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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes (22.08.2025) que Chicago y Nueva York, ambas con alcaldes demócratas, serán probablemente las próximas ciudades en ser blanco de una intervención federal bajo la excusa de combatir a la delincuencia, la falta de vivienda y la inmigración ilegal.

Trump indicó que la ciudad del Medio Oeste podría recibir un trato similar al que ha dado en Washington D. C., sede de la Casa Blanca y también bajo gobierno demócrata, donde ha desplegado 2,000 soldados de la Guardia Nacional en las calles.

«Creo que Chicago será la siguiente», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, y de inmediato añadió: «Y luego ayudaremos a Nueva York».

Los comentarios se produjeron cuando el Pentágono comenzó el viernes a ordenar a las tropas en Washington que portaran armas de fuego, aunque no ha habido indicios evidentes de que se hayan enfrentado a amenazas que requieran que porten armas.

Trump ha descrito repetidamente algunas de las ciudades más grandes del país ─gobernadas por demócratas, con alcaldes negros y poblaciones mayoritariamente minoritarias─ como peligrosas y sucias. Pero las estadísticas oficiales sobre delitos a la baja contradicen al magnate republicano.

El viernes señaló a Chicago, calificándola de «desastre» y diciendo que sus residentes «nos piden a gritos que vayamos» a pesar de la significativa disminución de los delitos violentos.

Rechazó unánime de las autoridades demócratas

La sugerencia de Trump de que Chicago podría ser el próximo objetivo de una campaña contra la delincuencia no fue bien recibida por los funcionarios de Illinois.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo que su oficina no ha recibido ninguna comunicación formal de la administración Trump sobre el despliegue militar o federal en Chicago, pero afirmó que «tenemos serias preocupaciones sobre el impacto de cualquier despliegue ilegal de tropas de la Guardia Nacional».

Johnson calificó el enfoque de Trump de «descoordinado, injustificado y poco sensato», argumentando que «tiene el potencial de avivar las tensiones entre los residentes y las fuerzas del orden».

No está claro cómo Trump llevaría a cabo en Chicago una iniciativa similar a su enfoque en Washington D. C., donde las leyes de autonomía local otorgan al gobierno federal una mayor autoridad.

Gobernador: es una «toma de poder autoritaria de las principales ciudades»

En una publicación en X titulada «Cosas por las que la gente está suplicando», el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, incluyó alimentos más baratos, que no se recorten los fondos de Medicaid ni la ayuda alimentaria para las familias con bajos ingresos, y que se hagan públicos los archivos federales sobre Jeffrey Epstein, el traficante sexual condenado y antiguo amigo de Trump.

Lo que no están suplicando, continuó Pritzker, es «una toma de poder autoritaria de las principales ciudades».

Por su parte, el senador Dick Durbin, de Illinois, el segundo demócrata del Senado, calificó la estrategia de Trump en Washington D. C. de «teatro político». Dijo que Chicago es «una ciudad hermosa y vibrante con gente de todos los ámbitos de la vida» y sugirió buscar «soluciones bipartidistas probadas» para reducir aún más la delincuencia.

Amenazas sin precedentes

«Estas amenazas sin precedentes del presidente Trump no son más que una toma de poder para distraer la atención de sus desastrosas políticas», dijo Durbin en un comunicado.

La senadora demócrata Tammy Duckworth, veterana de combate de la Guardia Nacional del Ejército, también criticó lo que calificó como el uso indebido del ejército por parte de Trump para «intimidar a los estadounidenses en nuestras propias comunidades».

Lisa Hernández, presidenta del Partido Demócrata de Illinois, calificó los comentarios de Trump de «ofensivos y falsos» y argumentó que su retórica se hace eco de una historia de narrativas racistas sobre la delincuencia urbana.

«Los habitantes de Chicago no le están suplicando» a Trump, declaró a The Associated Press.

Trump lleva más de una década apuntando a Chicago, incluso en las campañas presidenciales de 2024 y 2016. Ha comparado repetidamente la ciudad con Afganistán y, en 2017, amenazó con «enviar a los federales» debido a la violencia armada.

La llegada de 800 miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos a Washington, D.C., por orden del presidente Donald Trump, ha sido calificada como un «impulso autoritario» por Muriel Bowser, la alcaldesa de la capital del país.

Trump presentó su decisión de involucrar a la Guardia Nacional en Washington y poner a la Policía de la Ciudad bajo la supervisión de la fiscal general, Pam Bondi, y el director de la DEA, Terry Cole, como una ofensiva contra la delincuencia. Calificó la medida como «Día de la Liberación» y afirmó que la ciudad necesitaba ser rescatada de «la delincuencia, el derramamiento de sangre, el caos y la miseria».

Donald Trump también mencionó a otras ciudades, entre ellas, a Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Baltimore, como posibles futuros objetivos, si no abordaran sus propios problemas de delincuencia local.

Sin embargo, datos a nivel nacional muestran que la criminalidad está en su nivel más bajo en 30 años. «Las cifras simplemente no justifican esta medida», declaró la alcaldesa de Washington.

«Si se observan esos datos, se ve cómo la criminalidad está bajando», dice a DW Laura Dickinson, profesora de Derecho en la Universidad George Washington. «Las autoridades de la ciudad no han pedido ayuda [del presidente], de modo que esto realmente parece, en el mejor de los casos, cuestionable».

En parte, porque puede. Washington D.C. (que significa Distrito de Columbia) no forma parte de ningún estado de EE. UU. y se encuentra, en gran medida, bajo la jurisdicción del Gobierno federal.

Según la Ley de Autonomía de 1973, los presidentes pueden tomar el control de la Policía de Washington D. C. durante emergencias por 30 días sin la aprobación del Congreso. Y, al ser un enclave federal, el presidente también comanda la Guardia Nacional de la ciudad.

Para algunos expertos, la medida podría ser un intento de distraer de la controversia por los Archivos Epstein y las cifras en aumento del desempleo. La popularidad de Trump también está a la baja.

Los opositores de Trump dentro y fuera del Congreso dicen que la acción está planeada para un preciso control de las ciudades que no apoyan al presidente.

El Caucus Negro del Congreso de Estados Unidos, que no tiene miembros republicanos, también indicó que las ciudades mencionadas por Trump tienen todas el denominador común de estar dirigidas por alcaldes negros, calificando la medida como una «toma de poder descaradamente racista y despreciable».

¿Pueden oponerse al presidente las ciudades y estados demócratas?

El Ejecutivo tiene menos poderes fuera de la capital del país. Los gobernadores de los 50 estados de EE. UU. presiden la Guardia Nacional dentro de sus propias fronteras.

Esta distinción clave, según William Banks, profesor de Derecho de la Universidad de Siracusa, dificultaría enormemente que Trump cumpliera con sus amenazas de extender las intervenciones más allá del enclave federal de Washington D.C.

«No puede ir a Chicago, Filadelfia, Nueva York o Los Ángeles y hacer lo mismo. Simplemente, no tiene la autoridad para hacerlo», subraya Banks a DW.

«Su argumento es que esas disposiciones son necesarias para garantizar que los manifestantes no destruyan propiedad federal ni perjudiquen al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), ni al personal de inmigración que se encuentra allí realizando su trabajo», explica Banks, que añade que «Trump camina allí sobre hielo muy delgado».

Si bien la Guardia Nacional puede proteger los bienes federales, la Ley Posse Comitatus prohíbe el uso activo del personal militar en la Policía Nacional. En California, un juicio que investiga si el despliegue de la Guardia Nacional infringió esta ley y fue potencialmente inconstitucional concluyó recientemente, y el veredicto aún está pendiente.

Por su parte, Dickinson afirma que el uso de fuerzas militares por parte del Gobierno «podría dañar la credibilidad y el respeto que los estadounidenses tienen por el Ejército y la Guardia Nacional. Estas son algunas de las pocas instituciones en Estados Unidos que gozan de un apoyo bipartidista muy amplio».

¿Qué es probable que suceda a continuación?

El mando federal de la Policía de Washington D. C. finaliza después de 30 días, a menos que el Congreso, de mayoría republicana, apruebe una extensión. La Guardia Nacional puede permanecer activa indefinidamente.

A pesar de las alarmas generadas por los opositores de Trump, quienes califican la medida de una muestra de autoritarismo, Banks prevé que es más probable que se vuelva al statu quo, sobre todo en lo que respecta a las amenazas a otros estados. «No nos gustan los uniformes militares en nuestras calles, ni que mujeres y hombres armados las patrullen».

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