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Diez días después del ascenso del partido populista de derechas y antiinmigración Reform, de Nigel Farage, en los recientes comicios locales parciales en Inglaterra, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha dado a conocer un plan destinado a endurecer la política de inmigración.

Starmer prometió retomar «el control» de las fronteras, luego de que las cifras de migración se disparasen. Entre 2019 y 2023, la migración neta, la cantidad de extranjeros que entran frente a los que salen, se cuadruplicó, lo que equivale casi a la población de Birmingham, la segunda ciudad del país, comentó Starmer. «Eso no es control» de la inmigración, sino «el caos», dijo.

Ciudadanía y visados

En su residencia oficial de Downing Street, el primer ministro británico presentó un libro blanco sobre inmigración, e insistió en cerrar un «capítulo sórdido para nuestra política, nuestra economía y nuestro país».

El plan incluye aumentar de cinco a diez años el período exigido de residencia de extranjeros en el Reino Unido antes de solicitar la ciudadanía británica, así como endurecer los visados para los trabajadores cualificados y no cualificados.

También se incrementarán los requisitos de inglés para los migrantes, exigencia que se extenderá a los adultos dependientes, lo que significa que deberán demostrar un dominio básico del inglés.

Según la propuesta, sólo las personas graduadas con un título universitario podrán aspirar a conseguir un visado de trabajador cualificado, mientras que se eliminarán los visados especiales para empleados en el sector de la dependencia y los cuidados. Para Starmer, el actual sistema de inmigración «está casi diseñado para cometer abusos», pues incentiva a algunas empresas a contratar trabajadores con bajos salarios, en lugar de invertir en «nuestros jóvenes».

El controvertido proyecto de ley del gobierno británico para expulsar inmigrantes regulares a Ruanda quedó aprobado en el Parlamento después de un maratoniano pulso entre las dos cámaras legislativas.

El primer ministro Rishi Sunak y su partido conservador estaban presionando para la adopción de este texto que obligará a los jueces a considerar a la nación del este de África como un país seguro para los migrantes expulsados.

También otorgará a las autoridades encargadas de decidir sobre las solicitudes de asilo la potestad de ignorar secciones del derecho humanitario internacional y británico y esquivar una decisión del Tribunal Superior de Justicia que consideró ilegal el proyecto.

El plan, lanzado en mayo de 2022 por el anterior gobierno de Boris Johnson, se enfrentó a una fuerte oposición en la Cámara de los Lores, un órgano consultivo que se encarga de examinar las leyes aprobadas en la Cámara de los Comunes.

Los miembros de la Cámara Alta criticaron el proyecto de ley como inadecuado y devolvieron numerosas veces el texto con enmiendas a la Cámara Baja.

Récord de solicitantes de asilo

El gobierno de Sunak se encuentra bajo presión para reducir el número récord de solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones desde el norte de Francia.

Horas antes de que el proyecto superara su último obstáculo parlamentario, el dirigente conservador había anunciado que su plan se iba a aplicar «pase lo que pase».

«Despegarán, pase lo que pase», dijo Sunak, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de sus prioridades ante las elecciones legislativas británicas este año.

Los vuelos al país africano comenzarán en «diez o doce semanas», insistió en una rueda de prensa destinada a presentar los medios utilizados por el gobierno para organizar estas expulsiones.

Un proyecto muy criticado

Este plan de deportaciones a Ruanda se ha enfrentado a numerosos desafíos legales desde su presentación en 2022. Ese año, los primeros expulsados fueron sacados de un avión a última hora a raíz de una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde entonces, ningún migrante ha sido enviado allí.

El proyecto, que todavía puede ser objeto de nuevos recursos legales, ha sido fuertemente criticado por la oposición laborista, las asociaciones de ayuda a los inmigrantes, la Iglesia anglicana o la ONU.

Su alto comisionado para los Derechos Humanos, el austriaco Volker Türk, afirmó que va «contra los principios fundamentales de los derechos humanos».

Expertos de la ONU han sugerido que las aerolíneas y los reguladores de la aviación podrían ser «cómplices» de violar los derechos humanos internacionalmente protegidos si participan en los vuelos de expulsión de inmigrantes.

Más de 120.000 personas han cruzado el Canal de la Mancha en embarcaciones rudimentarias desde 2018, cuando el gobierno comenzó a contabilizar el número de inmigrantes irregulares llegados por esta vía.

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