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«Esta mañana encierran a un inocente», escribió Nicolas Sarkozy, en la red social X. «La verdad triunfará», pero «el precio a pagar habrá sido abrumador», aseguró el expresidente conservador de Francia entre 2007 y 2012.
En concreto, fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente la campaña de 2007 que le llevó al poder.
Nicolas Sarkozy, que defiende su inocencia, ingresó en la cárcel parisina de la Santé para cumplir una pena de cinco años de prisión por asociación ilícita, impuesta por un tribunal de París en septiembre, convirtiéndose en el primer ex jefe de Estado francés entre rejas desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
«A las 10H00 (08H00 GMT) estará en prisión», donde «pase lo que pase», permanecerá «entre tres semanas y un mes», aclaró a la radio Europe 1 su abogado Christophe Ingrain, en referencia a la solicitud de libertad condicional que presentará rápidamente.
«¡Oh, bienvenido Sarkozy!», «¡Está Sarkozy!», gritaron varios pesos desde sus celdas, según reporta la agencia francesa AFP.
Su condena estuvo acompañada de polémica porque el también marido de la cantante Carla Bruni cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión sin esperar al resultado de su recurso. El juicio en apelación debe celebrarse en los próximos meses.
Para evitar el contacto con otros detenidos y eventuales fotos, Sarkozy ocupará probablemente una de las 15 celdas de nueve metros cuadrados del área de aislamiento de la Santé, según agentes penitenciarios que conocen bien la prisión.
El exmandatario francés, nacido el 28 de enero de 1955, seguirá los pasos de otros famosos presos que ya pasaron por esta cárcel, como el venezolano Carlos «El Chacal», condenado por atentados en los años setenta y ochenta, o el dictador panameño Manuel Antonio Noriega.
Sus abogados pueden solicitar su libertad condicional desde el momento en que pise la cárcel, porque ya tiene 70 años. La justicia tendrá dos meses para resolver.
«Sarko», como se le conoce en Francia, será el primer ex jefe de Estado galo encarcelado desde Philippe Pétain, quien acabó entre rejas al término de la Segunda Guerra Mundial por colaborar con la Alemania nazi.
Aunque otros jefes de Estado europeos han pisado la cárcel, el francés será el primero de un país ya dentro de la Unión Europea.
Su encarcelamiento choca con la imagen de mano dura contra los delincuentes que este animal político se forjó como ministro del Interior entre 2005 y 2007, un cargo que lo catapultó a la presidencia.
Esta condena no es la primera contra el conservador, que ya portó una tobillera electrónica a inicios de año. Suma otras dos por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, y también tiene otras causas abiertas.
Aunque seis de cada 10 franceses consideran «justa» su entrada en prisión, según un sondeo reciente, sus críticas a la presunta politización de los jueces, le cosecharon apoyos en sectores de la derecha y la ultraderecha.
La fiscalía abrió una investigación por amenazas en las redes sociales contra la magistrada del caso, e incluso el presidente actual, el centroderechista Emmanuel Macron, se vio obligado a defender a la justicia.
Independencia de la Justicia
Sin embargo, el viernes lo recibió en el Palacio del Elíseo, la sede de la presidencia. «Era normal que, en el plano humano, recibiera a uno de mis predecesores en este contexto», explicó el lunes Macron.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, también aseguró que visitará en prisión a su mentor en política, una visita que podría «atentar contra la independencia de los magistrados», advirtió este martes el fiscal general de la Corte de Casación, Rémy Heitz.
El primer ministro Sébastien Lecornu propuso este martes (14.10.2025) al Parlamento suspender la impopular reforma de las pensiones de 2023 hasta las próximas elecciones presidenciales, prevista para 2027, con miras superar la profunda crisis política que sacude Francia.
La suspensión de esta reforma es una de las líneas rojas de la oposición socialista para no sumar sus votos a los del resto de la izquierda y la extrema derecha para derribar el tercer gobierno del presidente Emmanuel Macron en menos de un año.
El retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento a 43 años de la cotización necesaria para una pensión completa a partir de 2027 cristalizan desde su adopción en 2023 el descontento con la política del presidente centroderechista.
Lecornu, de 39 años, precisó que no habrá ningún retraso de la edad «hasta enero de 2028», como solicitó el primer sindicato francés CFDT, y la duración de la cotización permanecerá también congelada en «170 trimestres hasta enero de 2028».
Pero en un momento en que la segunda economía de la Unión Europea se encuentra bajo presión para reducir su elevada deuda pública (115,8% del PIB) y llevar el nivel de déficit público por debajo de 5% del PIB en 2026, advirtió que la suspensión tendrá un costo.
Esta medida, que beneficiará a 3,5 millones de franceses, costará 400 millones de euros en 2026 y 1.800 millones en 2027, precisó Lecornu, que señaló que deberá ser «compensada con ahorros».
El anuncio ocurre horas después de la presentación de su proyecto de presupuestos para 2026, que prevé un esfuerzo fiscal de 30.000 millones de euros, en gran parte por una reducción del gasto público.
La suspensión de la reforma de las pensiones divide al oficialismo. Macron había rechazado hasta el momento ceder a este reclamo que pedían la oposición de izquierda y los sindicatos desde hace más de dos años.
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