ARGENTINA

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La Justicia argentina dio inicio este miércoles 25 de junio al remate de 26 bienes de la corrupta expresidente Cristina Fernández de Kirchner, luego de que se venciera el plazo de 10 días hábiles otorgado a los condenados para reintegrar el dinero robado al Estado en el marco de la causa Vialidad.

Esta medida se produce tras la confirmación de la condena a seis años de prisión contra la expresidente por direccionamiento de obra pública durante sus mandatos.

El Tribunal Oral Federal 2 había ordenado días atrás la actualización del monto a devolver, que podría alcanzar los 500 millones de dólares. Finalizado el informe del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema, que recalculó el decomiso originalmente fijado en $84.000 millones en 2022, comenzó ahora la etapa de ejecución mediante subasta pública. Se trata de una ofensiva sin precedentes sobre el patrimonio personal y familiar de la condenada expresidente.

En esta primera fase, ya se publicó el llamado a subasta de algunos de los bienes más emblemáticos: inmuebles en Puerto Madero (entre ellos las unidades y cocheras del complejo Madero Center), departamentos en Recoleta, autos, estancias en Santa Cruz, hoteles en El Calafate, y propiedades registradas a nombre de Los Sauces S.A., la firma inmobiliaria de la familia Kirchner involucrada también en otra causa por presunto lavado de dinero.

También aparece en la lista el departamento donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria y los más de US$ 5,6 millones que Florencia Kirchner mantenía en una caja de seguridad, cuya procedencia aún es materia de investigación. A esto se suman dos vehículos de alta gama y varias propiedades transferidas como parte de una herencia anticipada a sus hijos.

La ejecución también avanza sobre el patrimonio del empresario Lázaro Báez, condenado en la misma causa, cuyas propiedades y empresas constructoras (como Austral Construcciones y Gotti SA) están listas para ser liquidadas.

Entre los bienes de Báez se destacan 132 inmuebles en Santa Cruz y 37 en la Ciudad de Buenos Aires, así como estancias históricas como Cruz Aike, Río Olnie y El Rincón, donde en su momento se realizaron excavaciones en busca de dinero enterrado.

El fiscal Diego Luciani, impulsor del caso, recordó que los fondos desviados pudieron haberse destinado a salud, educación o infraestructura, y remarcó que el objetivo de esta etapa es recuperar para el Estado parte del patrimonio ilegalmente acumulado. Con la subasta ya en marcha, la Justicia espera reunir una porción significativa de lo defraudado y sentar un precedente en materia de corrupción estructural.

En una gran acción judicial contra la corrupción, el empresario Lázaro Báez enfrenta el embargo y remate de un gigantesco patrimonio acumulado durante su estrecha vinculación con los gobiernos kirchneristas.

La Justicia federal avanzó con la ejecución de bienes tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad, que también involucra a la corrupta expresidente Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios, luego de que se venciera el plazo de 10 días hábiles otorgado a los condenados para reintegrar el dinero robado al Estado.

Según datos oficiales, a Báez se le embargaron 174 propiedades distribuidas en distintos puntos del país: 37 inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, 4 en la provincia de Buenos Aires, 132 en Santa Cruz y una en Chubut.

Estas propiedades forman parte de un entramado empresarial que incluye firmas como Austral Construcciones, Loscalzo y Del Curto SRL y Gotti S.A., todas bajo la lupa por haber sido supuestas receptoras del direccionamiento de la obra pública durante más de una década.

Entre los bienes embargados se destacan estancias históricas y de gran valor simbólico, como Cruz Aike, Río Olnie y Los Gurises, muchas de las cuales fueron allanadas por la Justicia en operativos en los que incluso se realizaron excavaciones ante sospechas de que podrían haberse utilizado para ocultar dinero ilícito.

La ofensiva judicial también alcanza a la familia Kirchner y sus empresas: Los Sauces S.A., Hotesur S.A. y COMA S.A. se encuentran bajo ejecución, en paralelo a un total de 26 propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo inmuebles en Recoleta, Puerto Madero, El Calafate y Río Gallegos.

El expediente también involucra a Florencia Kirchner, hija de la corrupta expresidente, quien mantenía en una caja de seguridad alrededor de 6 millones de dólares en efectivo, cuya procedencia todavía no pudo ser justificada ante la Justicia. Ese monto también será incautado para el proceso de devolución de fondos al Estado, como parte de la ejecución de la sentencia firme dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2.

La Justicia apunta a recuperar un total estimado en 500 millones de dólares, correspondiente al dinero que habría sido desviado en el marco del direccionamiento de contratos de obra pública. De no reintegrarse de forma voluntaria, plazo que venció este 25 de junio, los bienes embargados serán rematados al mejor postor en subastas públicas ya en marcha.

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