España contra redes sociales en menores

ESPAÑA

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Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez / Foto: La Moncloa – Gobierno de España

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España planea prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, anunció el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una medida diseñada para proteger a los jóvenes de los daños del contenido en línea.

Sánchez reprendió a las mayores empresas tecnológicas del mundo en un discurso en una cumbre de Dubái, afirmando que permiten la proliferación de contenido ilegal como abuso sexual infantil e imágenes deepfake sexualizadas no consentidas en sus plataformas. Añadió que los gobiernos también deben «dejar de hacer la vista gorda».

«Hoy, nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca debieron navegar solos», declaró Sánchez. «Ya no lo aceptaremos».

España se suma a un número creciente de países, como Australia y Francia, que han tomado o están considerando medidas para restringir el acceso de los menores a las redes sociales.

En enero, Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años, lo que allana el camino para que la medida entre en vigor a principios del próximo curso escolar en septiembre. El proyecto de ley también prohibiría el uso de teléfonos móviles en los institutos.

Australia ha comenzado a implementar la primera prohibición de redes sociales del mundo para menores de 16 años, después de que su gobierno aprobara una medida que responsabiliza a plataformas como TikTok, Twitch, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram por no impedir que los menores tengan cuentas.

Dinamarca ha introducido una legislación similar para prohibir el acceso a las redes sociales a los usuarios menores de 15 años, mientras que el Reino Unido anunció el mes pasado que consideraría prohibir el acceso a las redes sociales a los adolescentes, a medida que endurece las leyes diseñadas para proteger a los menores del contenido dañino y el tiempo excesivo frente a la pantalla.

Sánchez afirmó que España exigirá a las empresas de redes sociales que apliquen la prohibición con sistemas de verificación de edad, «no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen».

Muchas aplicaciones de redes sociales requieren que los usuarios tengan al menos 13 años, aunque la aplicación varía. A menudo se les pide a los usuarios que declaren su edad.

La prohibición española se sumará a una medida ya existente centrada en la protección digital de los menores que se está debatiendo en el parlamento, según declaró un portavoz del gobierno. Sánchez indicó que esto podría ocurrir la próxima semana.

No está claro si la coalición de izquierdas de Sánchez obtendrá la aprobación necesaria en el Parlamento, donde su gobierno carece de mayoría. Un portavoz del partido ultraderechista Vox afirmó que la medida del gobierno de Sánchez buscaba «garantizar que nadie los criticara», mientras que el principal partido de la oposición, el Partido Popular de centroderecha, afirmó haber propuesto restricciones similares el año pasado, aparentemente ofreciendo su apoyo.

Las empresas de redes sociales Meta (propietaria de Facebook e Instagram) y X no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sin embargo, Elon Musk, el multimillonario propietario de X y el hombre más rico del mundo, escribió que «Sánchez es el verdadero fascista totalitario» en una publicación que hacía referencia al discurso del líder español en la Cumbre Mundial de Gobiernos en los Emiratos Árabes Unidos.

En su discurso, Sánchez también afirmó que España se había unido a otros cinco países europeos en lo que el líder español denominó una «coalición de los dispuestos digitalmente» para coordinar la regulación de las plataformas de redes sociales a nivel multinacional.

Además, España tipificaría como delito la manipulación de algoritmos para amplificar contenido ilegal y responsabilizaría a los ejecutivos tecnológicos por no retirar contenido delictivo de sus plataformas, afirmó.

«Se acabó fingir que la tecnología es neutral», declaró Sánchez.

Ambas medidas requerirían la aprobación parlamentaria para modificar la legislación española, según un portavoz del gobierno.

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