ARGENTINA

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Morgan Stanley informó que mantiene una posición long en el mercado argentino, confiado en que los resultados de las elecciones de medio término favorecerán al oficialismo que lidera Javier Milei. La expectativa de un fortalecimiento político para el Gobierno es interpretada como una señal positiva para avanzar con el programa de reformas económicas.

El banco identificó las elecciones como «el obstáculo a corto plazo para la economía, las reformas y los mercados», destacando la votación en la Provincia de Buenos Aires (PBA) el 7 de septiembre y las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Los analistas señalan que las encuestas muestran actualmente una carrera reñida en la PBA, aunque su hipótesis de base anticipa un buen resultado para el oficialismo.

Morgan Stanley espera que los mercados financieros argentinos suban después de los comicios. Según la investigación publicada el lunes, los bonos argentinos en US$ podrían cotizar con un rendimiento inferior al 10% para fin de año, lo que representa aproximadamente 11 puntos de potencial alcista desde los niveles actuales. Esta compresión del rendimiento abriría nuevamente el acceso al mercado para Argentina.

Para las acciones, que cotizan a 7,9 veces el consenso de beneficio por acción a futuro, el banco ve un potencial alcista «atractivo». La firma recomienda específicamente mantener posiciones en Vista, Banco Galicia y Loma Negra.

El análisis enfatiza que el atractivo de los activos argentinos dependerá de que Milei logre capitalizar electoralmente el apoyo social y transformarlo en capacidad legislativa. A pesar de las perspectivas positivas, Morgan Stanley aconseja a los inversores mantener «posiciones largas moderadas en ambas clases de activos» debido a los riesgos a la baja, advirtiendo que «un escenario de reversión de reformas dejaría las necesidades de financiación externa demasiado altas».

De este modo, la apuesta del banco refleja la visión de que un buen desempeño electoral del oficialismo podría consolidar la confianza de los mercados, reforzando el rally de bonos y acciones en Argentina.

El Gobierno de Javier Milei presentó este lunes una denuncia formal ante la Justicia Federal por una «operación de inteligencia ilegal» destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral argentino. Según la presentación, se trataría de un ataque planificado con presunta injerencia extranjera, cuyo objetivo central sería condicionar las próximas elecciones legislativas.

Según el comunicado oficial, la maniobra consistió en la captación ilegal de audios privados pertenecientes a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, así como de otros funcionarios de alto rango. El material habría sido manipulado o difundido de manera escalonada con el fin de instalar sospechas, generar caos y desinformación para condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas.

«No se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado. El mismo apunta directamente al núcleo de la democracia argentina: el proceso electoral», señaló el texto difundido por la Casa Rosada.

Según explicó el Gobierno de Milei, la gravedad del hecho radica no solo en el carácter ilegal de la práctica, sino también en la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa de Gobierno, lo que configuraría una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial.

En la denuncia, el Ejecutivo identificó a varias personas presuntamente vinculadas con la maniobra. Entre ellas, figuran el periodista kirchnerista Mauro Federico; el secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresario de medios, Pablo Toviggino; el conductor Jorge Rial, quien recientemente había declarado públicamente que «había que espiar al presidente»; y el abogado Franco Bindi, señalado como operador judicial cercano al ex jefe de la Secretaría de Inteligencia Fernando Pocino.

El comunicado también apunta a la posible influencia de actores extranjeros, al remarcar que el patrón de la operación guarda similitudes con campañas de desinformación atribuidas a intereses rusos y chavistas en otros países, con el objetivo fue generar caos y desinformación.

La Ley de Inteligencia Nacional en Argentina prohíbe de manera expresa que organismos o particulares realicen espionaje político o manipulen la opinión pública mediante actividades ilegales. Por este motivo, la denuncia solicita medidas cautelares urgentes para frenar la publicación de nuevas filtraciones y garantizar la transparencia del proceso electoral.

Desde el Gobierno de Milei advirtieron que el ataque no solo afecta a los funcionarios directamente involucrados, sino que busca socavar la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas.

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