ARGENTINA

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El Gobierno presentó una apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York contra la decisión de la jueza Loretta Preska, que ordenaba la transferencia del control accionario de YPF a fondos litigantes.

La estrategia oficial apunta a agotar todas las instancias judiciales y evitar cualquier tipo de negociación.

Apelación directa a la Cámara antes del fallo sobre la suspensión

El 9 de julio, la Argentina presentó formalmente su apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, en el marco del caso que enfrenta por la expropiación de YPF realizada en 2012. La presentación fue realizada por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa al Estado argentino.

Esta apelación se concretó antes de que la jueza Loretta Preska se expidiera sobre el pedido de suspensión («stay») del fallo que ordenaba la transferencia de las acciones Clase D —el 51% del capital de la petrolera estatal— a Burford Capital y Eton Park, fondos beneficiarios del litigio.

Según explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, la decisión del Gobierno de apelar directamente no es ilegal, pero se aparta de la estrategia convencional: «Lo lógico habría sido esperar la decisión de la jueza sobre la suspensión, y a partir de allí avanzar. Pero Argentina se anticipó».

La causa y el riesgo de desacato

La demanda central se originó por la forma en que el gobierno de Cristina Kirchner expropió YPF en 2012. En septiembre de 2023, Preska falló en contra de la Argentina, con una sentencia que la obliga a pagar US$ 16.000 millones a los fondos litigantes, que habían adquirido derechos legales de antiguos accionistas de la petrolera.

En paralelo al proceso de apelación del fallo económico, Burford promovió la ejecución directa de la sentencia, reclamando las acciones que el Estado posee en YPF. Si Preska decidiera exigir garantías como condición para conceder el «stay», y la Argentina no cumple con esa exigencia antes del lunes próximo, el país podría incurrir en desacato.

Ese escenario afectaría gravemente la imagen internacional del país, justo en momentos en que busca atraer inversiones, reabrir el acceso al crédito y consolidar un rumbo de estabilización económica.

Desde Casa Rosada aseguran que no se negociará ningún tipo de acuerdo extrajudicial. «La estrategia es judicial al 100%. Vamos a agotar todas las instancias posibles. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la defensa», afirmaron desde cerca del Presidente a Infobae.

El Gobierno también considera que existen «buitres domésticos» que estarían colaborando con los litigantes internacionales por intereses políticos o económicos. En esa línea, apuntan contra las declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof, exfuncionarios, analistas financieros y estudios jurídicos que, según esta visión, estarían favoreciendo una posible desestabilización para beneficiarse de operaciones vinculadas con Vaca Muerta.

Como parte de la estrategia, Argentina también buscará que el Gobierno de Estados Unidos emita una opinión formal ante el tribunal, tal como ocurrió en 2023 durante la administración de Joe Biden.

La Procuración del Tesoro presentó nuevos documentos en el marco del juicio por la expropiación de YPF. El Gobierno advirtió sobre daños irreparables si se transfiere el control accionario a Burford Capital y señaló que declaraciones de Axel Kicillof perjudican la posición argentina.

Presentación judicial: Argentina insiste en frenar la transferencia de acciones

En un nuevo capítulo del juicio por la expropiación de YPF en tribunales de Estados Unidos, el Gobierno argentino presentó dos escritos ante la jueza Loretta Preska para reforzar su pedido de suspensión de la orden de «turnover» de las acciones estatales a Burford Capital. El país fue condenado en primera instancia a pagar más de 16.000 millones de dólares, y enfrenta ahora el riesgo de perder el control sobre el 51% de la petrolera.

Desde la Procuración del Tesoro, que lidera la defensa legal del Estado, afirmaron que la sentencia plantea «cuestiones jurídicas sin resolver» y representa un caso «sin precedentes» que incluso contradice la postura del propio gobierno estadounidense en casos similares.

Uno de los puntos llamativos de la presentación fue la mención a declaraciones públicas del gobernador bonaerense Axel Kicillof, citadas por los demandantes como parte de su oposición al pedido de suspensión. El Gobierno respondió que Kicillof no representa a la administración nacional actual y que sus opiniones no forman parte de la estrategia jurídica oficial. Sin embargo, reconocieron que sus intervenciones públicas «entorpecen y empeoran la posición argentina».

En el escrito, la defensa del Estado advirtió que cumplir con la orden judicial implicaría «violar la Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera» y dejaría a la Argentina sin control sobre su principal empresa energética. Según argumentaron, eso activaría cláusulas contractuales que podrían obligar a YPF a realizar pagos anticipados a acreedores, afectando a más de 23.000 empleados, a las provincias y a los bonistas.

El Gobierno también cuestionó la legalidad de transferir acciones que no se encuentran físicamente en Estados Unidos, al señalar que no existe jurisprudencia del Segundo Circuito que habilite la ejecución de activos soberanos fuera del territorio. Además, subrayó que no existe urgencia por parte de los demandantes y que el statu quo debe mantenerse hasta que se resuelva la apelación.

En paralelo, la Procuración del Tesoro anticipó que si Preska no concede la suspensión del fallo, avanzará con una apelación formal ante la Corte del Segundo Circuito en Nueva York, que incluirá un nuevo pedido de suspensión cautelar.

Interés público y defensa de la soberanía

Los abogados del Estado destacaron que la ejecución inmediata podría provocar un impacto económico y político de gran escala. Además, recordaron que cualquier transferencia de acciones estatales requiere aprobación del Congreso argentino, lo que tornaría inviable el cumplimiento del fallo.

«Se trata de un proceso complejo, sin antecedentes, donde no se acredita perjuicio para los demandantes. La República seguirá litigando en defensa de la soberanía y del interés público», afirmaron fuentes oficiales.

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