ARGENTINA

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó este viernes durante la conferencia en Casa Rosada que el Gobierno de Javier Milei comenzará el proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en donde se licitará el 90% de las acciones de la empresa, manteniendo a los empleados actuales.

«En primer lugar, comunicarles que el Gobierno nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AySA», anunció Adorni, y detalló: «De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado».

Según explicó el vocero presidencial, esto será «a través de un esquema mixto, que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores».

«Además, en esta propuesta se incluye la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas de AySA, dentro del programa de propiedad participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa», agregó Adorni, aclarando la situación de los empleados de cara al futuro.

Posteriormente, el funcionario hizo un repaso sobre la historia de la empresa en proceso de privatización: «Desde su reestatización en 2006, AySA requirió aportes permamentes del Tesoro nacional, totalizando más de 13.400 millones de dólares hasta el 2023», lo que refleja el enorme déficit de la compañía.

«La dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16% cuando supo ser del 4% promedio», reveló Adorni, demostrando los curros del kirchnerismo con el empleo estatal.

El Gobierno de Javier Milei sufrió un revés judicial en su intención de desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), también conocida como Vialidad Nacional, ícono de la corrupción kirchnerista.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza kirchnerista Martina Isabel Forns, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el gremio del sector y ordenó la suspensión por seis meses del proceso de reestructuración impulsado por el Ejecutivo, que tiene como objetivo eficientizar el sistema y eliminar la corrupción.

«Considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada», fundamentó la jueza Forns al dar curso a la presentación realizada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina).

De esta manera, queda paralizado por medio año el Decreto 461/2025, que preveía reubicaciones, suspensiones, traslados y la eliminación de estructuras dentro del organismo.

En su resolución, la magistrada kirchnerista cuestionó especialmente el artículo 32 del decreto, que establecía una fecha de caducidad para la estabilidad del personal, indicando que dicha disposición, según ella, «se vulneran las normas y garantías laborales vigentes».

Cabe recordar que hace diez días, el Gobierno de Javier Milei avanzó con la disolución, por decreto, de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. La medida fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien apuntó contra el organismo fundado en 1932, responsable del diseño, construcción, mantenimiento y gestión de la red de rutas nacionales en todo el país.

Antes de que se conociera el fallo favorable, el gremio kirchnerista había emitido un duro comunicado en redes sociales quejándose del cierre del organismo y la pérdida de privilegios.

El cierre de Vialidad Nacional representaba el fin de una era de ineficiencia y corrupción estructural en la obra pública. Las tareas de mantenimiento y desarrollo de rutas iban a ser coordinadas desde el Ministerio de Economía mediante concesiones a empresas privadas, con un sistema de control a cargo de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, dependiente del Gobierno nacional.

Con esta medida, el Gobierno de Milei avanzaba en su compromiso con la reducción del gasto público, la transparencia y la modernización de la gestión estatal.

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