ARGENTINA

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El Gobierno de Javier Milei anunció que, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, se recortaron un total de 58.797 puestos en el Estado pertenecientes a ñoquis y empleados militantes kirchneristas, según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El ajuste fue constante durante todo el período analizado, afectando principalmente a la Administración centralizada y descentralizada, que concentra la mayor parte de las bajas, aunque también se incluyen recortes en empresas públicas.

Esta medida forma parte de la estrategia de la administración libertaria para achicar el Estado, reducir el gasto público y, en consecuencia, generar un alivio fiscal que permita continuar con la política de reducción de impuestos, uno de los objetivos del actual plan económico.

Durante años, la política de creación masiva de empleos públicos respondió a fines políticos, aumentando el número de puestos estatales sin ningún tipo de control, y generando un Estado sobredimensionado y deficitario, por lo que este tipo de ajustes son necesarios para poner fin a un modelo decadente heredado del kirchnerismo.

Desde su asunción, el Gobierno de Milei, por el contrario, priorizó la eficiencia y la reducción de estructuras innecesarias, en línea con su objetivo de terminar con el déficit fiscal y preparar el terreno para una disminución de impuestos que beneficie a toda la sociedad, fortaleciendo la economía e impulsando la inversión privada.

El conflicto en torno al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) llegó a la Justicia Federal con una denuncia penal presentada por Marcelo Mazzeo, abogado, ciudadano y concejal de La Libertad Avanza del Partido de Esteban Echeverría.

La querella apunta al director del organismo, Dr. Homero Giles, y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su carácter de máxima autoridad jerárquica, por presuntas irregularidades en la gestión del organismo.

La denuncia, presentada ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, señala que los funcionarios podrían haber cometido delitos graves contra la administración pública, incluyendo administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Mazzeo sostiene que el IOMA, con un presupuesto que supera los 188 mil millones de pesos anuales, fue «capturado políticamente» y se transformó en una «caja política o instrumento de propaganda», desviando recursos que deberían destinarse a la atención sanitaria. Según el denunciante, esta situación habría generado un colapso estructural en el sistema de prestaciones, afectando directamente a los afiliados y a los profesionales de la salud.

Entre los puntos centrales de la querella se destaca el colapso sanitario y desfinanciamiento del IOMA. La denuncia afirma que existen violaciones sistemáticas al derecho a la salud, incluyendo retrasos en pagos a entidades médicas como FEMEBA, FENECON y FREMEBO, demoras en honorarios profesionales y la suspensión de tratamientos vitales, entre ellos oncológicos, prótesis y medicación crónica.

Otro aspecto señalado es la afiliación compulsiva de empleados municipales y provinciales, lo que la querella describe como un régimen de «extorsión institucional» que vulnera el derecho de los ciudadanos a elegir libremente su cobertura de salud.

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