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La ONG Foro Penal cifró en 932 la cifra de presos políticos en Venezuela, tras la liberación reciente de un adolescente arrestado luego de las elecciones presidenciales de 2024, se informó el martes (17.06.2025).

En un conteo publicado en la red social X, la organización precisó que la cifra de personas encarceladas por razones políticas aumentó en seis al 16 de junio, con respecto al último reporte.

Asimismo, detalló que el grupo de detenidos está compuesto por 837 hombres y 95 mujeres, de los cuales 928 son adultos y cuatro adolescentes con edades de 14 a 17 años de edad.

El gobierno excarceló días atrás a uno de los cinco menores que permanecían detenidos en el contexto de las protestas que se desataron tras los comicios presidenciales de 2024, donde el ente electoral proclamó al mandatario Nicolás Maduro como ganador, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria.

El Foro Penal también confirmó que el número de detenidos con doble nacionalidad se mantiene en 82, sin cambios respecto al informe anterior.

Desde 2014, la ONG ha documentado un total de 18.420 casos que considera «detenciones políticas».

Tanto Maduro como el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

Ha pasado un mes desde que los venezolanos salieron a votar masivamente el pasado 28 de julio. Desde aquel domingo, han crecido los reclamos para que Nicolás Maduro muestre la totalidad de las actas electorales, pero en ese amplio coro que exige transparencia falta la voz de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). La entidad regional no ha emitido documento alguno sobre lo sucedido durante estas cuatro semanas en el país sudamericano.

El silencio de la Celac no sorprende. Los intentos de consensuar entre sus miembros una declaración en torno a Venezuela están condenados de antemano al fracaso. Por un lado, el bloque de los que apoya incondicionalmente al actual inquilino de Miraflores, con Cuba a la cabeza, bloquearía cualquier documento que cuestione el resultado publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclama a Maduro ganador de los comicios.

Por su parte, Brasil, Colombia y México apuestan por una solución negociada que incluya convocar nuevas elecciones, algo que permitiría al partido gobernante ganar tiempo, apretar las clavijas represivas y mantenerse en el poder. Un ala más frontal al chavismo, donde se ubican Chile, Uruguay y Argentina, tienen palabras y posturas más duras contra lo que ya se ha convertido en el fraude electoral más descarado de la historia reciente de América Latina.

Sentados a la mesa de la Celac, es poco probable que de ese conglomerado salga un mensaje que ponga los intereses del pueblo venezolano por encima de las rencillas entre bandos. A fin de cuentas, la entidad nació principalmente del empuje de líderes como Hugo Chávez, obsesionado con restar terreno a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con crear un organismo regional más dócil y callado ante las violaciones de derechos humanos y civiles de los regímenes autoritarios del continente, al estilo del implantado por su guía político, Fidel Castro. De aquellas mordazas nacieron estos silencios cómplices.

Hace diez años, la Celac proclamó a la región como una Zona de Paz, en una declaración que rubricaron los presidentes de los países que la conforman. Sus miembros se comprometían, entre otras cosas, a acatar la igualdad de derechos y «la libre determinación de los pueblos». El documento, leído por un octogenario Raúl Castro que nunca fue elegido como gobernante en las urnas cubanas, recordaba los «principios de paz, democracia, desarrollo y libertad» que inspiraron la creación de la Comunidad. Pero, en esencia, se trataba de un documento para evitar reclamos foráneos cuando, dentro de las fronteras de un territorio, un partido o un grupo ideológico le impusieran al resto de sus conciudadanos un modelo político, por la fuerza y sin caminos pacíficos para un cambio de rumbo.

«La represión en Venezuela está funcionado, la gente tiene muchísimo miedo. En el marco de la Operación Tun Tun llegan a las casas funcionarios del Estado y de la fuerza pública; sin orden judicial se llevan a las personas por ─de una u otra manera─ haberse manifestado en contra del supuesto triunfo electoral del actual Gobierno. Las entradas de los centros de detención están llenas de familiares buscando a su gente, pidiendo una prueba de vida», cuenta a DW María Pía Alvira, jefa regional para América Latina de la organización Civil Rights Defenders.

Este observatorio internacional es una de las 25 organizaciones firmantes de un llamado a la comunidad internacional a prestar atención y apoyo a las víctimas de la grave crisis de derechos humanos que se suma a la crisis política en Venezuela.

¿Dónde y cómo están los detenidos?

«Es difícil precisar dónde o cómo están. A los detenidos se los ha mantenido incomunicados y no han podido hablar ni con sus familiares ni con sus abogados de confianza», explica a DW Gonzalo Himiob, director de la organización Foro Penal.

Esta organización de derechos humanos ─que ofrece asistencia jurídica pro bono a detenidos arbitrariamente─ contabiliza, a partir del 28 de julio, 1.503 detenidos. Estas cifras no coinciden con las que circula el propio Nicolás Maduro, quien habla de más de dos mil.

«Efectivamente, no coinciden ni siquiera con las que da el propio Ministerio Público. Con esas cifras, el señor Maduro intenta magnificar lo que lo que ya es bastante grave, ciertamente, pero que no ha llegado a esos extremos. La voluntad es ejercer una acción intimidatoria que neutralice a las personas que quieran salir a protestar», explica Himiob. Las cifras que maneja Foro Penal provienen de su investigación en los centros de detención y de denuncias.

«Por lo poco que hemos podido indagar a través de familiares, sabemos que los detenidos han sido trasladados: un grupo importante de mujeres al INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina) y a las Crisálidas en Los Teques; los adultos a cárceles nacionales y los adolescentes a centros de retención en diferentes estados», precisa el director de Foro Penal.

*Imagen ilustrativa.

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