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Según la ministra portuguesa de Energía y Medio Ambiente, Maria da Graça Carvalho, la Comisión Europea debe desempeñar un papel clave para garantizar una competencia justa entre los países de la Unión a medida que van modernizando su infraestructura de red eléctrica para mantener estabilidad de precios.

Si la electricidad se abarata considerablemente por medios artificiales en un país, inevitablemente afectará a los demás y pondrá a sus industrias en riesgo de competencia desleal, según Carvalho.

El deber de la Comisión es garantizar el mercado único según normas comunes, afirmó. Carvalho añadió que el apoyo gubernamental a las empresas energéticas en los países de la UE requiere «normas claras y transparentes para evitar distorsiones en la legislación sobre competencia» y que la Comisión debe supervisar dicha tarea.

«Esto nos preocupa, ya que los países que pueden invertir mucho más ─una forma de reducir la competencia inyectando financiación pública en el sistema eléctrico─ reducen artificialmente el precio de la electricidad y, por lo tanto, benefician a sus industrias más que otros», declaró Carvalho a Euronews.

Portugal figuraba en tres de los ocho proyectos clave destacados en el reciente plan de la Comisión para aumentar la resiliencia de la infraestructura eléctrica del bloque para 2040 y reducir los precios de la energía: dos interconexiones eléctricas a través de los Pirineos y un proyecto de hidrógeno que conecta Portugal y Alemania.

El plan pretende garantizar un flujo eléctrico más robusto entre los países de la UE y aumentar la adopción de energías renovables para alimentar la red eléctrica. Los países de la UE necesitarán invertir sustancialmente en este proyecto, pero algunos podrían estar mejor posicionados debido a su mayor capacidad para obtener fondos públicos.

Aprovechando el impulso político, Portugal y España están uniendo fuerzas con otros países para promover la competencia leal y evitar distorsiones del mercado en el sector energético.

La modernización de la red eléctrica requerirá una inversión significativa de la UE

La Comisión prevé que se necesitarán la enorme cantidad de 1,2 billones de euros para modernizar la infraestructura de la red eléctrica del bloque para 2040. La estructura de financiación sigue sin estar clara.

En teoría, la UE podría recurrir a diversas opciones, como fondos europeos, presupuestos nacionales, inversión privada y reparto de costes, especialmente dada la magnitud de la inversión necesaria. Sin embargo, esto requerirá consenso político, y el mercado energético europeo, así como sus componentes, sigue estando muy fragmentado.

«Una pequeña parte proviene de la financiación de la UE, y eso es lo que me preocupa», declaró Carvalho.

En Portugal, parte de la inversión en infraestructura proviene de la tarifa establecida por el Gobierno.

El acceso a las redes y las inversiones en ellas están incluidas en la tarifa, explicó la ministra portugués. Cuando la factura eléctrica incluye un componente de producción y otro de acceso a la red, cubre la inversión en la red a lo largo de los años.

«Por eso, cuando autorizamos una inversión en las redes, siempre debemos preocuparnos por su impacto en la tarifa, ya que no sale del presupuesto estatal, sino del bolsillo de todos los que pagan las facturas de electricidad», declaró Carvalho. «Cuanto más buscamos financiación europea, menos recibimos de la tarifa».

El Mecanismo Europeo de Conexión, que financiará parcialmente el plan de red de la Comisión, cubrirá una parte de los tres proyectos, mientras que el resto podría financiarse con cargo al presupuesto anual europeo. Para reforzar la financiación, el gobierno portugués también está considerando conceder un préstamo al banco para invertir en redes.

El exdiputado europeo, perteneciente al Partido Popular Europeo (PPE), afirmó que herramientas financieras como los Acuerdos de Compra de Energía (PPA) y los Contratos por Diferencia (CfD) son buenos ejemplos de mecanismos para impulsar la competitividad entre los países de la UE que necesitan modernizar su infraestructura de red.

Los PPA y los CfD suelen celebrarse entre una entidad pública y una privada. Los CfD son contratos con un límite máximo y un límite mínimo que pueden no estar relacionados con el apoyo gubernamental, pero pueden estar respaldados por una garantía estatal.

«Algunos países quieren promover la inversión en electricidad mediante contratos por diferencia (CfD) con garantía estatal para proteger las inversiones», afirmó Carvalho.

«Pero, una vez más, y como se indica en el informe sobre el mercado eléctrico, la competencia debe supervisar la cantidad de CfD que cuentan con protección o garantías estatales, para evitar disrupciones importantes en la competencia», advirtió.

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