INTERNACIONAL

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Cuba todavía vive fuera de la democracia, desde 1959, con la complicidad de gobiernos de izquierda incluidos algunos argentinos, como ocurrió con el matrimonio Kirchner durante veinte años.

Los cubanos que quedaron en la isla ─por razones entendibles─, que no se animaron a lanzarse al mar para cruzar a La Florida, viven en la pobreza mas extrema sin los artículos mínimos para la vida cotidiana. Los deportistas, músicos y artistas que logran invitaciones para participar en eventos internacionales, cuando pueden adoptan el camino, doloroso por cierto, del exilio. Pese a semejante escenario Fidel Castro sigue siendo una guía de políticos argentinos, que no dudan en algunos casos rechazar la experiencia de médicos locales y optan por viajar a recibir tratamiento en la isla.

Al menos 60.000 presos en Cuba, casi la mitad de su población penitenciaria estimada, están sometidos a trabajos forzados, en su mayoría sin salario y en unas condiciones «inhumanas y explotadoras» por motivos «económicos y punitivos», denunció la organización no gubernamental Prisoners Defenders este lunes (15.09.2025).

El informe habla de «condiciones de esclavitud» en «una desconexión absoluta e impune de la legislación internacional y cualquier derecho laboral», y denuncia que la isla «consolida el trabajo forzoso» como «motor económico» y exporta su producción a Europa.

También indica que la gran mayoría de los afectados no firma un contrato laboral ni recibe un salario o este es meramente «simbólico», al no superar los 4 dólares al mes.

Amenazas, violencia física y represalias a pesar de las enfermedades

Asimismo, subraya que los presos, tanto políticos como comunes, trabajan un promedio de 63 horas semanales, principalmente en la producción de carbón vegetal de marabú, la zafra de caña de azúcar, la elaboración de tabacos y la construcción.

Además, todos los encuestados aseguraron haber sido coaccionados a trabajar mediante amenazas, violencia física y represalias, y la gran mayoría señaló que fueron obligados a trabajar independientemente de padecer enfermedades crónicas o lesiones incapacitantes para las funciones asignadas.

El reporte se basa en entrevistas estandarizadas a 53 exreclusos, cuyos testimonios fueron contrastaron con otras 60 entrevistas adicionales y fuentes documentales verificadas externamente, detalló Prisoners Defenders.

Cuando el cubano Ovadys Armas Vásquez tenía 32 años, estaba tan frustrado con el Gobierno de su país que se unió a un grupo de opositores y grabó un video en el que decía que daría la vida para que cayera la dictadura. El video terminó en manos de la temida Seguridad del Estado. Armas Vásquez fue encarcelado, interrogado, torturado y después de un mes lo llevaron al monte para trabajar en la fabricación de carbón vegetal.

Una pesadilla

«No había baño, dormimos debajo de un techo de palma que tuvimos que hacer nosotros mismos y solo comíamos arroz con frijoles aguados y de vez en cuando un huevo», cuenta en entrevista exclusiva con DW el expreso político que hoy vive asilado en EE. UU.

Fue un trabajo duro: se levantaba a las cinco de la mañana y terminaba a las seis de la tarde, trabajando bajo un sol inclemente, sin siquiera tener un equipo de trabajo adecuado. Su rudo trabajo consistía en cortar una planta espinosa con machete y acumular sus troncos para la quema en hornos que generan el carbón vegetal.

«Las espinas del marabú atravesaban mis zapatos», recuerda Armas Vásquez, refiriéndose a la planta invasora de nombre científico Dichrostachys cinerea, conocida en Cuba como marabú. «Era como estar en una pesadilla», se lamenta.

De vez en cuando, a los 15 presos les entregaban algunos pesos para poder comprar cigarros o una botella de ron, pero otras veces solo recibían golpes, insultos y castigos, comenta el cubano. Nunca supo hacia dónde iba el carbón.

Ese combustible vegetal se exporta principalmente a Europa, reveló este lunes la organización de derechos humanos Prisoners Defenders, al presentar un informe en Madrid. «La mayor parte del carbón vegetal de marabú va a España, pero también está disponible en Alemania, Suiza y Austria», comenta a DW Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. «Se encuentra en tiendas online, distribuidores especializados y plataformas enfocadas en hostelería y grill», denuncia.

DW comprobó que hay una amplia gama de ofertas en línea en Alemania, donde se venden unos 10 kilos por alrededor de 25 euros. Algunos vendedores destacan en sus anuncios que la compra del carbón de marabú es un aporte ecológico, ya que su destrucción ayuda a recuperar el ecosistema natural de Cuba.

En 2023, Cuba exportó 61,8 millones de dólares en carbón vegetal, lo que la convirtió en el noveno mayor exportador de ese producto en el mundo. Durante ese mismo año, el carbón vegetal producido con «mano de obra esclava» fue el sexto producto más exportado de Cuba, destaca el informe.

Los principales destinos de las exportaciones de carbón vegetal de Cuba fueron España, seguido de Portugal y Grecia. Según los cálculos de la ONG, por cada saco de 15 kilogramos que un consumidor compra en Europa, los comercializadores en España recibieron 21,06 dólares, el Gobierno de Cuba recibió 7,88 dólares, y el preso sujeto a trabajo forzoso apenas 0,009 dólares.

Lucro con la explotación

«Resulta muy evidente que el desmedido ánimo de lucro es el único motivo que mueve al régimen cubano», concluyen los autores del reporte y exigen a la Unión Europea poner fin a la comercialización de este tipo de productos resultados de trabajos forzosos.

Para el estudio, la ONG entrevistó a más de 50 exreos. Según los testimonios, el trabajo forzoso abarca una amplia gama de sectores y productos de exportación como el tabaco y la caña de azúcar, pero también incluye trabajos de limpieza y de construcción dentro de Cuba.

Que los prisioneros tengan que trabajar no constituye de por sí una violación a los derechos humanos si es libremente consentido y se hace en condiciones dignas y con un salario justo, subraya el relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud en su reciente informe sobre el tema de septiembre de 2024.

Pero destaca una serie de prácticas abusivas que se asemejan a una esclavitud moderna y señala a Cuba explícitamente como uno de los países donde existe el «trabajo forzoso impuesto por el Estado».

Según la evidencia recopilada por Prisoners Defenders, el 100 por ciento de los entrevistados fue obligado a trabajar bajo coacción, amenazas, violencia o represalias. El 69 por ciento no firmó contrato laboral. El 98 por ciento trabajó sin herramientas, formación o útiles de trabajo necesarios. El 81 por ciento no percibía un salario. El 45 por ciento sufrió violencia física y todas las mujeres declararon haber sido víctimas de condiciones degradantes y abusivas, la mitad de ellas sufrieron violencia sexual por parte de los funcionarios u otros reos.

Los autores estiman que, de un total de 90 mil prisioneros, unos 60 mil son explotados en todo el país bajo nombres como «trabajo correccional», «granjas» o «brigadas», términos que sirven, según los autores, para ocultar la explotación.

Otras organizaciones de derechos humanos consultadas por DW y no asociadas al informe confirman la explotación laboral de prisioneros como práctica habitual y legal en Cuba. «El trabajo penitenciario suele estar mal remunerado o no remunerado, se desarrolla en condiciones de insalubridad y sin garantías mínimas de seguridad laboral», subrayó a DW el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.

Ese grupo con sede en México también señala que, en el caso de las personas presas por motivos políticos, se utiliza además como mecanismo de castigo o coerción, ya que quienes se niegan a trabajar enfrentan represalias que incluyen la suspensión de visitas familiares, amenazas, aislamiento o la restricción de beneficios penitenciarios.

Prisoners Defenders llama a las autoridades europeas a iniciar una investigación en virtud de su Directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Esa norma obliga a las empresas europeas a no integrarse en cadenas de valor basadas en trabajo forzoso. Para la ONG, la prohibición de la venta de esos productos es un mecanismo viable para impedir la explotación de los presos cubanos.

*Imagen ilustrativa.

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