ARGENTINA

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En un avance clave dentro del prolongado litigio internacional por la expropiación kirchnerista de YPF, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos resolvió que Argentina podrá esperar la resolución de su apelación sobre la entrega de acciones de la empresa sin necesidad de entregar dichos títulos ni ofrecer otras garantías, suspendiendo la orden de la jueza Loretta Preska del 30 de junio pasado.

Esta decisión representa un respiro importante para el Estado argentino, que enfrenta una indemnización millonaria por la fallida nacionalización de la compañía en 2012 bajo el gobierno de la corrupta y condenada Cristina Kirchner.

Según lo dispuesto por la Corte, las acciones correspondientes al Estado argentino podrán permanecer depositadas en la Caja de Valores mientras se resuelve la apelación.

Esto significa que Argentina mantiene el control temporal sobre su participación mayoritaria en YPF, evitando de manera inmediata cualquier impacto directo sobre la gestión y operación de la empresa, así como sobre sus proyectos estratégicos, incluyendo el desarrollo de Vaca Muerta, una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo.

Al mismo tiempo, también se autorizó la participación como amicus del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que había apoyado la posición argentina en el juicio por YPF.

Además, la Corte determinó que el país podrá presentar su apelación sin necesidad de ofrecer garantías financieras adicionales. Esta medida otorga a Argentina un margen de maniobra jurídico y económico, permitiendo que el gobierno prepare su defensa de manera más estructurada y sin la presión de tener que cumplir la orden inicial de transferencia de acciones.

La disputa legal se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino adquirió el 51% de las acciones de la compañía controlada por Repsol. Desde entonces, los accionistas minoritarios demandaron al país alegando violaciones a sus derechos, lo que derivó en un fallo de la jueza Preska que ordenaba la transferencia de las acciones como forma de indemnización, valuada en más de 16.000 millones de dólares.

El Gobierno argentino había advertido previamente sobre los riesgos económicos y de soberanía que implicaría la pérdida del control de YPF, subrayando la relevancia estratégica de la empresa en la explotación de recursos energéticos y en la economía nacional en general.

La resolución de la Corte de Apelaciones ofrece, al menos temporalmente, un alivio frente a estas preocupaciones y marca un paso más en un proceso judicial que ha tenido un impacto internacional significativo.

En un nuevo golpe judicial que profundiza el ocaso político y judicial de Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó este jueves el pedido de la expresidente para frenar la ejecución de sus bienes, medida derivada de la condena por corrupción en la Causa Vialidad.

El fallo, firmado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, confirma que la líder del kirchnerismo deberá afrontar el decomiso de la suma determinada en la sentencia, monto actualizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A su vez, la Cámara de Casación deberá resolver si el índice de cálculo utilizado es correcto, luego de que la defensa cuestionara la metodología.

Para los magistrados, las quejas de la exmandataria no tienen sustento jurídico: «La arbitrariedad que se denuncia resulta ser, al final de cuentas, una discrepancia con la decisión del tribunal de cumplir con lo anunciado desde el dictado de la sentencia». En este sentido, ratificaron que no corresponde «forzar una supuesta excepción dirigida específicamente a una persona ─en este caso, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner─» para alterar lo resuelto.

El kirchnerismo, acorralado por las pruebas y sin margen de maniobra, insistió en que el monto calculado es «técnicamente inadecuado» y que debería aplicarse la tasa pasiva del Banco Nación ─lo que reduciría la cifra en hasta cien veces─ en lugar del Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Según el escrito presentado por su abogado, Carlos Beraldi, la cifra fue adoptada «sin debate previo» y vulnera el derecho de defensa.

Cristina, en su descargo, intentó desligarse de toda responsabilidad: «No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado ni bienes o ganancias que resulten el producto del referido episodio». Sin embargo, el tribunal fue contundente: el pronunciamiento es «inconmovible» al haberse agotado todas las vías recursivas.

Incluso, la expresidente amenazó con recurrir a la Corte Suprema y a «organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos» para frenar el decomiso, maniobra que recuerda a las estrategias dilatorias que durante años blindaron la impunidad del kirchnerismo.

La resolución representa una victoria para quienes exigen que los responsables de la corrupción devuelvan lo robado al Estado. En el clima político actual, marcado por el avance de políticas de transparencia y orden impulsadas por la administración nacional, este fallo se interpreta como un símbolo de Justicia sin condicionamientos partidarios.

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