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El canciller de Perú, Hugo de Zela, propuso este miércoles (03.12.2025) a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reforzar los procedimientos del asilo diplomático para evitar que continúe su «evolución negativa» y se convierta en «un instrumento para eludir la justicia».

Su comparecencia ante el Consejo Permanente de la OEA se produce en medio de la disputa por el asilo que México otorgó a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, condenada a 11 años y cinco meses por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022.

El asilo otorgado a Chávez, que permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima desde noviembre, provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Aunque el canciller insistió en que su intervención no se refiere al caso específico de Chávez, sí advirtió que este reafirma la «evolución negativa en la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas» de 1954, utilizada hoy «para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en Estados democráticos».

De Zela pidió que al evaluar las peticiones «se analice de manera oportuna y objetiva, con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado».

El ministro reconoció los retos de su país, que no se ha recuperado aún de la crisis política tras la destitución de Castillo, pero afirmó que «prevalecen las garantías del debido proceso» y «sobre todo, el principio de no impunidad».

Adelantó que Perú estaría considerando elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los Estados miembros de la OEA a debatir y fortalecer juntos el multilateralismo y los tratados sobre asilo.

Embajadora de México critica propuesta

La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, reivindicó en la sesión que «la figura del asilo diplomático constituye uno de los pilares más importantes para la protección de la dignidad humana».

La representante mexicana criticó a Perú por querer abordar con este debate una disputa bilateral y subrayó que la OEA no es el «espacio competente» para revisar ni reinterpretar la Convención de Caracas, ya que no todos los Estados parte del tratado integran el organismo y algunos países miembros ni siquiera son parte del acuerdo.

Baños defendió que México «actuó conforme a la normativa interamericana vigente» al otorgar el asilo a Chávez y exigió «respeto al derecho internacional».

El gobierno de México rechazó este lunes (03.11.2025) la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas, luego de que otorgó asilo a la ex jefa de gabinete peruana, Betssy Chávez, procesada por un fallido golpe de Estado en el país sudamericano, informó la cancillería.

«México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú», señaló la secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Chávez es señalada por la justicia peruana de ser «coautora» del intento de disolución del Congreso que en diciembre de 2022 efectuó el entonces presidente Pedro Castillo.

De su lado, el presidente interino de Perú, José Jerí, defendió este lunes la decisión de su Gobierno de romper las relaciones diplomáticas con México, después de el país norteamericano otorgara asilo en su embajada a Betssy Chávez, ex primera ministra del izquierdista presidente Pedro Castillo (2021-2022), enjuiciada junto a él por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022.

«Decisiones firmes», señaló Jerí en la red social X al replicar el mensaje de la Presidencia de Perú, en el que se anunció la decisión del Ejecutivo de romper relaciones diplomáticas con México.

El anuncio de la ruptura de las relaciones con México fue realizado en una rueda de prensa por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, «frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) han intervenido en los asuntos internos del Perú».

Tanto Sheinbaum como previamente López Obrador han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue este quien en realidad sufrió un golpe de Estado que atribuyen a los grupos de poder peruanos que dominan el Congreso.

De Zela sostuvo que el Gobierno peruano conoció hoy «con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo» se encuentra en la embajada del país norteamericano.

«Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias», remarcó.

Perú espera comunicación formal de México

El canciller aclaró que la ruptura de las relaciones diplomáticas «no significa» que se hayan «roto relaciones consulares» con México.

El funcionario también dijo que ahora lo que «tiene que ocurrir es recibir una comunicación formal del gobierno de México para dar inicio al proceso» del eventual asilo para Chávez, algo que aún no ha sucedido, según precisó.

Betssy Chávez está acusada junto a Castillo de rebelión en el juicio por el fallido intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Pedro Castillo, de quien era primera ministra.

La entonces presidenta del Consejo de Ministros estuvo detrás de la cámara mientras Castillo pronunciaba un mensaje a la nación donde ordenaba cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decretos, ante el temor de una moción de censura en el Congreso tras revelarse indicios de presunta corrupción en su administración que le salpicaban directamente a él.

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a inicios de septiembre su excarcelación inmediata al determinar que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva, en la que permanecía desde junio de 2023.

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