ARGENTINA

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo técnico (Staff-Level Agreement) sobre la primera revisión del programa enmarcado en el Acuerdo de Financiamiento Extendido (EFF).

Este avance abre la posibilidad de desbloquear alrededor de US$ 2.000 millones (equivalentes a SDR 1.529 millones), sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.

Balance positivo pese a contexto externo complejo

El memorando oficial destaca que el programa comenzó con buen ritmo, a pesar de enfrentar un entorno internacional desafiante.

Argentina logró mantener la desinflación, continuar con el crecimiento económico, reducir la pobreza y reingresar a los mercados de capital internacional antes de lo esperado.

El acuerdo reconoce que el país sigue implementando políticas macroeconómicas estrictas, incluyendo una base fiscal sólida y una postura monetaria restrictiva.

También resaltó la transición hacia un régimen de tipo de cambio más flexible y el alivio de la mayoría de los controles cambiarios, sin generar tensiones en el mercado.

Claves del cumplimiento y agenda futura

El staff-level agreement incluyó compromisos para asegurar:

• Salvaguardar el ancla fiscal y fortalecer reservas.
• Continuar reduciendo la inflación de forma duradera.
• Mejorar el marco monetario y promover claridad en su funcionamiento.
• Avanzar en reformas que impulsen un modelo más abierto y orientado al mercado.

El fondo indicó que el Directorio Ejecutivo del FMI revisará la primera revisión a fines de julio.

El Gobierno nacional recortó 52.309 empleos públicos en los 19 meses que lleva de gestión (todos estos eran trabajadores con funciones injustificadas en el Estado, incorporados por los gobiernos kirchneristas, que otorgaron esos puestos a sus militantes).

Todo esto se da en el marco de la política de reducción del gasto que impulsa el presidente Javier Milei. De acuerdo con los datos oficiales, las principales bajas se registraron en la Administración Pública Nacional y en empresas y sociedades estatales.

En diciembre de 2023, previo al cambio de gobierno, la Administración Pública contaba con 205.550 empleados y las empresas estatales con 91.166. Para junio de 2025, esas cifras se redujeron a 175.146 y 74.933, respectivamente. También se registró una disminución de 5.672 puestos en el personal militar y de seguridad.

El ajuste impactó especialmente en las contrataciones especiales. Según el informe, mientras la planta permanente y transitoria cayó un 9,1%, los contratos regulares bajaron un 21,5% y los contratos sin relación de dependencia (LOYS) se redujeron un 52,7%, pasando de 6.810 en diciembre de 2023 a 3.221 en junio de 2025.

En paralelo, 1.081 empleados permanecen en «situación de disponibilidad», mecanismo que suspende la relación laboral mientras se evalúa su reubicación, principalmente en el Ministerio de Capital Humano.

El recorte ocurre en un contexto de tensión salarial. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la última oferta del Gobierno, que proponía un aumento del7,5% distribuido en seis tramos, además de sumas fijas de entre $20.000 y $25.000. En contraste, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó el acuerdo.

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