ARGENTINA

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La administración de Javier Milei volvió a colocarse en el centro de la escena internacional al exigir una «acción inmediata» de la Corte Penal Internacional (CPI) frente al agravamiento de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la narcodictadura venezolana.

En la apertura de la conferencia anual del tribunal, Argentina pidió que se ejecuten sin más demoras las órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, señalados como los principales responsables de crímenes de lesa humanidad.

El reclamo llega en un momento de máxima tensión entre Caracas y Washington, luego de que el gobierno de Donald Trump desplegara buques de guerra frente a las costas venezolanas y reiterara que Maduro y Cabello deben abandonar el poder por su rol en actividades de terrorismo y narcotráfico.

Una postura firme y solitaria frente a la inacción internacional

El embajador argentino ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, fue categórico al plantear que desde el anuncio de la fiscalía en 2021 sobre el cierre del examen preliminar en Venezuela, no hubo avances sustanciales. Por eso, reclamó acelerar las investigaciones y proceder con urgencia al dictado y ejecución de órdenes de arresto contra los líderes chavistas.

Sadofschi remarcó que Argentina se disoció del consenso general de la asamblea porque no podría convalidar un documento que relativiza la gravedad de la crisis humanitaria venezolana: «La Argentina no se siente ni puede ser considerada parte de la decisión», indicó. Y pidió expresamente que la disociación quede asentada en las actas.

Respuesta del chavismo y réplica contundente de Argentina

El representante de la dictadura chavista en La Haya, Héctor Constant Rosales, acusó al gobierno argentino de «politizar la conferencia». Pero la delegación argentina respondió con firmeza, rechazando «en todos sus términos» las declaraciones del diplomático venezolano y recordando los crímenes de lesa humanidad que el régimen continúa cometiendo.

La tensión bilateral incluye además el caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Caracas bajo acusaciones arbitrarias. La Argentina reclama su liberación inmediata y exige garantías sobre su integridad física, considerando el deterioro institucional en Venezuela.

El Gobierno nacional presentó el proyecto de Reforma Integral del Código Penal, una iniciativa que marca un quiebre respecto de décadas de legislación permisiva y fallos que terminaron beneficiando a delincuentes violentos. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que se trata de un cambio estructural orientado a recuperar el orden, la justicia y la defensa de las víctimas, pilares que habían sido relegados por administraciones anteriores.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, afirmó que la reforma apunta a revertir «años de gobiernos que defendían a los delincuentes» y que el nuevo marco normativo busca «colocar a las víctimas en el centro del sistema penal». Según detalló, el actual Código Penal ─con casi un siglo de antigüedad─ quedó completamente desajustado frente a fenómenos criminales contemporáneos como el narcotráfico, la criminalidad organizada y los delitos sexuales de alta gravedad.

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