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El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció el viernes que su país no implementará el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, una reforma legalmente vinculante que busca gestionar de forma conjunta la llegada irregular de solicitantes de asilo.

Esta declaración fue realizada durante una rueda de prensa conjunta con la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Gdańsk, en el marco de la presidencia polaca del Consejo de la UE.

El Pacto, aprobado por los 27 Estados miembros y previsto para entrar en vigor en 2026, establece un demencial sistema de «solidaridad obligatoria», donde los países podrán elegir entre tres opciones: reubicar a un número determinado de solicitantes de asilo (30.000 al año), pagar contribuciones financieras (600 millones de euros en total), o brindar apoyo operativo como personal o equipos.

No obstante, desde el inicio de las negociaciones, Polonia y Hungría se han opuesto firmemente al pacto, especialmente al mecanismo de solidaridad, al considerar que impone cuotas migratorias en contra de su voluntad.

Tusk reafirmó esta postura durante su intervención, afirmando que Polonia ya ha asumido una carga humanitaria significativa al acoger a millones de refugiados ucranianos tras la invasión rusa en 2022, lo que coloca al país en una «situación muy particular».

«Polonia no implementará el Pacto de Migración de una forma que implique cuotas adicionales de inmigrantes», declaró. Añadió que su país está dispuesto a cooperar en la lucha contra la migración ilegal, pero sin aceptar nuevas cargas impuestas por Bruselas.

Aunque aseguró que su gobierno cumplirá otras leyes europeas relacionadas con la protección de fronteras y la lucha contra la migración irregular, rechazó tajantemente el mecanismo de reubicación. «Este no es un debate ideológico. Es una cuestión de seguridad nacional. Polonia está bajo una enorme presión migratoria en su frontera oriental, instrumentalizada por Bielorrusia y Rusia», afirmó.

Ursula von der Leyen, por su parte, adoptó un tono conciliador. Reconoció el esfuerzo excepcional de Polonia al albergar a la mayor cantidad de refugiados ucranianos en Europa durante casi tres años y aseguró que esta realidad «será tenida en cuenta y respetada» en la aplicación del Pacto.

El texto prevé que los países bajo «presión migratoria» puedan beneficiarse de medidas de solidaridad, como la reubicación de migrantes hacia otros Estados miembros o la exención total o parcial del mecanismo. Sin embargo, dichas exenciones aún no han sido definidas oficialmente y se determinarán después de la entrada en vigor de la legislación y la publicación de un informe anual de la Comisión.

La firme oposición de Tusk parece anticiparse al proceso de evaluación y busca asegurar que Polonia obtenga una exención automática del sistema. No está claro si un país que se niegue a aplicar el Pacto podrá beneficiarse de las medidas solidarias ofrecidas por otros Estados.

Aunque la Comisión Europea ha advertido anteriormente que los países que ignoren la reforma podrían enfrentarse a procedimientos legales, von der Leyen evitó reiterar esta amenaza en su declaración pública junto a Tusk.

Este no es el primer caso en que la Comisión adapta su enfoque frente a la presión polaca. En 2024, tras la propuesta de Tusk de suspender temporalmente el derecho al asilo en casos de migración instrumentalizada, Bruselas terminó aceptando ciertas excepciones en circunstancias excepcionales.

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