ARGENTINA

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Luego de que se conociera que el Gobierno de Javier Milei avanzará en 2026 con su política de reducción del Estado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por el violento y golpista Rodolfo Aguiar, respondió con amenazas y la posibilidad de adelantar un paro nacional.

El gremio, conocido por su carácter desestabilizador, eligió profundizar el enfrentamiento con acusaciones y amenazas dirigidas directamente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En este clima, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, pronunció una repudiable frase. «Es un ser siniestro que viene por nosotros, pero tiene que saber que los estatales también vamos por él», amenazó.

Lejos de moderar su postura, Aguiar insistió con denuncias que buscan presentar cualquier intento de eficiencia estatal como un ataque deliberado. Según afirmó en un comunicado: «El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre».

ATE decidió, además, dejar abierta la posibilidad de medidas de fuerza para diciembre. Según la conducción del gremio, podrán activar «protestas sorpresivas» en rechazo al plan oficial, el cual consiste en seguir reduciendo el Estado para poder bajar más impuestos, beneficiando a todos los argentinos.

Además, Aguiar afirmó que «el Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es todo ideológico», insistiendo en una lectura que desconoce la magnitud del problema que la administración libertaria intenta corregir, tras décadas de gobiernos kirchneristas que llenaron al Estado de ñoquis y empleados militantes.

La convocatoria al paro nacional, aprobada por unanimidad en un encuentro de delegados realizado en San Luis, confirma que ATE buscará profundizar la confrontación antes que el diálogo.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, están coordinando la estrategia con la que el Gobierno buscará avanzar sobre distintos organismos del Estado. «La motosierra es constante», aseguraron desde Casa Rosada.

Aunque en la administración libertaria evitaron precisar cuántos estatales podrían verse involucrados en esta nueva fase, dejaron trascender que la reducción abarcaría «otro 10%», lo que implicaría un recorte de gran escala sobre la dotación actual.

El Gobierno de Milei ya lleva adelante un monitoreo mensual para evaluar funciones, estructuras y contratos, con instrucciones directas del presidente de «lograr un Estado más eficiente».

La administración de Javier Milei volvió a colocarse en el centro de la escena internacional al exigir una «acción inmediata» de la Corte Penal Internacional (CPI) frente al agravamiento de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la narcodictadura venezolana.

En la apertura de la conferencia anual del tribunal, Argentina pidió que se ejecuten sin más demoras las órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, señalados como los principales responsables de crímenes de lesa humanidad.

El reclamo llega en un momento de máxima tensión entre Caracas y Washington, luego de que el gobierno de Donald Trump desplegara buques de guerra frente a las costas venezolanas y reiterara que Maduro y Cabello deben abandonar el poder por su rol en actividades de terrorismo y narcotráfico.

El embajador argentino ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, fue categórico al plantear que desde el anuncio de la fiscalía en 2021 sobre el cierre del examen preliminar en Venezuela, no hubo avances sustanciales. Por eso, reclamó acelerar las investigaciones y proceder con urgencia al dictado y ejecución de órdenes de arresto contra los líderes chavistas.

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