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Sorprendieron las manifestaciones que ocurrieron en varias ciudades del gigante latinoamericano. Más por el volumen que por los seguidores del expresidente que está siendo juzgado por los hechos ocurridos en enero de 2023 cuando debía asumir la presidencia el actual mandatario Lula da Silva. El presidente brasileño está furioso con Estado Unidos debido a una restricción que aplicó la Casa Blanca al ingreso al país de un juez brasileño acusado de fallar contra Bolsonaro. El Congreso actualmente discute la posibilidad de una amnistía amplia para todo los involucrados en los sucesos del 2023.

Miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro protestaron este domingo (07.09.2025) en varias ciudades de Brasil en defensa del expresidente y exigieron una amnistía «amplia y general», en medio del juicio oral que enfrenta en el Supremo por supuesto intento de golpe de Estado.

Entre gritos de «Bolsonaro, vuelve» y carteles de apoyo al mandatario estadounidense, Donald Trump, la manifestación más multitudinaria se celebró en la Avenida Paulista, en São Paulo, y tuvo réplicas al menos en Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia.

Los bolsonaristas también desplegaron una bandera enorme de EE. UU. y respaldaron con firmeza a Trump, quien sancionó a varios jueces del Supremo e impuso aranceles del 50 % a buena parte de las importaciones brasileñas en represalia por lo que considera una «caza de brujas» contra su aliado.

La familia de Bolsonaro se dividió para respaldar la inocencia del líder ultraderechista, en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto pasado y que previsiblemente la próxima semana conocerá el veredicto del Tribunal Supremo.

La Fiscalía ha pedido condenar al ex jefe de Estado y a siete de sus colaboradores, entre exministros y mandos militares, acusados de conspirar para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, ya insinuó que propondrá una pena dura y hoy fue objeto de duras críticas.

Los simpatizantes del expresidente sostienen que la investigación es un «invento» para sacarlo del tablero político y defendieron que pueda volver a disputar unas elecciones. Sin embargo, Bolsonaro está inhabilitado hasta 2030 tras ser condenado por la Justicia Electoral por abuso de poder en la campaña de 2022.

Contramanifestaciones

En paralelo, militantes de izquierda, movimientos sociales y sindicatos también aprovecharon este 7 de septiembre para salir a la calle con una agenda radicalmente opuesta: rechazar la amnistía, clamar contra Trump y exigir una condena para Bolsonaro.

Hubo concentraciones al menos en Brasilia y São Paulo, donde según un estudio preliminar de la Universidad de São Paulo (USP) se reunieron casi 9.000 personas. Mientras que en la capital brasileña, Lula encabezó el desfile cívico-militar por la Independencia, marcado este año por la defensa de la soberanía nacional frente a las intromisiones de Trump.

La defensa de Jair Bolsonaro rechazó este miércoles (03.09.2025) ante el Supremo que el expresidente brasileño participara en un complot golpista y redujo la acusación de la Fiscalía a unas meras «suposiciones», en una sesión que ha dejado el juicio listo para que se entregue la sentencia.

«No hay nada, no existe absolutamente nada contra Bolsonaro», aseveró Celso Vilardi, uno de los abogados del exmandatario, ante los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte Suprema, que la semana próxima retomarán las sesiones, ya en fase definitoria.

La defensa desvinculó a Bolsonaro de la trama golpista que, según la acusación, buscó impedir la asunción del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, y mantener al líder ultraderechista en el poder, pese a su derrota en las elecciones de 2022.

Vilardi redujo los hechos a «meros actos preparatorios» que no pueden ser objeto de pena, pues en ningún momento hubo «violencia o grave amenaza».

Ejes para una posible absolución

Los letrados de Bolsonaro, quien está en prisión domiciliaria y siguió la audiencia desde su casa por problemas de salud, armaron su argumentación sobre tres ejes. En primer lugar, pidieron la nulidad del acuerdo de colaboración judicial del exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, que sirvió de base para la investigación. Vilardi aseguró que Cid «mintió» y que su confesión está viciada, por lo que debería ser excluida del proceso.

Los abogados también aludieron a restricciones para el ejercicio de la defensa y, por último, atacaron la denuncia del fiscal general, Paulo Gonet. Tacharon las conclusiones del fiscal de «contradictorias» y criticaron que la querella que imputa a Bolsonaro cinco delitos que le pudieran costar hasta 40 años de prisión, está basada en «narrativas y suposiciones», según apuntó Paulo Cunha Bueno, otro de los abogados del expresidente.

Así, pidieron la «imperiosa» absolución de Bolsonaro, aunque la tesis de Gonet es radicalmente opuesta, ya que sitúa a Bolsonaro en el centro de la conspiración golpista y lo asocia con el asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de ultras destrozaron las sedes de los tres poderes en Brasilia para forzar una intervención militar que derrocase al nuevo Gobierno.

Según la investigación, tras su derrota electoral, Bolsonaro preparó un borrador de decreto presidencial para establecer medidas de excepción, como un estado de sitio, y hasta avaló un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, ahora relator del juicio por golpismo.

El proceso se reanudará el próximo día 9 de septiembre, cuando De Moraes dará a conocer su dictamen, que será discutido con otros cuatro magistrados de la sala en otras dos audiencias previstas para la semana próxima.

Posible amnistía

Mientras el proceso judicial llega a su tramo final, el bolsonarismo ha retomado con fuerza sus maniobras en el Congreso en favor de una polémica amnistía para los implicados en la asonada de enero de 2023.

El proyecto se discute desde el año pasado y, en principio, solo favorecería a aquellos que participaron directamente en los desmanes del 8 de enero de ese año en Brasilia. Sin embargo, los sectores más ultras proponen ahora que esa amnistía sea «amplia, general e irrestricta», con lo cual alcanzaría al propio Bolsonaro y a quienes están siendo juzgados por el Supremo.

El debate es incipiente, pero algunos partidos de la derecha más moderada han comenzado a discutir un posible apoyo, aunque por el momento no aceptarían que beneficie al exmandatario, al menos en lo referido a la inhabilitación que pesa en su contra, por abusos de poder en los que incurrió en la campaña de 2022.

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