Paro nacional de indígenas en Ecuador

INTERNACIONAL

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Foto: Donovan & Scott*

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En cinco años el colectivo indígena de Ecuador logró el derrocamiento de tres presidentes. ¿Van ahora por el cuarto? Marlon Vargas es el jefe reconocido de la Corporación indígena que concentra alrededor del ocho por ciento de la población, aunque los mismos involucrados hablan de una cifra que llega hasta el 25%.

El gobierno de Noboa soporta desde hace un año huelgas permanentes por motivos diversos, desde oposición a proyectos mineros o bien por el reclamo de subsidios como el actual. A pesar de la firmeza del presidente, la situación es sumamente grave y nadie asegura la estabilidad institucional.

La mayor organización indígena de Ecuador (Conaie) convocó este jueves (18.09.2025) a un paro nacional «inmediato e indefinido» en protesta contra la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió en 56%.

Los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) enfrentaron violentas protestas lideradas por la Conaie y que les obligaron a dar marcha atrás en el alza de los combustibles.

Con la eliminación del subsidio decretada el viernes, el galón americano de diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares. La medida encendió focos de protestas, que dejan una decena de detenidos.

Transportistas bloquearon temporalmente los accesos a Quito y vías en la provincia andina de Carchi (norte y fronteriza con Colombia), lo que llevó al mandatario Daniel Noboa a declarar el estado de excepción en siete de las 24 provincias del país.

Pese al estado de emergencia y la prohibición de reuniones, el gobernante, en el poder desde 2023, enfrentó el martes la marcha más grande por las calles de la andina Cuenca (sur) para rechazar un proyecto minero.

Ante el aumento del diésel, la Conaie resolvió llamar a sus «bases, a las organizaciones sociales y sociedad civil en todo el territorio del Ecuador a un paro nacional de carácter inmediato e indefinido», dijo su presidente, Marlon Vargas, tras una reunión celebrada en Riobamba (centro andino).

Amenaza de Noboa

La organización también plantea «la derogatoria inmediata» del decreto que puso fin al subsidio por «ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y las vidas de millones de familias ecuatorianas».

También declaró que «prohíbe el ingreso de la fuerza pública» a los territorios indígenas.

Los pueblos originarios representan casi 8% de los 17 millones de habitantes de Ecuador, según el último censo, mientras que el líder nativo y excandidato presidencial Yaku Pérez sostiene que de acuerdo a estudios antropológicos suman un 25%.

El subsidio al diésel representa anualmente 1.100 millones de dólares, que serán destinados a bonos para familias pobres, créditos productivos y compensaciones temporales para el transporte público, según el Ejecutivo.

«No van (…) a tratar de destruir todo lo que nosotros hemos construido, serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos a la cárcel», dijo Noboa desde Riobamba.

Los sindicatos prevén marchar en Quito el 23 de septiembre.

La Conaie encabezó protestas sociales que entre 1997 y 2005 derrocaron a tres presidentes.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó este miércoles (17.09.2025) incluir en el referéndum previsto para finales de año una Asamblea Constituyente que redactará una nueva Constitución.

Lo anterior, después de que la Corte Constitucional rechazara varias reformas propuestas por el mandatario al considerar que vulneraban el marco normativo de la actual carta magna, promovida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), durante su mandato.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Noboa justificó esta iniciativa para «sacar al país del secuestro institucional» y devolver «el poder al pueblo».

El anuncio se produce en mitad de una pugna abierta con el tribunal constitucional, quien además ha suspendido preliminarmente varios artículos de polémicas leyes impulsada por Noboa que acumulan numerosas demandas de inconstitucionalidad al denunciar que vulneran derechos fundamentales.

El mandatario cuestionó las decisiones del alto tribunal, al que tacha de rechazar sus preguntas por «puro activismo político».

*Imagen ilustrativa.

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