ARGENTINA

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El gobierno del presidente Javier Milei avanza con su plan para una nueva agencia nacional de inmigración con poderes ampliados. En un claro cambio de tendencia.

Argentina avanza con sus propios planes para una nueva agencia nacional de seguridad migratoria cuyos detractores la acusan de la agencia ICE norteamericana.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó esta semana que Diego Valenzuela, exalcalde de Tres de Febrero, dirigirá la nueva Agencia Nacional de Migraciones. El organismo se centrará en el control fronterizo, tendrá capacidad para participar en operaciones de seguridad y se especializará en inmigración.

Dentro del partido gobernante, los funcionarios rechazan cualquier comparación entre la nueva agencia y el ICE. Sin embargo, hay figuras que reconocen que la asociación es automática. La retórica antiinmigratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, ha resonado desde hace tiempo en La Libertad Avanza, que en 2025 impulsó una reforma a la Ley Nacional de Migración mediante el Decreto 366.

En noviembre, el Ejecutivo decidió transferir el control de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad. Se anunció la creación de la agencia, que apenas comienza a tomar forma.

Tensiones entre protegidos

Según fuentes gubernamentales, la nueva agencia fue idea de la exministra de seguridad Patricia Bullrich, quien la presentó al presidente el año pasado. Desde entonces, se han celebrado reuniones para definir su estructura y alcance. Funcionarios de la Secretaría Jurídica y Técnica, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado han participado en las conversaciones.

El proceso ha tardado más de lo previsto. El sitio web LetraP ha informado que el retraso se debe a tensiones internas entre Monteoliva y Valenzuela, ambos protegidos de Bullrich. La ministra quería una agencia de perfil bajo con responsabilidades limitadas en seguridad nacional; es decir, un área que no eclipsara su propia gestión. La exalcaldesa desea lo contrario.

Estas diferencias han generado disputas, según fuentes familiarizadas con las reuniones. Intentaron restarle importancia al enfrentamiento: «Son problemas naturales que surgen al definir las funciones y misiones de un nuevo organismo».

Monteoliva confirmó la creación de la agencia esta semana durante una entrevista en Radio Mitre. «Aún no ha sido designado», dijo sobre Valenzuela, y agregó: «La idea es que se incorpore al equipo una vez emitido el decreto».

Objetivos

Una vez que se publique la creación de la Agencia Nacional de Migraciones en el Boletín Oficial, se aclarará su alcance, al igual que el debate sobre quién resultará vencedor.

Lo que sí se sabe es que existe una clara intención de cambiar el enfoque tradicional sobre el tema. «La inmigración se ha convertido en un tema estratégico y geopolítico. A lo largo de la historia, [la Dirección Nacional de Migraciones] se ocupó de administrar trámites como la residencia y la ciudadanía. En Ezeiza [aeropuerto internacional], por ejemplo, en los puestos de control había un civil que dependía del Ministerio del Interior y un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que reportaba a Seguridad. El objetivo es lograr la integración», dijeron funcionarios del partido gobernante.

Se espera que la nueva agencia se convierta en la autoridad responsable de hacer cumplir la ley. Se le otorgarán nuevas y ampliadas facultades. Se espera que el nuevo cuerpo no solo tenga presencia en todos los puestos fronterizos de Argentina, sino que también pueda participar en operativos.

Valenzuela sueña con crear eventualmente una policía de inmigración, un cuerpo especializado que trabaje junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina.

«Todas las fuerzas son altamente profesionales y ya trabajan en temas fronterizos. La PSA, con su experiencia, podría ser la semilla de una nueva fuerza para que todas las personas destinadas en un puesto de inmigración tengan estatus policial», dijeron personas cercanas al exalcalde.

Preparando el terreno

El mes pasado, el 25 de enero, el Ministerio de Seguridad realizó un operativo en Villa Celina, La Matanza, provincia de Buenos Aires, junto con la Policía Federal Argentina. Las autoridades difundieron un video del operativo con una puesta en escena exagerada. Se revisaron 385 extranjeros, 16 de los cuales se encontraban en situación irregular.

Por esa época, circularon rumores de que Monteoliva había adelantado el operativo para eclipsar la inminente llegada de Valenzuela. Sea cierto o no, la ministra ha convertido la inmigración en uno de sus temas más recurrentes en redes sociales. El 26 de enero, por ejemplo, celebró que Argentina alcanzara un récord histórico de migrantes expulsados. «Es simple: si sos extranjero, tenés antecedentes penales, cometés delitos, querés entrar o estás acá ilegalmente, te vas», dijo.

Sin embargo, la campaña antiinmigratoria trasciende las competencias de la cartera; ya se ha convertido en parte del marco ideológico de Milei. El influencer y portavoz presidencial informal Iñaki Gutiérrez, por ejemplo, se viralizó recientemente con un video en el que afirmaba que «el 70% de los habitantes de las villas o asentamientos informales de Argentina son extranjeros que ingresaron al país de forma irregular».

La información era falsa. El sitio web de verificación de datos Chequeado, utilizando datos del Observatorio de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, descubrió que, del total de la población de asentamientos informales en 2024, solo el 34,4% nació en países vecinos.

Cambio de política

Extraoficialmente, una figura política que apoya la creación de la nueva agencia afirmó sin titubeos que, en 2024, el 60% de los detenidos en la capital eran extranjeros. Es probable que esa cifra sea repetida por los libertarios en los próximos debates.

Sin embargo, esa cifra también es falsa. Según el último informe mensual sobre detenidos en comisarías y celdas de la Policía de la Ciudad, publicado por la Fiscalía Penitenciaria de la Nación, solo el 16,5% del total de detenidos no tenía nacionalidad argentina.

En La Libertad Avanza, el cambio en la política migratoria no es solo una cuestión retórica. Un decreto emitido el año pasado restringió el acceso de los extranjeros no residentes al sistema público de salud, permitió a las universidades cobrar matrícula a los estudiantes internacionales y endureció los protocolos de control y expulsión.

Con la creación de una nueva agencia, el gobierno busca consolidar un cambio de paradigma que combine control, seguridad y discurso político. El alcance real del nuevo organismo dependerá del decreto que le dé su forma definitiva, pero la dirección ya está clara: la inmigración ha pasado de ser una política administrativa a convertirse en un estandarte central del proyecto libertario, como era de esperar, a imagen y semejanza de la Casa Blanca.

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