INTERNACIONAL

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La República Libanesa está «ahogada» en términos geográficos, por Siria, que por años estuvo alimentando a la milicia terrorista de Hezbolá. El sur del país fue el centro operativo del grupo terrorista islámico, en la frontera con Israel. En la frontera norte, a poco de cruzar la línea que separa al país árabe de Siria se encuentra enclavado el enorme puerto de Tartus, en manos de Rusia desde la década del 60 después de la Guerra Fría.

La colaboración de Moscú con el régimen ─ya desaparecido─ de los Asad nunca conmovió a los europeos. Rusia necesita el puerto de Tartus para mover la flota de guerra que durante seis largos meses quedaría inmovilizada por el hielo que cubre las aguas del mar de Barents.

La misión de cascos azules de la ONU en el sur del Líbano (FINUL) ha sido prorrogada por unanimidad por el Consejo de Seguridad solo hasta finales de 2026, cuando comenzará su retirada, que deberá completarse en el plazo de un año.

Fuentes del Consejo explicaron a EFE que ha sido la insistencia de Estados Unidos la que ha llevado a poner fin a esta misión, establecida con diferentes nombres desde 1978, lo que la convertía en una de las más longevas de cascos azules en el mundo.

El gobierno del Líbano había solicitado una renovación de un año a partir del 1 de septiembre ─cuando expira el actual mandato─ y en el entendido de que era una renovación a la que seguirían otras, pero Estados Unidos ha presionado para poner fin a una misión que entiende ya ha cumplido su objetivo.

La representante diplomática estadounidense ante el Consejo, Dorothy Shea, resaltó ayer que esa misión se considera cumplida ahora que el ejecutivo de Beirut ha encargado a las Fuerzas Armadas Libanesas «poner todas las armas bajo control del Estado para fines de este año», en alusión al grupo chií libanés Hezbulá, intocable en el sur del país y que ahora deberá entregar sus armas.

Según la resolución, negociada durante dos semanas principalmente entre Estados Unidos y Francia, la FINUL deberá «comenzar un repliegue y retirada ordenadamente entre el 31 de diciembre de 2026 y durante un año», y todo ello «con el fin de hacer que el Gobierno libanés sea el único proveedor de seguridad en el sur del país».

Durante esa transición de un año, la FINUL ─donde sirven actualmente casi 700 militares españoles y que, de hecho, ha sido comandada durante varios años por un general español─ tendrá como cometido garantizar la seguridad y servicios para su personal (algo más de 10.000 miembros) mientras se retiran, así como «contribuir a la protección de civiles y la entrega de asistencia humanitaria por vías civiles, dentro del límite de sus capacidades».

La resolución obliga también al Gobierno de Israel a retirarse al sur de la Línea Azul, la frontera «de facto» entre los dos países, «incluidas las cinco posiciones que mantiene en territorio libanés».

La relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, la italiana Francesca Albanese, pidió en una conferencia coorganizada por Colombia y Sudáfrica en Bogotá, a todos los países del mundo cortar los lazos con Israel, pues considera que tratar la «ocupación» de los territorios palestinos como algo normal significa apoyar la «presencial ilegal» del Estado judío allí.

«Que cada Estado revise y suspenda inmediatamente sus vínculos con el Estado de Israel, sus relaciones militares, estratégicas, políticas, diplomáticas y económicas, tanto de importaciones como exportaciones», expresó Albanese durante la instalación de la reunión ministerial del Grupo de La Haya en la capital colombiana, donde se busca debatir formas de presionar a Israel para que acabe su ofensiva en Gaza.

La diplomática agregó que los países deben asegurarse de que su sector privado, desde bancos y fondos de pensiones hasta universidades, corten los lazos con Israel, al igual que proveedores de servicios en las cadenas de suministros. «Tratar la ocupación como algo normal significa apoyar o proporcionar ayuda o asistencia a la presencia ilegal de Israel en los territorios palestinos ocupados», precisó.

Washington anunció sanciones contra Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas para Palestina, poco después de que ésta emitiera un informe crítico con Israel.

Las sanciones a Albanese ─que se ha mostrado particularmente crítica con Israel desde el comienzo de la ofensiva en Gaza─ han merecido la condena de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, entre otras organizaciones. También el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Washington reconsiderar la medida.

«Exhorto a Estados Unidos a levantar rápidamente las sanciones» contra la relatora, señaló Türk en un comunicado, en el que recordó que «los relatores especiales de la ONU abordan, por su naturaleza, cuestiones delicadas y a menudo divisivas». A la vez, argumentó que incluso en caso de «desacuerdo feroz» los gobiernos deben comprometerse con este trabajo de manera constructiva, en lugar de recurrir a medidas punitivas.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció las sanciones, aunque no especificó en qué consistían. La experta nacida en Italia publicó a principios de este mes un informe en el que denuncia a las empresas que, según ella, «se beneficiaron de la economía israelí de ocupación ilegal, apartheid y ahora genocidio» en los territorios palestinos ocupados.

Según Rubio, Albanese está «incapacitada» para ejercer como relatora especial porque «ha expresado un antisemitismo descarado, apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente».

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