ARGENTINA

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Victoria Villarruel, vicepresidente de la Nación, denunció penalmente al periodista Javier Negre por publicaciones críticas realizadas en redes sociales. Lo acusa de violar los artículos 211, 213 bis y 226 bis del Código Penal, que castigan la «instigación a la violencia» y los «atentados contra el orden constitucional».

El motivo: un posteo en el que Negre sugiere que Villarruel estaría buscando apoyo de sectores del peronismo no kirchnerista y de fuerzas de seguridad retiradas. La funcionaria interpretó eso como una amenaza golpista, y pidió que se lo investigue por intentar «socavar el orden democrático».

Acusaciones absurdas: ¿criticar es ahora un delito federal?

Entre los pasajes más llamativos del escrito judicial, Villarruel afirma que el posteo en redes es «una amenaza descarnada al orden constitucional» y que el reposteo de la publicación representa «un agravamiento exponencial del daño». Incluso llega a decir que Negre debe ser investigado porque no se conocen sus medios de vida y que podría estar financiado con «dinero del erario público».

La denuncia también cita como argumento que el posteo fue hecho en una cuenta no verificada, que supuestamente replica noticias falsas, y que vincula a Negre con otras cuentas digitales como @cpo.news y @cronicapolitica. Sin embargo, ni una sola prueba concreta de delito es aportada.

Libertad de prensa en riesgo: cuando opinar se convierte en «atentado»

Más allá del tono rimbombante, la denuncia parece basarse en la idea de que una crítica o un análisis político ─aunque duro o polémico─ puede constituir un delito penal. Esto supone una distorsión grave del derecho a la libertad de expresión, protegido tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales de derechos humanos.

Negre no acusó a Villarruel de cometer ningún delito, sino que analizó movimientos políticos y especuló sobre posibles internas de poder. Pretender que eso equivale a una conspiración golpista es, como mínimo, delirante.

Lejos de fortalecer la institucionalidad del órgano que preside, la denuncia de Villarruel sienta un precedente peligroso: el uso del aparato judicial como herramienta para acallar voces incómodas. Además, expone una sensibilidad desmedida y una incapacidad para tolerar el disenso que contrasta con el cargo que ostenta.

El periodismo no puede trabajar bajo la amenaza de ser judicializado cada vez que cuestiona a un funcionario. Defender a Javier Negre no es solo una cuestión de solidaridad: es una defensa del debate público libre, plural y democrático.

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