ARGENTINA

Lectura: 6 minutos

En una señal diplomática y judicial de peso en apoyo a la gestión de Javier Milei, el Gobierno de Estados Unidos anunció que intervendrá a favor de la Argentina en uno de los capítulos del millonario juicio por la expropiación de YPF.

A través del Departamento de Justicia (DOJ), la administración de Donald Trump presentará un escrito amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, solicitando que se suspenda la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska que ordenó entregar el 51% de las acciones de la petrolera a Burford Capital.

Esta acción no implica aún una posición oficial sobre el fondo del caso (la sentencia por US$ 16.100 millones), pero sí busca frenar el traspaso de acciones mientras avanza la apelación argentina contra el fallo adverso dictado en 2023.

El juicio por la expropiación de YPF se originó a raíz de la decisión del gobierno de la condenada Cristina Kirchner de estatizar la empresa en 2012 sin lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) como preveían los estatutos. El fondo litigante Burford Capital compró los derechos para litigar a los antiguos accionistas Eskenazi y luego obtuvo un fallo favorable en primera instancia.

En septiembre de 2023, la jueza Preska condenó a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares. Además, en un capítulo separado del caso, ordenó la transferencia del 51% de las acciones de YPF al demandante, algo que Argentina intenta evitar mientras la causa sigue en apelación.

La presentación del Departamento de Justicia no resuelve el caso, pero tiene peso político y jurídico, al tratarse de un actor con fuerte influencia ante la justicia neoyorquina. Según explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, «la intervención apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte para que suspenda la ejecución del fallo mientras se tramita la apelación».

No obstante, el respaldo no se extiende al fallo principal de US$ 16.100 millones, ni a la apelación por la orden de entrega de acciones, al menos por el momento.

Para Argentina, el apoyo del gobierno estadounidense representa un avance en su estrategia legal y diplomática, en un litigio que aún podría extenderse durante todo 2025 y parte de 2026.

En el marco de la causa Vialidad, la Justicia intimó a la corrupta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho condenados a pagar un decomiso de $684.000 millones, cifra que busca resarcir al Estado por la maniobra fraudulenta en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.

De ese total, a la exmandataria le corresponde una suma de $42.000 millones, según estableció el Tribunal Oral Federal Nº2. El plazo para realizar el depósito vence el próximo 13 de agosto a las 9:30 de la mañana. El cálculo del vencimiento contempla la feria judicial de invierno, durante la cual no corren los plazos procesales.

En caso de incumplimiento, la Justicia podrá avanzar con la ejecución de bienes embargados para cubrir las sumas adeudadas. El listado de activos fue elaborado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes encabezaron la acusación en el juicio oral. El documento incluye bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, entre otros condenados.

El patrimonio atribuido a la ex presidente incluye cuentas bancarias, inversiones bursátiles y propiedades. En particular, se identificaron siete cajas de ahorro —cuatro en pesos y tres en dólares—, una caja de seguridad en el Banco Galicia, cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz, una cuenta en el Banco Nación y cuatro cuentas comitentes en la Caja de Valores.

También figuran acciones en empresas que cotizan en Wall Street como Apple, Microsoft, Mercado Libre, Visa y Berkshire Hathaway, por un total de $170 millones.

En materia inmobiliaria, el listado detalla dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, ubicados en la calle Juncal (uno en la esquina con Uruguay y otro entre Azcuénaga y Uriburu), y 24 inmuebles en Santa Cruz, incluyendo la casa familiar en Río Gallegos, la residencia en El Calafate y el hotel boutique Los Sauces.

Cabe destacar que todos estos bienes fueron transferidos en 2016 a sus hijos mediante cesiones de derechos, mecanismo utilizado por la ex presidente para evitar embargos judiciales. Pese a ello, los activos se encuentran alcanzados por medidas cautelares.

También están comprendidas las sociedades familiares Hotesur S.A., Los Sauces S.A. y Comasa, cuya operatoria fue eje de otra investigación judicial por lavado de dinero. Las tres compañías fueron cedidas a sus herederos y actualmente están bajo embargo en el expediente Hotesur-Los Sauces.

En su última declaración jurada presentada al dejar la vicepresidencia en 2023, Cristina Kirchner no reportó propiedades a su nombre, pero sí declaró un usufructo sobre dos inmuebles: el departamento de 160 m² en Recoleta y la casa en El Calafate. También informó un vehículo Toyota Corolla híbrido cero kilómetros adquirido en ese mismo año.

El exponencial crecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner durante su paso por la función pública ha sido eje de denuncias por enriquecimiento ilícito y presuntas maniobras fraudulentas. En 2003, al llegar a la Casa Rosada, declararon $7 millones. Doce años después, Cristina Kirchner informaba un patrimonio de más de $72 millones.

Con la condena firme y la intimación judicial, ahora la expresidenta enfrenta la posibilidad concreta de que sus bienes sean liquidados para cubrir la millonaria reparación impuesta por corrupción.

Otro artículo de interés: Milei apela fallo de juez Preska por YPF