OPINIÓN

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El presidente Trump está imponiendo una tasa de 100.000 dólares para obtener un visado H-1B, el visado principal para trabajadores extranjeros cualificados. Para que quede claro, esta tasa de 100.000 dólares se suma al salario, los honorarios de los abogados y otros gastos derivados de la contratación de un trabajador con visado H-1B. Esta tasa acabaría efectivamente con la categoría de visados H-1B, ya que haría prohibitiva para la mayoría de las empresas la contratación de trabajadores con este visado. Esto obligaría a las principales empresas tecnológicas a salir de Estados Unidos, reduciría la demanda de trabajadores estadounidenses, reduciría la innovación, tendría graves efectos económicos de segundo orden y disminuiría la oferta de bienes y servicios en todos los ámbitos, desde la tecnología de la información y la educación hasta la fabricación y la medicina.

El presidente Trump también prohibió la entrada de nuevos trabajadores H-1B en una proclamación presidencial similar en junio de 2020, alegando que perjudicaban a los trabajadores estadounidenses durante la crisis económica provocada por la pandemia. Afortunadamente, un tribunal dictaminó en octubre de 2020 que la medida era ilegal y que no existía la autoridad legal para que el presidente reescribiera la ley de inmigración de Estados Unidos para microgestionar el mercado laboral estadounidense. Esto ayudó a las empresas a conservar puestos de trabajo durante la pandemia, ya que los trabajadores de servicios tecnológicos facilitaron el cambio al teletrabajo.

El ajuste de la tasa del visado H-1B, que se establece por reglamento, requeriría una notificación y un procedimiento de comentarios, y no una proclamación presidencial. Aun así, salvo en el caso de tasas legales específicas, la única base para que el Gobierno establezca tasas es recuperar los costos de la tramitación de las solicitudes. La tasa de 100.000 dólares de Trump no tiene base legal. Sin embargo, dada la vaguedad de las competencias en materia de inmigración, hay motivos para temer que los tribunales confirmen esta medida.

El presidente también tiene previsto imponer un aumento del salario vigente, o salario mínimo obligatorio, para los trabajadores H-1B, otra medida que su administración intentó aplicar en 2020. En ese caso, el Departamento de Trabajo intentó promulgar una normativa formal al respecto en 2020. Esa norma contenía muchos errores fácticos y jurídicos que yo identifiqué en ese momento, y también fue bloqueada por no cumplir con la Ley de Procedimiento Administrativo (al igual que la actual proclamación presidencial). Finalmente, no se aplicó.

La distorsión ilegal del salario vigente impediría la contratación incluso de los trabajadores H-1B más cualificados. Esto se debe a que el salario vigente tiene cuatro niveles diferentes en función de la experiencia, las habilidades y las responsabilidades de gestión del puesto. La norma habría elevado el salario hasta tal punto que incluso los altos directivos con años de experiencia habrían quedado fuera del mercado.

El plan del presidente Trump de socavar el visado H-1B contradice sus declaraciones durante el debate conservador sobre el visado en diciembre de 2020, cuando dijo: «Siempre me han gustado los visados. Siempre he estado a favor de los visados. Por eso los tenemos. Siempre he creído en el H-1B. Lo he utilizado muchas veces. Es un programa estupendo».

Quizás alguien debería recordar al presidente sus palabras sobre este y otros temas de inmigración.

David J. Bier – elCato.org

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