ARGENTINA

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En medio del debate por el presupuesto universitario, datos de un informe reciente denominado «Education at a Glance 2025», elaborado por la OCDE, revelan que Argentina, bajo el Gobierno de Javier Milei, destina actualmente cerca del 1,04% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación universitaria.

Este porcentaje ubica al país en niveles similares a los de las principales economías del G20, e incluso por encima de naciones como Japón, Israel o Irlanda, tradicionalmente consideradas de alto desarrollo educativo.

A pesar de esta inversión comparativamente elevada, los resultados en términos de graduación son preocupantes. Según reveló el estudio, apenas el 19% de los jóvenes argentinos de entre 25 y 34 años logra completar sus estudios universitarios, un indicador que evidencia que el gasto público no se traduce automáticamente en mejores resultados académicos ni en mayores niveles de formación profesional.

En contraste, el 48% de los jóvenes de los países miembros de la OCDE y el 41% en las naciones del G20 si completan sus estudios, lo que refleja los malos resultados de Argentina.

El informe evidencia que, a pesar de los ataques de la oposición kirchneristas y las campañas de desinformación, el gasto del Gobierno de Milei en universidades no es menor que el de muchas potencias mundiales.

En este contexto, la crítica del informe se centra en la efectividad de ese gasto, especialmente en un país donde menos de uno de cada cinco jóvenes culmina la educación superior y donde instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA) no se dejan auditar.

Los cuestionamientos desde la oposición a la administración libertaria pierden aún más relevancia si se considera que, en el marco del Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei anunció aumentos reales para el sector educativo. Las universidades nacionales, por ejemplo, recibirán una asignación adicional de 4,8 billones de pesos, y el presupuesto designado a Educación aumentará un 8% por encima de la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un fuerte cruce con el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, en la previa de la Marcha Federal Universitaria y de la sesión en Diputados que tratará los vetos del presidente Javier Milei.

El funcionario nacional cuestionó los elevados ingresos de las autoridades universitarias, contrastando con el discurso de reclamo de mayores fondos. «Gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros…», afirmó Caputo.

Yacobitti respondió «Lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona». A su vez adjunto una imagen de un supuesto recibo de sueldo, pero se ve que omitió tapar el motivo del recibo el cual aclaraba «profesor titular», desestimando el recibo y cuestionando seriamente la credibilidad del vicerrector.

Caputo redobló la crítica en redes sociales: «Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca. Sépalo la gente. Porque el país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto. El país que propone esta gente ya lo conocemos. Es el que heredamos todos los argentinos en diciembre del 2023. Solo hay una cosa peor que eso, su continuidad».

El intercambio entre el ministro y el dirigente universitario se dio en un contexto en el que el Gobierno difundió datos oficiales sobre los salarios de los rectores de universidades nacionales. Según la información presentada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, 14 rectores perciben sueldos brutos mensuales de entre 8 y 18 millones de pesos, mientras que otros 33 se ubican entre 5 y 8 millones. Apenas una decena de rectores se encuentra por debajo de los 5 millones.

Este escenario expone una contradicción central en el reclamo de las universidades. Mientras exigen incrementos en el presupuesto, las máximas autoridades del sector mantienen ingresos que superan con amplitud los del presidente de la Nación y de su gabinete. Milei, desde diciembre de 2023, mantiene congelado su salario, y el de todo el brazo ejecutivo, que asciende a alrededor de 4 millones de pesos brutos, un monto considerablemente inferior al de la mayoría de los rectores.

El contraste subraya, la falta de proporcionalidad en el manejo de los recursos del sistema universitario. Para el Gobierno, el debate no se limita a la discusión presupuestaria, sino también a la transparencia en la administración de fondos y a la necesidad de que las universidades acompañen la política de austeridad impulsada desde la Casa Rosada. En esa línea, Caputo remarcó que la continuidad de privilegios salariales como los de las autoridades académicas es incompatible con el objetivo de consolidar un Estado más eficiente y sostenible.

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