ARGENTINA

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El Hospital de Pediatría Garrahan tiene más de 5.000 empleados, una cifra similar a la de Vialidad Nacional. Sin embargo, solo 300 de ellos son médicos en funciones que prestan atención a los niños. Estos datos fueron aportados por Federico Sturzenegger, en una reciente entrevista.

El Ministerio de Salud de la Nación, liderado por Mario Lugones, activó un sistema biométrico obligatorio para registrar el ingreso del personal. La medida busca evitar ausencias injustificadas y verificar que los recursos humanos respondan a funciones reales. Además, permite cruzar datos para mejorar la asignación presupuestaria.

En paralelo, el Ejecutivo ordenó la relicitación de los contratos de limpieza y seguridad del hospital. Ambos servicios estaban en manos de una misma empresa hace más de 20 años. Para las autoridades, era una caja opaca sin control estatal.

Junto al control del personal y los contratos, también se revelaron gastos insólitos heredados de gestiones anteriores. Durante años, se sostuvieron comités ideológicos que nada tenían que ver con la atención médica. El caso más evidente fue el del Comité de Género y Diversidad.

Este espacio tenía decenas de integrantes, incluso de áreas no médicas, y se dedicaba a actividades simbólicas sin utilidad hospitalaria. Uno de sus actos más difundidos fue la inauguración de un banco rojo en el patio central y un mural alusivo a la violencia de género. Nada vinculado con mejorar la salud de los niños.

También se financiaron estructuras como el «Comité de Hospital Libre de Humo», cuya función podría haberse resuelto con una simple señalética. Además, existía un comité de médicos especializados en «cambio de género», enfocado en tratamientos irreversibles para menores.

Hoy, el Gobierno nacional eliminó varias de esas estructuras que drenaban dinero público sin resultados sanitarios. El propio Lugones confirmó que los comités ideológicos ya no están operativos. La decisión fue respaldada por Javier Milei, que exige un Estado eficiente.

El proceso de reforma no apunta a ajustar por ajustar, sino a reenfocar los recursos en la atención pediátrica real. La sobredotación de personal y los comités sin sentido fueron parte de un modelo clientelar que ahora comienza a desmantelarse. El ahorro es significativo y permite fortalecer áreas críticas.

Sturzenegger, impulsor de estas reformas, fue contundente: cuando se tocó la caja del hospital, comenzaron las protestas. Coincidentemente, los conflictos gremiales se agudizaron justo cuando se aplicaron las nuevas auditorías. Para el Gobierno, los privilegios ideológicos no tienen más lugar.

El Hospital Garrahan es un emblema de la salud pediátrica argentina. Para que siga siéndolo, debe enfocarse en lo esencial. Esto es, cuidar a los niños, garantizar la atención médica y asegurar que cada peso invertido tenga una función sanitaria concreta.

El proceso de racionalización administrativa en curso apunta a eso: cortar con los gastos superfluos y profesionalizar la gestión. La salud pública no puede ser una excusa para financiar estructuras políticas disfrazadas de comités.

Hoy, el Garrahan vuelve a estar en el centro del debate. Pero esta vez, no por su excelencia médica, sino por el desorden que el kirchnerismo dejó. Con control, transparencia y vocación de servicio, el hospital puede recuperar su prestigio.

La gestión kirchnerista de Axel Kicillof, una vez más, exhibe su desidia y falta de compromiso con la vida de los bonaerenses, al acumular una deuda astronómica con el Hospital Garrahan, el centro pediátrico más importante de la Argentina. Mientras el gobierno del presidente Javier Milei garantiza el funcionamiento del hospital, la inacción de la provincia de Buenos Aires y su obra social IOMA pone en jaque la atención de miles de niños, demostrando la irresponsabilidad de un modelo que prioriza el gasto político sobre la salud de los más vulnerables.

En un revelador y urgente llamado de atención, el Hospital Garrahan, a través de su cuenta oficial en la red social X, ha lanzado un durísimo cuestionamiento contra la gestión provincial, apuntando directamente a la negligencia de Axel Kicillof. El prestigioso centro de salud, vital para la atención de niños de todo el país, ha puesto en evidencia una deuda provincial que asciende a la impactante suma de $4.100 millones de pesos por parte de la obra social bonaerense IOMA, de un total de $10.500 millones que distintas provincias adeudan al hospital.

El dramático posteo, que visibiliza la crisis generada por la falta de pagos provinciales, subraya: «El Gobierno Nacional sostiene la atención del Garrahan, pero necesita una respuesta urgente de las provincias que adeudan más de $10.500 millones al hospital pediátrico más importante del país. De ese impago total, el 40% corresponde a la obra social bonaerense IOMA». Esta contundente declaración no solo defiende la labor del Gobierno Nacional, en su esfuerzo por mantener en pie un pilar fundamental de la salud, sino que también expone la grave mora de la administración de Kicillof.

La situación es aún más alarmante al conocer los detalles de la deuda de IOMA: de los $4.500 millones de pesos que adeuda la obra social de los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, unos $2.500 millones ya se encuentran judicializados, lo que impide la disposición inmediata de esos fondos y agrava la ya precaria situación financiera del Garrahan. A pesar de esta asfixiante deuda, el hospital reafirma su compromiso inquebrantable con la vida: «A pesar de esto seguimos y vamos a seguir atendiendo a todos los pacientes», un mensaje que resalta la ética y profesionalismo de su personal frente a la irresponsabilidad gubernamental.

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