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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó un acuerdo electoral estratégico con el presidente Javier Milei, consolidando una alianza política que busca garantizar la continuidad del cambio en la provincia y a nivel nacional. El pacto reúne a fuerzas del PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza.

Frigerio destacó que el objetivo central es evitar que el kirchnerismo retome el control de la provincia, asegurando la implementación de reformas estructurales y políticas orientadas al desarrollo productivo. «Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado, y lo estamos cumpliendo», sostuvo el mandatario provincial.

El gobernador remarcó que las reformas aplicadas en su gestión han permitido ordenar y transparentar el Estado, eliminar privilegios políticos y ofrecer soluciones concretas a la ciudadanía. Según explicó, el nuevo frente electoral no solo busca defender los avances alcanzados, sino también profundizar el modelo productivo y de oportunidades.

Frigerio subrayó que esta coalición está integrada por quienes «defienden al campo y al sector productivo» y apuestan a un futuro con más desarrollo y trabajo para Entre Ríos.

El acuerdo con La Libertad Avanza, la fuerza de Milei, marca un hito en la política entrerriana y refleja la sintonía entre ambos líderes en materia de reformas económicas, transparencia y reducción del gasto político. La estrategia apunta a fortalecer un bloque sólido que pueda replicarse en otras provincias y en el Congreso, con el objetivo de garantizar gobernabilidad y evitar retrocesos.

La confluencia de fuerzas políticas tan diversas también evidencia un nuevo mapa electoral donde las alianzas se construyen sobre ejes programáticos y no solo sobre afinidades ideológicas.

Puntos clave del acuerdo:

• Unidad entre PRO, UCR, MSE, Partido FE, Partido Libertario y La Libertad Avanza.
• Defensa del sector productivo y el campo.
• Continuidad de reformas estructurales.
• Rechazo al retorno del kirchnerismo en la provincia.

La firma del frente electoral llega en un contexto donde Milei busca consolidar apoyos provinciales para su agenda nacional y Frigerio pretende blindar Entre Ríos frente a eventuales avances del kirchnerismo.

La alianza se proyecta como un factor clave en la disputa electoral de 2025 y como un modelo de cooperación política entre el oficialismo nacional y gobiernos provinciales afines.

En una ofensiva sin precedentes contra la corrupción estructural, el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, ha revelado un extenso catálogo de irregularidades cometidas durante el gobierno kirchnerista. Denominado irónicamente «Museo de la Corrupción», el compendio expone cómo supuestas «políticas públicas» encubrían negocios millonarios, en un esquema que combinaba abuso de autoridad, fraude y extorsión a los sectores más vulnerables.

Entre los casos más resonantes, el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, fue denunciado por exigir a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajoasistir a marchas y movilizaciones a cambio de mantener el subsidio, cobrándoles incluso un porcentaje del monto otorgado. Las rendiciones de gastos se justificaban con facturas apócrifas. Junto a Belliboni, Jeremías Cantero enfrenta causas por administración fraudulenta.

La Línea 134 registró, entre el 2 y el 7 de febrero de 2024, más de 1.800 denuncias de coacción agravada contra beneficiarios de planes sociales, obligados a asistir a protestas bajo amenaza de perder la ayuda estatal. Casos como el de Sofía Ñañes, amenazada de perder su Potenciar Trabajo si no acudía a marchas organizadas por una agrupación social, ilustran la perversión de estos mecanismos.

En otra arista del escándalo, el desastrozo expresidente Alberto Fernández fue denunciado el 28 de febrero de 2024 por fraude y abuso de autoridad al adjudicar contratos de seguros a empresas de baja solvencia «a dedo», beneficiando a amigos personales y hasta a su secretaria.

Las auditorías también destaparon el descontrol en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), donde se otorgaban subsidios sin rendición de cuentas, comprometiendo programas de asistencia infantil.

Uno de los nombres más repetidos en la investigación es Emilio Pérsico, ex secretario de Economía Social, acusado de direccionar millonarios subsidios a cooperativas afines a su gestión. Pérsico operaba, literalmente, de ambos lados del mostrador: otorgaba fondos a las agrupaciones que él mismo lideraba.

La corrupción también alcanzó el plano material: en la compra de 1,3 millones de guardapolvos escolares, se desembolsó el 84% del presupuesto (5.500 millones de pesos), pero solo se entregó el 47% de la mercadería. Treinta y tres cooperativas fueron allanadas por quedarse con los fondos sin cumplir la entrega.

El Programa Progresar mostró una falta absoluta de control, otorgando becas con fondos de la ANSES ─dinero de los jubilados─ sin verificaciones ni rendiciones. Paralelamente, la investigación detectó la existencia de comedores fantasmas, registrados para recibir alimentos y dinero, pero inexistentes en la realidad: algunos figuraban en barrios cerrados, otros en locales comerciales como una gomería.

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