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El primer ministro polaco, Donald Tusk, acusó este martes (18.11.2025) a Rusia de estar detrás del sabotaje registrado entre el 15 y el 17 de noviembre en la línea ferroviaria Varsovia-Lublin, clave para el envío de ayuda a Ucrania. Según explicó ante el Parlamento, los autores serían dos ciudadanos ucranianos que «operan y colaboran desde hace tiempo con los servicios rusos». Ambos entraron en Polonia desde Bielorrusia este otoño y habrían huido por el paso de Terespol tras los ataques.

Los sabotajes incluyeron la explosión de un artefacto con C4 y un intento de descarrilamiento mediante una abrazadera de acero. Tusk afirmó que Polonia ha detenido a 55 personas por actos de sabotaje desde 2022 y anunció la introducción del nivel de alerta «CHARLIE» en determinadas rutas ferroviarias.

El primer ministro advirtió de que en todos los casos investigados existe conexión con los servicios rusos y sostuvo que el objetivo de Moscú es generar caos y fomentar sentimientos antiucranianos.
Respuesta de Moscú

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó las acusaciones polacas y las describió como una muestra más de «rusofobia».

«Sería extraño que no se culpara inmediatamente a Rusia», declaró Peskov a la televisión estatal. «La rusofobia, por supuesto, está floreciendo allí», agregó.

Desde el comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022, Polonia asegura haber sido objeto de intentos de sabotaje presuntamente orquestados por Rusia.

Nawrocki, alineado con el partido conservador de la oposición Ley y Justicia (PiS), justificó su rechazo porque los nuevos magistrados «cuestionan el orden constitucional y legal de la República de Polonia» y apoyó su veto en el derecho que le otorga una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012.

En un comunicado publicado en internet, el presidente escribió: «me niego a nombrar a estos 46 jueces». Y agregó: «Esto ya no es solo una señal verbal, sino una decisión concreta de no aceptar más nominaciones».

Nawrocki subrayó que tampoco concederá ascensos ni dará su aprobación en general a aquellos magistrados que «escuchan los malos consejos del ministro de Justicia, (Waldemar) Żurek, quien alienta a los jueces a cuestionar el orden constitucional y legal de la República».

Agregó finalmente que durante los cinco años que durará su mandato, asumido este verano, «ningún juez que cuestione las facultades constitucionales del presidente, de la Constitución polaca y del sistema legal polaco puede contar con una nominación».

Esta situación creada agudiza aún más la crisis judicial que atraviesa Polonia desde que, en 2015, el anterior Gobierno del PiS implantó una reforma que politizó al Consejo Nacional de la Judicatura (KRS) al supeditar el nombramiento, cese y gestión disciplinaria de los jueces al Ejecutivo.

El actual Gobierno del primer ministro Donald Tusk ha prometido «despolitizar» el KRS, dando a los jueces la potestad de nombrar a los miembros del consejo y fijando requisitos de experiencia, además de limitar el acceso de los magistrados nombrados bajo el anterior Gobierno al Tribunal Supremo.

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