ARGENTINA

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Gracias al Gobierno de Javier Milei, Argentina está entre los países más libres del mundo, según el reciente informe «Freedom in the World 2025» publicado por la organización internacional Freedom House.

Con una calificación de 85 puntos sobre 100, el país se ubicó en el puesto 52 a nivel global y fue clasificado como «libre», reafirmando su liderazgo en la región y consolidando la línea de reformas impulsada por el Gobierno de Milei.

El ranking de Freedom House evalúa el estado de las libertades políticas y civiles en 210 países y territorios, dividiéndolos en tres categorías: libres, parcialmente libres y no libres. Argentina se posiciona como el tercer país más libre de Sudamérica, solo por detrás de Uruguay (96 puntos) y Chile (94), y por encima de otras democracias destacadas como Estados Unidos (84) y Corea del Sur (81).

El informe llega en un contexto donde solo 21 países mejoraron su puntuación respecto al año anterior, mientras que 52 sufrieron retrocesos, lo que resalta la estabilidad de Argentina dentro del escenario internacional.

Entre los aspectos valorados por Freedom House, el informe menciona como positiva la baja significativa de la violencia en zonas críticas como Rosario, donde los homicidios se redujeron un 65% durante 2024 tras la intervención federal, a cargo de la ministra Patricia Bullrich. En materia económica, se destacó la estabilización en los indicadores macroeconómicos, atribuida a la disciplina fiscal y la reducción del déficit.

El informe de Freedom House contrasta fuertemente con las mentiras de Reporteros Sin Fronteras (RSF), la organización internacional de extrema izquierda que respalda a los gobierno afines, que reflejó una supuesta caída de Argentina en el índice de libertad de prensa, algo completamente ilógico.

La organización de izquierda criticó la eliminación de la pauta oficial y las respuestas del presidente Milei a los medios de comunicación que mienten. No obstante, el fin del financiamiento estatal a medios busca garantizar la independencia periodística y fomentar un ecosistema más plural, sin que los fondos públicos sirvan como un mecanismo de censura.

Con este resultado, Argentina se consolida como un país que mantiene sus instituciones democráticas y su compromiso con las libertades individuales, en un contexto regional e internacional marcado por retrocesos. El informe representa un respaldo simbólico e institucional al proyecto político de Javier Milei, que apuesta por una transformación profunda del modelo de Estado y un mayor protagonismo del individuo frente a la burocracia estatal.

Las principales cámaras bancarias del país advirtieron sobre las consecuencias económicas de una modificación fiscal votada en el Senado el pasado 10 de julio, en el marco de la reforma previsional. Se trata de la eliminación de los beneficios impositivos para los aportes destinados a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), una herramienta clave para canalizar financiamiento hacia pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa fue impulsada por sectores de la oposición, principalmente el kirchnerismo, y forma parte del paquete que ahora será revisado por el Poder Ejecutivo, que ya anunció su decisión de vetar todo aquello que atente contra el equilibrio fiscal.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) expresaron que «esta decisión legislativa impacta negativamente en uno de los instrumentos más eficientes, inclusivos y federales para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas».

Las entidades remarcaron que las SGR permiten reducir el riesgo crediticio mediante garantías de alta calidad, consideradas autoliquidables por el Banco Central, lo que facilita el acceso al crédito y reduce su costo.

Hasta ahora, el régimen permitía desgravar los aportes destinados a conformar los fondos de riesgo que respaldan esas garantías. Con el nuevo esquema, esa ventaja impositiva queda eliminada, dificultando la capitalización de las SGR y limitando su capacidad operativa.

Según el sector, los fondos comprometidos representaban apenas el 0,02% del PBI, pero eran fundamentales para sostener líneas de financiamiento por más de $1,2 billones de pesos anuales, que benefician a más de 70.000 pymes en todo el país.

Las entidades bancarias también cuestionaron el procedimiento legislativo. «Modificar este régimen sin un proceso adecuado de análisis técnico y de impacto, representa un grave error de política económica y un retroceso institucional que debilita la previsibilidad de las reglas de juego», señalaron en el comunicado. Y agregaron que los supuestos ahorros fiscales «son ampliamente compensados por los beneficios económicos que genera, especialmente en términos de inversión, formalización y crecimiento de las PyMEs».

La eliminación del beneficio fue justificada en el Senado como una medida para incrementar la recaudación y reducir el déficit previsional, pero desde el oficialismo aclararon que no comparten esa visión.

«El crédito productivo en la Argentina viene creciendo con fuerza, duplicándose en términos reales en el último año, pero aún se encuentra muy por debajo de los niveles observados en países comparables de la región. Las SGR son un instrumento relevante para sostener e impulsar este proceso», indicaron las cámaras bancarias.

El sector pyme también manifestó su preocupación ante el posible desfinanciamiento del sistema de garantías. Los bancos deberán elevar sus previsiones de riesgo, lo que se traducirá en un encarecimiento del crédito y una menor disponibilidad, afectando especialmente a las empresas del interior. Las entidades llamaron al Congreso y al Poder Ejecutivo a revisar la decisión y preservar el régimen de SGR como parte de una política productiva estable.

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