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Estados Unidos exigió este viernes (05.12.2025) al Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que tildó de «dictadura», la liberación inmediata de «todos los presos políticos», que, según organismos, son al menos 62, y advirtió que los «están vigilando».
«En estas fiestas, demasiados nicaragüenses verán en sus mesas asientos vacíos donde deberían estar sus seres queridos, mujeres y hombres detenidos injustamente o desaparecidos arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega», criticó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X.
«Su dolor e incertidumbre son un recordatorio diario de la inhumanidad del régimen. Liberen ya a todos los presos políticos nicaragüenses. Los Estados Unidos están vigilando», demandó esa oficina adscrita al Departamento de Estado.
Al menos 62 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua siguen en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores y 28 en condición de «desaparición forzada», denunció en la víspera el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los privados de libertad se encuentran el excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.
También los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, que forman parte de los 18 adultos mayores, y los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.
El mensaje de la oficina adscrita al Departamento de Estado, que en el pasado ha condenado el encarcelamiento de disidentes y guardabosques comunitarios en Nicaragua, ocurre una semana después de que el presidente Donald Trump asegurara que el país centroamericano, al igual que Cuba y Venezuela, ha sido tomada por «narcoterroristas».
Actualmente el Gobierno de EE. UU. evalúa imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, en inglés), tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas «irrazonables» de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.
En febrero pasado, el secretario de Estado Marco Rubio tildó a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, de «enemigos de la humanidad», y que el Gobierno sandinista «se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Ortega) donde básicamente han tratado de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen».
El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembro, prolongó este lunes (29.09.2025) hasta el 15 de octubre de 2026 las sanciones adoptadas por la crisis política y social en Nicaragua.
La institución comunitaria indicó en un comunicado que las medidas restrictivas que actualmente están en vigor afectan a 21 personas y tres entidades.
Los afectados por las sanciones están sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de ellos. Las personas físicas tienen también prohibido entrar o transitar por el territorio de la UE.
«La UE reitera su llamado para que se restablezcan las libertades fundamentales en Nicaragua, se libere a todos los presos políticos restantes y regresen las organizaciones internacionales de derechos humanos», señaló el consejo.
«La UE también subraya la necesidad de poner fin a las restricciones al espacio cívico, respetar el derecho a la disidencia y poner fin a todo tipo de represión, tanto en Nicaragua como en el extranjero», agregó
El club comunitario también invitó a Nicaragua a reanudar la cooperación con la ONU y «otras instancias internacionales clave, incluido el Consejo de Derechos Humanos».
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