ARGENTINA

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En una nueva muestra de la impunidad que aún persiste en sectores del poder judicial, este martes se conoció que la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a José Alperovich, exsenador nacional y tres veces gobernador kirchnerista de Tucumán, condenado a 16 años de prisión por el abuso sexual de su sobrina.

La medida, firmada por el juez Juan María Ramos Padilla, llega a poco más de un año de su detención en el penal de Ezeiza, y se justifica en cuestiones de salud del condenado, quien, a sus 70 años, presentó informes médicos por dolores crónicos de columna, hipertensión y un presunto cuadro depresivo. Sin embargo, la resolución genera indignación por el hecho de que el exmandatario cumplirá su condena en un departamento propio en Puerto Madero, una de las zonas más exclusivas del país y, paradójicamente, el mismo lugar donde ocurrieron parte de los abusos.

El documento judicial establece que Alperovich deberá portar una tobillera electrónica, está prohibido de tener contacto con la víctima y su entorno, y deberá abonar una caución real de 400 millones de pesos. El traslado a su domicilio se realizaría en las próximas horas.

La causa que lo llevó a la cárcel tuvo como denunciante a su sobrina segunda y exsecretaria privada en el Senado, quien sufrió los ataques entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, tanto en Tucumán como en la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal Sandro Abraldes precisó que uno de los abusos ocurrió justamente en el mismo departamento donde ahora cumplirá su arresto domiciliario.

El fallo de condena, emitido el 18 de junio de 2024, encontró culpable a Alperovich de nueve hechos, incluyendo seis abusos sexuales agravados con acceso carnal y tres abusos sexuales simples (dos de ellos en grado de tentativa). «Los indicios son graves, precisos, concordantes y basados en hechos comprobados que, relacionados entre sí, nos llevan a un único resultado», fundamentó Ramos Padilla al dictar la pena. El testimonio de la denunciante fue respaldado por pericias físicas y psicológicas y por numerosos testimonios coincidentes.

Además de la condena, Alperovich fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos, una medida que sella su caída política, aunque no impide que, en lo material, mantenga su alto nivel de vida y los beneficios de un sistema judicial que todavía parece responder a intereses partidarios.

Apenas tres meses después del fallo condenatorio, los hijos de Alperovich comenzaron a presionar para obtener una morigeración de la pena. En una presentación judicial, Gabriel, Mariana, Sara y Daniel Alperovich ofrecieron ser «fiadores personales» y se comprometieron a vivir con su padre las 24 horas del día, además de entregar sus pasaportes para demostrar que no había riesgo de fuga. «Nuestro padre siempre estuvo a derecho», afirmaron en su escrito.

Desde su ingreso al penal de Ezeiza, la defensa de Alperovich alegó un cuadro de salud crítico. Además del dolor crónico de columna, la defensa citó hipertensión y la necesidad de controles médicos regulares. Fue atendido tanto en el Hospital Penitenciario Central como en el Hospital Italiano, y en mayo, su expareja Marianela Mirra difundió en redes sociales una foto suya en una clínica, lo que fue leído como parte de una estrategia para sensibilizar a la opinión pública y a la Justicia. En marzo de 2025, informes del Servicio Penitenciario confirmaron un estado de depresión y desmotivación, agravado por el rechazo de reiterados pedidos de libertad condicional.

En un avance judicial contundente, la Justicia argentina se dispone a subastar la totalidad de los bienes de Cristina Kirchner y sus allegados, como parte del proceso de ejecución del decomiso ordenado en la causa Vialidad. La investigación, que involucra a la expresidente y ocho condenados por defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obras públicas a Lázaro Báez, busca recuperar una suma millonaria que podría alcanzar los 500 millones de dólares.

El cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema ya recibió la orden del Tribunal Oral Federal 2 para actualizar el monto del decomiso originalmente fijado en 2022 en 84 mil millones de pesos, cifra que será ajustada para reflejar el valor real de los activos a recuperar. Este informe será clave para iniciar la etapa de ejecución y posterior subasta pública de los bienes embargados.

Entre los activos a subastar figuran un total de 26 inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner, incluyendo dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 en Santa Cruz, además de 2 departamentos de lujo y cocheras en Puerto Madero y el departamento ubicado en San José, donde Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria. Este último dato revela una insólita situación: la Justicia considera factible subastar la residencia en la que la exmandataria se encuentra alojada.

El fiscal Diego Luciani, encargado de la causa, trabaja con un listado exhaustivo que incluye también bienes cedidos a los hijos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, en lo que se considera una maniobra de «insolvencia fraudulenta» para evadir embargos, como denunció la exdiputada Margarita Stolbizer. Además, el informe abarca las tres empresas familiares ─Los Sauces, Hotesur y COMA S.A.─ y los 6 millones de dólares en efectivo de Florencia Kirchner.

Pero el alcance de la acción judicial no se limita a la familia Kirchner. Se suman a la lista las propiedades del empresario Lázaro Báez: 37 inmuebles en Buenos Aires, 4 más en la provincia de Buenos Aires, 132 propiedades en Santa Cruz y una en Chubut, así como sus compañías Austral Construcciones, Loscalzo, Del Curso SRL y Gotti S.A. Entre estas, destacan estancias emblemáticas como Cruz Aike, Río Olnie y Los Gurises, algunas de las cuales fueron inspeccionadas en busca de dinero enterrado.

Según los fiscales Luciani y Sergio Mola, el daño causado por la red K asciende a una privación millonaria de recursos públicos que debieron haberse destinado a áreas fundamentales como educación, salud, y justicia. Por ello, insisten en que, pese a que muchos bienes están embargados en distintas causas, la ejecución debe avanzar en el expediente que primero obtuvo sentencia firme, que en este caso es Vialidad. Además, argumentan que los bienes transferidos a los hijos son producto de dinero ilícito y, por lo tanto, también son susceptibles de ser decomisados.

El Tribunal otorgará a los condenados un plazo de 10 días hábiles para saldar el monto actualizado. De no hacerlo, se procederá a la subasta pública de los bienes, tal como ocurrió en la causa Cuadernos con los activos de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.

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