ARGENTINA

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La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York está a punto de emitir un fallo clave para el futuro de YPF y del Estado argentino.

El tribunal decidirá si el país debe entregar el 51% de las acciones que posee en la petrolera ─o presentar otra garantía─ mientras continúa la apelación contra el fallo que lo condenó a pagar US$ 16.000 millones (hoy ya más de US$ 18.000 millones con intereses) por la expropiación de 2012.

El origen del conflicto

El caso se remonta a la nacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. La jueza federal Loretta Preska determinó en primera instancia que Argentina debía compensar a los accionistas por la forma en que se concretó la expropiación. La sentencia fue apelada y la audiencia final está prevista para fines de octubre, después de las elecciones legislativas.

Mientras tanto, el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio, presiona para que se cumpla la sentencia y busca probar que el Estado y YPF actúan como un «alter ego», lo que abriría la puerta a embargos sobre otros activos argentinos en el exterior. Burford reclama no solo la entrega de las acciones, sino también el acceso a correos, chats y documentos de exfuncionarios como Luis Caputo y Sergio Massa.

Preska ya ordenó el «turn over» de las acciones, es decir, su transferencia a Burford. Argentina solicitó un «stay» (suspensión) hasta que se resuelva la apelación, algo que podría definirse en septiembre.

La Corte de Apelaciones podría optar por tres caminos:

• No conceder la suspensión y confirmar la orden de entrega de las acciones.
• Conceder la suspensión, pero exigiendo otra garantía distinta.
• Conceder la suspensión sin condiciones adicionales.

En los dos primeros casos, el gobierno de Javier Milei estaría dispuesto a acudir a la Corte Suprema de EE. UU., aunque esta instancia rara vez interviene en litigios administrativos.

Riesgos de desacato y consecuencias internacionales

Si la decisión final es desfavorable y Argentina no cumple, podría ser declarada en desacato, lo que traería sanciones económicas y diplomáticas. Según fuentes cercanas a la causa, estas podrían incluir:

• Restricciones para emitir deuda.
• Mayor desconfianza de inversores internacionales.
• Impedimento de ingreso a EE.UU. para funcionarios argentinos.
• Posible revocación de visas.

Burford será el encargado de pedir a Preska que declare el desacato en caso de incumplimiento.

Un fallo adverso representaría un golpe financiero y político en un momento en que el Gobierno busca atraer capitales y reforzar la confianza internacional. Por el contrario, una suspensión daría margen hasta septiembre para que la Cámara de Apelaciones decida si la orden de Preska fue válida.

En un nuevo gesto de acercamiento geopolítico entre Argentina y Estados Unidos, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, arribará a Buenos Aires a fines de agosto para encabezar una agenda de alto perfil que incluirá reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Defensa Luis Petri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El objetivo: profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa.

Ejercicio conjunto cerca de Atucha

Según fuentes oficiales, la visita contempla un ejercicio combinado entre la Guardia Nacional de Georgia y las Fuerzas Armadas argentinas, en el marco del acuerdo de asociación estratégica vigente desde 2016. Si bien los detalles aún se ultiman, trascendió que podría desarrollarse en las inmediaciones de la central nuclear de Atucha, simulando un operativo ante un intento de ataque.

La Guardia Nacional de Estados Unidos es una fuerza de reserva del Ejército y la Fuerza Aérea que interviene tanto en conflictos bélicos como en la seguridad interna, actuando en emergencias y grandes manifestaciones.

El 28 de agosto Kemp se reunirá con el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac. También tendría encuentros con Milei, Petri y Bullrich, siguiendo la línea de cooperación militar y de seguridad que el Gobierno argentino ha fortalecido en los últimos meses.

La visita se produce tras el paso por Buenos Aires de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, con quien Milei y Bullrich firmaron acuerdos para reforzar controles fronterizos y avanzar en el Visa Waiver Program, que permitiría a los argentinos viajar sin visa para estadías cortas.

En la misma línea, el presidente ya había recibido al jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, en el marco de la modernización de las Fuerzas Armadas y la adquisición de equipamiento clave.

La relación entre las fuerzas de ambos países se consolidó en el marco del State Partnership Program (SPP), vigente desde 2016. El año pasado, Kemp recibió en Atlanta al entonces embajador argentino, Gerardo Werthein, y al general Richard Wilson, jefe de la Guardia Nacional de Georgia, quien luego viajó a Buenos Aires para reunirse con Petri.

En junio, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Gustavo Javier Valverde, visitó Georgia y recorrió las instalaciones de la Guardia Nacional Aérea, participando en actividades vinculadas a los aviones F-16 recientemente adquiridos. El primero de estos ya se encuentra en el país para instrucción, mientras que en diciembre llegarán seis más, en camino a completar una flota de 25 unidades.

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