un plazo determinado. En otro ejemplo, Milei prohibió los cargos hereditarios sancionados por ley que se habían convertido en una práctica habitual en numerosos organismos estatales.

Gran parte del impacto de las desregulaciones aún no se ha medido, pero los datos concretos o anecdóticos que existen sugieren que las reformas están marcando una diferencia significativa.

Ian Vazquez, elcato,org

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