ARGENTINA

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El presidente argentino Javier Milei, durante su campaña electoral, prometió realizar la mayor reforma estructural que tanto necesita el país para reconstruir una nueva Argentina. Una de estas reformas, resistida por el arco Estado-dependiente, es la legislación laboral, cuyos cimientos se remontan a 1974. Esta semana, el Senado se dispone a aprobar una reforma laboral que modifica 200 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. A diferencia de los intentos de los expresidentes Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, Milei se enfrenta a sindicatos debilitados y desacreditados. También juega a su favor un mercado laboral ya fragmentado y transformado debido al cambio tecnológico y a más de una década de estancamiento económico.

La reforma incorpora demandas históricas del sector empresarial argentino. Abarata los despidos, reduce las contribuciones patronales, limita el poder de negociación de los sindicatos y el derecho a huelga, flexibiliza las normas sobre la jornada laboral y elimina la obligación de pagar horas extras, pero por sobre todas las cosas: ataca la industria del juicio.

Sindicatos y partidos de oposición critican la ley, argumentando que no se negoció con todas las partes involucradas y que no contiene ningún artículo que beneficie a los trabajadores. En su opinión, la Ley de Modernización Laboral no se adapta a los nuevos tiempos, sino que retrocede 100 años.

En contraposición a los debates internacionales sobre la reducción de la jornada laboral ─como el que se está desarrollando en el vecino Brasil─, la nueva legislación argentina amplía la posibilidad de una jornada laboral máxima de ocho a doce horas, a compensar en otros días (conocido como el banco de horas), siempre que el total semanal no supere las 48 horas. El pago de horas extras, del que dependen muchos trabajadores, ya no será obligatorio y podrá ser sustituido por un día libre compensatorio.

Los sindicatos, ya sin fuerza, han intentado frenar la reforma con protestas callejeras y una huelga general. «Los dirigentes políticos nos dicen cómo tenemos que trabajar y cuánto tenemos que ganar, pero ninguno se levanta a las 3 o 4 de la mañana, deja a sus familias y viaja 3.000 kilómetros», declaró el jueves pasado el líder sindical Pablo Osuna a los camioneros. Osuna advierte que el gobierno quiere despojar a los trabajadores de su derecho a huelga al imponer un nivel mínimo de servicio del 75% en transporte, salud, educación, energía y agua, sectores que considera esenciales, como sí sucede en países desarrollados.

Escándalos y protestas masivas

Milei está a un paso de lograr la aprobación de su ley y ya lo celebra. «El pasado ya pasó», escribió su ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales tras la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados el viernes pasado. «Hay momentos en la historia en que la historia cambia. Por fin estamos viviendo uno de ellos», añadió Caputo. El gobierno cuenta con los votos necesarios para su aprobación final en el Senado el 27 de febrero.

El impulso político es más fácil debido al clima económico y social. La economía no ha crecido desde 2012, y ese estancamiento ha sido devastador para el mercado laboral. Durante ese período, el empleo formal en el sector privado creció poco más del 2%, mientras que el trabajo informal se disparó un 22%, y el número de monotributistas (pequeños autónomos que contribuyen bajo un régimen tributario simplificado) se expandió más del 50%. «Esto demuestra que la economía ya ha creado mecanismos alternativos, a menudo para evitar los costos y riesgos de la legislación vigente», afirma el consultor económico Iván Carrino.

Según datos oficiales, de los aproximadamente 21 millones de trabajadores en Argentina, los asalariados registrados son una minoría: el sector privado emplea a 6,2 millones y el sector público, a 3,4 millones. En cambio, casi 10,5 millones de personas trabajan bajo otros tipos de modalidades: 5,7 millones trabajan por cuenta ajena sin contrato, y 4,7 millones son monotributistas. Otro 6,3% de la fuerza laboral total (alrededor de 1,3 millones de personas) está desempleada.

El salario bruto promedio de los trabajadores asalariados en Argentina ─1,6 millones de pesos, o unos 1.150 dólares al mes─ es tres veces mayor que el de los trabajadores informales. Como resultado, tener un trabajo a menudo no es suficiente, y muchas personas hacen malabarismos con tres o incluso cuatro trabajos para llegar a fin de mes.

El panorama laboral ha empeorado con la llegada de Milei. Desde finales de 2023, se han perdido casi 300.000 empleos, dos de cada tres de ellos puestos asalariados formales en sectores como la industria, la construcción y el comercio. A diferencia de la década de 1990, cuando el cierre de fábricas y empresas triplicó la tasa de desempleo, hoy en día muchas de las personas expulsadas del mercado laboral formal están siendo reabsorbidas en trabajos precarios.

Frenar las demandas laborales

El gobierno critica el modelo laboral actual, calificándolo de obsoleto, ya que fue diseñado para una sociedad con empleo asalariado generalizado, que ya no existe. Promete que las nuevas regulaciones crearán empleos formales y reducirán el trabajo informal. Según el gobierno, esto ocurrirá porque los empresarios ya no van a estar aterrorizados por una inminente quiebra si enfrentan una demanda laboral.

Este temor es compartido por todos, desde los dueños de modestos cafés hasta los dueños de pequeñas y medianas empresas, y está respaldado por las estadísticas. En 2025, se presentaron 350 nuevas demandas por accidentes laborales cada día, y la mayoría se resolvieron a favor de los empleados, quienes recibieron una compensación sustancial. La reforma de Milei pone fin a esa situación: la indemnización por despido se calculará utilizando un solo salario base mensual por año trabajado ─excluyendo bonos, vacaciones y otros extras─, es decir, define claramente el concepto «salario», y los pagos podrán fraccionarse en hasta 12 cuotas (lo cual le permitirá a una PYME enfrentar los pagos). Economistas alineados con las ideas de Milei, como Carrino, reconocen que, a pesar de los cambios introducidos por la ley, «la condición necesaria para la creación de empleo es que la economía comience a crecer». Carrino compara la reforma actual con la desregulación del mercado laboral implementada por Menem en la década de 1990, que, lejos de crear empleos, aceleró la destrucción de empleos, especialmente cuando la crisis de 2001-2002 golpeó y el desempleo superó el 20%.

«Si la macroeconomía funciona desastrosamente, nada puede generar empleo, como ocurrió a finales de la década de 1990. La diferencia ahora es que la economía se está recuperando, y debemos abordar cuellos de botella específicos, como la legislación laboral, que dificulta mucho la situación de las empresas», afirma Carrino, investigadora asociada de Faro, en la Universidad del Desarrollo de Chile.

Para la economista Marina Dal Poggetto, los cambios son urgentes porque «a medida que más personas quedan fuera del sistema de empleo formal, el sistema actual se vuelve fiscalmente insostenible». Los trabajadores informales no cotizan a la seguridad social, y quienes están registrados bajo el régimen tributario simplificado (monotributistas) solo contribuyen mínimamente. «Se necesitan aproximadamente 25 trabajadores autónomos para financiar una pensión mínima», advierte Dal Poggetto, quien describe este tipo de empleo como una «fuga fiscal a mediano plazo».

La necesidad de un cambio también es reconocida por críticos de la ley, como el especialista en derecho laboral Mario Ackerman. Ackerman cree que la reforma de Milei no resuelve los problemas actuales, sino que los agrava porque «excluye a amplios sectores de la legislación laboral, especialmente a las nuevas formas de trabajo, en lugar de regularlos y reconocer sus derechos mínimos». Este es el caso de los trabajadores de reparto de comida o aplicaciones de transporte. Al mismo tiempo, añade Ackerman, »quienes permanecen formales ven reducidos sus derechos históricos».

Entre los cambios más controvertidos están la drástica reducción del derecho de huelga y la creación de un fondo de indemnizaciones que deducirá aproximadamente 2.500 millones de dólares anuales del sistema previsional y facilitará los despidos.

Las reformas laborales anteriores se enfrentaron a sindicatos fuertes, mayorías legislativas frágiles o crisis económicas que socavaron su legitimidad. Hoy en día, el peso relativo de los trabajadores formales ─la base histórica del poder sindical─ es menor. Los sindicatos perderán aún más fuerza cuando los convenios colectivos expiren por falta de consenso y los acuerdos a nivel de empresa comiencen a extenderse, como promueve la nueva ley, reemplazando los convenios sectoriales existentes.

La oposición ya ha anunciado que impugnará la reforma laboral en los tribunales, y se espera que el caso llegue a la Corte Suprema.

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